Publicado: 19-12-2010

En el último destino del actual reemplazante de Nilda Garré existieron, según informes de la Auditoría General de la Nación, "inconsistencias y falencias" en los estados contables.

Miércoles 15. El nuevo ministro de Defensa jura en el Salón Blanco ante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Su antecesora en el área, Nilda Garré, observa.La Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) es una caja de Pandora que gira sobre la órbita del Ministerio de Planificación. Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) indica que hay "inconsistencias y falencias" en los estados contables del organismo que hasta hace cuatro días era conducido por el actual ministro de Defensa, Arturo Puricelli.

El último informe es de diciembre de 2009, y en los anteriores se observan las mismas irregularidades. El órgano de control también observó el convenio que firmó la DGFM con Invap para el diseño, desarrollo, construcción y puesta en servicio de un prototipo Radar Primario 3D de largo alcance para que la Fuerza Aérea controle la frontera.

Respecto de los bienes de uso, el informe fue contundente: "No hemos obtenido evidencias del efectivo valor de utilización económica de los bienes en base a evaluaciones sobre su estado, efectivo empleo y/o valor de realización".

Un convenio de cooperación técnica y científica entre la DGFM y el Ministerio de Defensa para la actualización de lanzadores y la fabricación de cohetes, también fue observada negativamente. "Esta registración contable no se corresponde con las normas contables profesionales ya que no reúne las condiciones para su activación, debiendo en consecuencia imputarse al resultado del ejercicio", se lee en el lapidario informe.


Peligroso polvorín

La lectura de uno de los párrafos del informe podría traer a la memoria la desastrosa y lamentable explosión que se produjo el 3 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero, hecho que tuvo como saldo siete muertes, más de 300 heridos y pérdidas millonarias.

"Se observa en la zona interdicta malezas secas y de gran tamaño, debido a la imposibilidad de acceso para su debido mantenimiento, lo que conlleva a un riesgo de incendio", se lee en uno de los puntos en los que se observa las instalaciones de la Fábrica Militar de Río Tercero.

Además "de la inspección ocular de las instalaciones, se pudo observar que si bien se han realizado reparaciones del techo y desagües del almacén central, en los depósitos de productos semielaborados y de producción química, las instalaciones se encuentran sumamente deterioradas". Esta situación, entre otros detalles, el "riesgo a la integridad física del personal y de elementos en resguardo, agravado por posibles desperfectos del sistema eléctrico".

Todo parece ser un caos en los depósitos. Se comprobó la falta de vehículos y maquinarias necesarios para la reubicación del material de gran pesaje, "a los fines de optimizar los espacios del depósito, ocasionando que algunos elementos no puedan ingresar al mismo, quedando a la intemperie y afectando su estado de conservación".

Las indicaciones hacen pensar que la Fábrica Militar de Río Tercero sigue siendo un polvorín en riesgo de explosión. La explosión de mediados de los 90 quedó vinculada con la venta de armas a Ecuador y Croacia.

"Las irregularidades en Fabricaciones Militares, en cuanto a la administración y a la disposición de los elementos de base bélica, no deben tomarse como cuestiones casuales. Hay containers, algunos en la aduana, en los que nadie sabe qué hay", explicó a PERFIL un ex oficial del Ejército de arsenales e ingeniero militar que desde hace años se dedica al comercio de material bélico. Después de insistir para que su nombre no sea publicado, acudió a la ironía: "En el desorden siempre hay oportunidad para que las cosas se pierdan".


Un área siempre polémica

En septiembre de 2006, la DGFM pasó a la órbita de Planificación y Puricelli fue nombrado como interventor a pedido del ministro Julio De Vido. Fue ex gobernador de Santa Cruz y enemigo de Néstor Kirchner.

La medida la tomó el entonces presidente Kirchner, mientras el juez Guillermo Tiscornia y la fiscal Carolina Robiglio investigaban desde el 17 de febrero de 2005 el presunto contrabando de armas que estalló cuando la Aduana frenó un embarque de 6.700 kilogramos de partes nuevas y usadas de fusiles que iban a ser exportadas por la DGFM a la empresa JLD Enterprises INC, radicada en Connecticut, a un precio sugestivo de 2.600 dólares. La causa terminó con el juez destituido y con un fallo, firmado por el entonces juez y actual camarista Jorge Balletero, en el que se da por justificada la venta de armamento y el precio que se acordó para la operación.

En su primer acto oficial al frente del Ministerio de Defensa, Puricelli se abrazó al nuevo comandante operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de brigada Gustavo Lux, en reemplazo del teniente general Daniel Camponovo.