Diferencias en el oficialismo que pasan, básicamente, por la autoridad de aplicación de la ley, demoran en la Legislatura el tratamiento del proyecto sobre Ética Pública. La oposición también marca discrepancias. Otro tema pendiente para este año.
Aunque hubo algunos impulsos y promesas, una de las metas que pasaron a 2017 es que Mendoza pueda tener su ley de Ética Pública. El martes pasado, el Senado decidió postergar para febrero la tarea de revisar el último proyecto en discusión.

La traba principal aparece en la autoridad de aplicación, punto que puso en competencia a dos proyectos: mientras la vicegobernadora Laura Montero, impulsa el último texto elaborado, el gobernador Alfredo Cornejo se inclina por otra propuesta.

Pero 2016 no fue la excepción. A lo largo de 16 años, hubo 11 proyectos de distintos colores políticos que intentaron, en distintos momentos (alguno con polémica), establecer una ley que obligara a todos aquellos que ejercen una función pública a declarar sus bienes, con la intención de seguir la evolución patrimonial de cada funcionario.

Pero cada intento se encontró con un freno político ya que, más allá de las explicaciones oficiales, siempre hubo resistencias de la dirigencia a mostrar cuánto ganan y cuánto tienen.

Cuando se pregunta por esta materia pendiente, en el Gobierno dicen y defienden que la idea de tener esta ley está presente, aunque en escena han aparecido dos proyectos en competencia.

En esta dirección, la Vicegobernadora impulsó el año pasado una nueva (y última) redacción a través de senadores que responden a ella pero el Gobernador prefiere el proyecto de quien fue diputado y luego lo sucedió en la intendencia de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar.

Así lo manifestó el primer mandatario en campaña, y lo ratificó en una entrevista concedida a Los Andes, publicada el domingo 11.

Lo curioso es que en el medio de los dos momentos, surgió la iniciativa que defiende Montero y que reclama que se apruebe de una vez por todas.

“Lamentable que luego de un año no se hayan sacado leyes de Ética y transparencia en la gestión pública. Se prorrogó el tratamiento a pesar de ser presentada en mayo y entró en movimiento en octubre”, evaluó Montero.

El texto que defiende la presidente de la Cámara de Senadores fue elaborado por Daniela García, Jorge Palero, Raúl Ferrer y Ernesto Mancinelli, senadores del oficialismo.

Con las preferencias divididas entre las cabezas del Gobierno, aparecen también las diferencias sobre cómo conciben Cornejo y Montero al órgano encargado de controlar que la evolución patrimonial de los funcionarios sea acorde a los ingresos que percibieron. Esto permitiría detectar si alguno se enriqueció ilícitamente a partir de la actividad pública.

Las ideas del gobernador y de la vice

Las diferencias entre los proyectos no son sustanciales. Ambos coinciden, con mayor o menor amplitud, en quiénes deben presentar sus declaraciones y qué es lo que se debe mostrar públicamente. A su vez, prevén sanciones para quienes no lo hagan y establecen un régimen de incompatibilidades para ejercer la función pública.

Por su parte, el proyecto impulsado por la Vicegobernadora agrega un régimen de obsequios (los regalos que pueden recibir los funcionarios) y apunta contra el nepotismo, al limitar el ingreso de familiares al Estado.

Hasta allí las coincidencias. En cambio, la principal diferencia (y traba en la discusión) se plantea en quién debe ser el encargado de controlar el patrimonio de los funcionarios de los tres poderes del Estado.

En este punto, se trabó el proyecto que impulsó Montero y que casi se trata el martes pasado. En la oposición reclamaron que el proyecto no asegura que el organismo tenga independencia. “Es el oficialismo controlándose a sí mismo”, reclamó el senador Gustavo Arenas (FpV).

En este sentido, el texto del cornejista García Zalazar, plantea la creación de un “Departamento de Transparencia de la Función Pública” que tendrá a su cargo el “Registro de Declaraciones de Funcionarios Públicos”, y asegura la participación de la oposición.

“Este organismo estará a cargo de un directorio conformado por un director presidente designado por el Poder Ejecutivo provincial y un mínimo de dos directores vocales, que deberán ser propuestos por la primera y segunda minoría de la oposición. El director presidente y los directores vocales durarán 5 años en sus funciones y no podrán ser reelectos”, establece el proyecto que defiende Cornejo.

En cambio, el texto de Montero estableció, en un principio, que sea el fiscal de Investigaciones Administrativas (lugar ocupado ahora por Javier Fernández) la autoridad encargada del control patrimonial.

La idea no cayó nada bien en Fiscalía de Estado, ya que esta tarea la realiza por ahora el justicialista Fernando Simón.

Luego, el proyecto propuso que se cree una especie de Oficina Anticorrupción y que pase a la órbita del Senado, cambio que tampoco produjo muchos adeptos ya que plantea transferir parte de la competencia de la Fiscalía de Estado a la Casa de las Leyes.

“Debería tener autonomía funcional y financiera, ser una institución con independencia, como por ejemplo el ministerio Público Fiscal”, reclamó la senadora María José Ubaldini (FpV).

Este punto, junto con la decisión de qué bienes deben publicarse, serán evaluados a partir de febrero, cuando los legisladores retomen sus tareas.

Una práctica llena de dudas y serios vacíos normativos

Si bien a nivel nacional existe una ley de Ética Pública, que establece a su vez la obligación de publicitar las declaraciones juradas, en Mendoza no hay un correlato a esta legislación. Lo único que hay por ahora es un decreto.

Sin embargo, a la precariedad normativa se contraponen muchas propuestas. El primer antecedente en esta materia se remonta a fines de los ‘80, cuando el demócrata Carlos Balter realizó su declaración jurada.

Luego de 1994, cuando la reforma de la Constitución Nacional consagró el acceso a la información como un derecho, hubo 11 proyectos que intentaron establecer una reglamentación clara (el primero fue en 2000).

Sin éxito, lo único vigente es el decreto 1.789/15 que elaboró el entonces gobernador Francisco Pérez antes de irse. Esta norma obliga a los funcionarios del Ejecutivo a dar cuenta de sus bienes, aunque quedan algunos baches en torno a cómo deben valuarse los capitales.

De allí surgió la polémica que hubo en mayo de 2016, cuando se declararon bienes con precios irrisorios, como la casa de Laura Montero de $ 0,70 y el auto de colección del ministro de Seguridad, Gianni Venier, de 1 peso. 

Al precario decreto se suma una resolución que Fiscalía de Estado publicó la semana pasada, en la que establece que aquellos que no hayan variado sus  bienes declarados ante la AFIP, no tienen que volver a presentar sus declaraciones al año siguiente. 

Por su parte, luego de la polémica, algunos municipios adhirieron este año a la publicación de las declaraciones juradas, como el caso de Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Capital.

De la misma manera, también lo hizo el Poder Judicial, aunque con sus limitaciones: los magistrados y miembros de la Suprema Corte publican cuántas casas tienen y si cambiaron el auto, pero no cuánto ganan o si tienen otro tipo de inversiones. La acordada que dispuso esto fue definida, curiosamente, días después de conocerse el proyecto de Montero.