Corrientes.- En una cuenta confeccionada entre noviembre de 2008 y marzo de 2009 en la cartera educativa, el Tribunal de Cuentas descubrió un exceso de uso de un crédito presupuestario. Radicó una denuncia en una Fiscalía de Instrucción. Se trata de 23 mil pesos que debieron ser destinados a gastos generales del Ministerio. 

Las sospechas sobre los balances de Educación se tradujeron en una denuncia en la fiscalía de Graciela Fernández Contarde.

El Tribunal de Cuentas de la Provincia llevó a la Justicia un balance de la anterior gestión de Gobierno, debido a firmes sospechas de sobregastos. Se trata de un monto de 23 mil pesos inscriptos en un fondo permanente del Ministerio de Educación por el cual el órgano de control entiende que hubo irregularidades, a raíz de lo cual la semana pasada se radicó una denuncia penal en una Fiscalía de Instrucción.

“Entendemos que hubo un exceso de uso de un crédito presupuestario”, confió a El Litoral el vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia Carlos Vallejos, quien confirmó que se elevó a los tribunales el caso que implica a la anterior gestión de Gobierno.

En rigor, la denuncia se presentó la semana pasada ante la Fiscalía de Instrucción 5, a cargo de María Graciela Fernández Contarde, quien abrió la investigación en torno a los 23 mil pesos que a juicio del Tribunal de Cuentas fueron imputados en forma incorrecta por lo que pretenden dilucidar si hubo sobregiros.

Más allá de los detalles técnicos, el caso adquiere una complejidad aun mayor, debido a que tiene hilvanada otra denuncia penal por el robo de una cifra idéntica de dinero en una oficina del Ministerio de Educación, ocurrido meses antes de que se cierren los balances que luego fueron observados en el órgano de control externo de la hacienda pública.

Al parecer, como consecuencia de ese robo, las cuentas del fondo permanente que es investigado se abrieron en forma equivocada, por lo que se realizó un asiento contable erróneo. “Lo que fue robado lo devolvieron, pero sin comprobantes”, explicó Vallejos en su contacto con El Litoral.

“No es mucho dinero, pero así sea un solo peso, la obligación del Tribunal es concretar un trabajo técnico que respete todos los plazos, cruzamientos de datos e incluso las consultas pertinentes, para que no haya fallas en el procedimiento. En este caso se llegó a la denuncia penal”, sostuvo el funcionario.

De acuerdo con la explicación brindada, las cuentas sobre las que pesan dudas fueron confeccionadas en el lapso que fue de noviembre de 2008 a marzo de 2009.

Aunque es inminente la feria judicial y la investigación podría tener demoras en los tribunales, la denuncia del caso tendrá además otro capítulo que se abrirá en febrero en el Tribunal de Cuentas, cuando el cuerpo releve informes para determinar si además caben más responsabilidades administrativas y civiles.

El caso, vale señalar, se originó sobre las rendiciones de un fondo permanente utilizado en la cartera educativa para gastos generales. Por eso es que continuamente había financiamiento disponible y no se produjo un rebote de cheques a pesar del bache financiero originado en el desfasaje de los balances.

El Ministerio de Educación de la Provincia anteriormente había sido objeto de investigaciones judiciales, debido a una serie de irregularidades en las rendiciones de fondos de la Subsecretaría de Cultura, balances analizados por el Tribunal de Cuentas. El órgano de control, que obtuvo rango constitucional en la reforma de 2007, denunció incluso otros presuntos casos de corrupción, como los de la Secretaría de Desarrollo Humano cuando era conducida por Salvador González Nadal.