De todos los pedidos de informes aprobados por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires durante 2016, el Ejecutivo porteño contestó algo más de la mitad. 

En rigor, los legisladores emitieron 629 requerimientos de datos al gabinete de la Capital Federal, cuyos miembros respondieron unos 325 trámites, es decir, casi el 52%. 

El pedido de informes es una herramienta mediante la cual los legisladores indagan sobre cuestiones de interés público, estableciendo un plazo para que el Ejecutivo se pronuncie al respecto. 

Puntualmente, la performance del período analizado es la más alta desde 2010, cuando el nivel de respuesta llegó al 58%. 

Desde entonces se aprecia una tendencia decreciente en el cumplimiento del Ejecutivo, que tocó su punto más bajo en 2014, año en el que se contestó el 41,7% de los pedidos de informe.

Para encontrar una performance por encima del 60%, hay que remontarse hasta 2009 cuando, del total de requerimientos aprobados, el gobierno respondió un 62%.

Vetos

El período legislativo 2016 tiene otra particularidad: es el único, en casi dos décadas, que no presenta vetos por parte del Poder Ejecutivo.

Es que, de las 286 leyes aprobadas por la Legislatura durante el ejercicio analizado, el gobierno porteño no anuló ninguna, cortando así una racha de 19 años en los que hubo vetos de normas. 

La máxima expresión de esa potestad del Ejecutivo se dio en 2004, cuando se vetaron 32 leyes; seguido por 2009, con 30 anulaciones. 

Por el otro lado, los años con menor proporción de vetos fueron 2002 y 2014, con dos normas cada uno. 

En total, entre 1998 y 2015, el Poder Ejecutivo de la Ciudad vetó 263 leyes aprobadas por la Legislatura.