El 11 de julio la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falló a favor del cuidado de los humedales por primera vez en la historia argentina. Este hecho marcará un antes y un después en su conservación. “Resulta evidente la necesidad de protección”, expresó el máximo tribunal de justicia. Sin una ley efectiva a nivel nacional que los ampare: ¿En qué estado está el inventario y qué dice el control sobre estos ecosistemas?

La noticia se conoció el jueves 12, luego de que varios medios y organizaciones ambientales hicieran eco de este fallo. La CSJ se posicionó favor de los humedales y dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de Entre Ríos, que había rechazado una acción de amparo contra “El Barrio Náutico Amarras” en el río Gualeguaychu. La sentencia lleva la firma de los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

“El fallo es histórico porque establece dos principios novedosos. In dubio pro natura e in dubio pro aqua, ambos dirigidos a resolver a favor del medio ambiente”, expresó Victoria Richter de la Asociación por la Justicia Ambiental, en comunicación con este medio. “Ante la duda se debe utilizar el principio precautorio y actuar previamente a que se produzca el daño, que en estos casos es irreparable. Eso en derecho cuesta mucho porque la justicia se basa en pruebas de algo que ya sucedió”, sumó.

El fallo es histórico porque actúa antes que se produzca el daño.

En 2015, vecinos de la localidad presentaron una acción de amparo que fue rechaza por el STJ.  Desde entonces, la empresa trabajó en el lugar “destruyendo montes nativos y causando daños a la flora y al ambiente, con levantamiento de enormes diques generando evidentes perjuicios futuros a la población de Gualeguaychú y amenazando seriamente a los habitantes de las zonas que se verán inundados en cuanto repunte la altura del río, en razón de los terraplenes erigidos”, afirma el fallo.

Además, alegaron que la firma no presentó un proyecto sanitario, ni un plan de manejo de residuos, ni de tratamiento de desechos cloacales propios, lo cual tendría también un impacto negativo sobre un área natural protegida. “El daño no tiene reparación, ya está hecho”, afirmó Richter. Ahora se solicitó la demolición de Amarras y aunque la zona ya está afectada, se espera que logren recomponer los humedales.

El proyecto inmobiliario de la empresa Altos de Unzué se desarrollaba en el Municipio de Puerto General Belgrano. Con unos 335 lotes residenciales, complejos multifamiliares de aproximadamente 200 unidades y un hotel de 150 habitaciones, se emplazaba al margen del río sobre una zona declarada área natural protegida por la Ordenanza Yaguarí Guazú y por la Ordenanza Florística del Parque Unzué.

La importancia de los humedales

Esta sentencia no solo sirve para acelerar otros casos, ya que sienta precedente, si no que “habla también de un cambio de paradigma. Hasta el momento era bastante difícil que se comprendiera el derecho ambiental”, celebró la referente de la Asociación.  

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En nuestro país, los humedales representan el 21,5% del territorio, cumpliendo el fundamental rol de filtrar las aguas y mitigar el calentamiento global. Argentina forma parte del acuerdo RAMSAR desde 1992, donde se comprometió a protegerlos y conservarlos. Desde 2012 organizaciones de la sociedad civil piden que se sancione una ley nacional que garantice la protección de estos ecosistemas.

"Se olvidan que si destruís el suelo después no tenés ni producción ni biodiversidad" afirmó Victoria Richter de la Asociación por la Justicia Ambiental

En la actualidad, estos terrenos entran en puja constante con los intereses inmobiliarios o agropecuarios. “Hay sobre ellos una presión productiva, tanto con las arroceras como con las fumigaciones o las construcciones de barrios privados. En esto, muchas veces se olvida que si destruís el suelo después no vas a tener ni producción ni biodiversidad. Es necesario dirigir toda esta presión productiva hacia otras formas que no sean incompatibles con el humedal”, aseveró Richter.

Control

Un mes antes, el 11 de junio, la Auditoria General de la Nación (AGN), publicó un informe en el que expusieron las irregularidades y preocupaciones sobre el desempeño de la  Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Hídricos y Acuáticos, perteneciente a la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que tiene a su cargo la tarea de identificar, conservar y dar un uso sustentable de los humedales.

El organismo de control no logró localizar “los expedientes durante todo el período de trabajo (2015-2017), por lo que no se pudo realizar un análisis de las acciones realizadas”, incumpliendo con la ley de información ambiental 25.831. El organismo de control, solo logró acceso a 3 expedientes de los 23 Sitios RAMSAR del país. Asimismo “la información provista presentó inconsistencias e insuficiencias, falta de información que dificulta el monitoreo e impide realizar un seguimiento”

El Director nacional de Gestión de Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, dialogó con ElAuditor.info sobre el informe de la AGN y realizó algunas aclaraciones al respecto. “Es cierto que hay expedientes que no se pudieron hallar, pero son expedientes de los años 90 en los cuales se tramito la designación de estos sitios RAMSAR. Esto no quiere decir que no haya legajos de seguimiento del estado actual los sitios. De hecho, el seguimiento es permanente. Existen distintas instancias de monitoreo y evaluación, como las Fichas Informativas RAMSAR (FIR)”.

Sobre la observación de la AGN, Espil afirmó que "es cierto que hay expedientes que no se pudieron hallar, pero son de los años 90. Esto no quiere decir que no haya seguimiento".

En 2018, desde la Dirección notificaron a las administraciones que no habían actualizado las fichas para que lo realicen. Además, “hay otra herramienta de evaluación de efectividad para ver si el sitio está cumpliendo sus objetivos o no. Existen metodologías estandarizadas a nivel nacional y aprobadas por la convención. Este peritaje se realizó en todo el país. Es decir que el seguimiento a estos sitios es permanente, está registrado y documentado”, agregó Garcia Espil.

Según el director del área encargada de la protección de los humedales “Ahora con la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica, todos los expedientes tienen un registro que garantiza su trazabilidad, no alteración y su acceso”. La AGN solo pudo ver los expedientes de los humedales de la Península Valdés, Delta del Paraná y Reserva Natural Villa Vicencio.

Inventario

El inventario está en su primera fase desde hace unos años. El mismo “lleva más de 15 años de desarrollo y aun no se han concluido. Este instrumento es esencial para la elaboración y la aplicación de políticas de conservación, por lo que su finalización debe ser prioritaria para la Secretaria”, se posicionó la AGN en su informe. En el momento de la auditoria, la Secretaria informó que para 2021 finalizaría el inventario.  Ahora, desde la Dirección informaron que su objetivo es terminarlo, pero al ser un trabajo “largo” esperan finalizarlo para 2023.

Asimismo, el organismo de control expresó preocupación por falta de acciones coordinadas para impulsar actividades de conservación y el uso sustentable de los humedales. También, por la carencia de un sistema de evaluación y monitoreo. Por su parte, García Espil confirmó que trabajan de manera coordinada con las provincias y los países vecinos en el desarrollo de metodologías, guías y en el inventario. Pero que este proceso lleva cada vez mas tiempo, al profundizarse el nivel de detalle.