La Fiscalía de Estado detectó que la Asociación Víctimas del Delito, que presidía Alejandro Gil, presentó facturas adulteradas al momento de rendir gastos por un subsidio oficial de $50 mil.

La Fiscalía de Estado detectó que la Asociación Víctimas del Delito –presidida por Alejandro Gil hasta febrero, cuando fue disuelta– cometió un ilícito con un subsidio de $50.000 que el año pasado le entregó el Ministerio de Seguridad.

Se trata de la adulteración de facturas, lo que implicaría falsificación de instrumento privado con fondos públicos. Según consta en las actuaciones instruidas por el Departamento de Investigaciones Administrativas de ese órgano de control, los comprobantes de pago fueron alterados en sus montos y fechas, lo que fue constatado tras citar a declarar a los emisores de esos documentos.

Determinado el delito, la documentación modificada –está firmada y sellada por Gil, el viudo de la asesinada Laura Abonassar– y el expediente serán remitidos a la Justicia penal. En adelante, los miembros de la comisión directiva de la Asociación tendrán que rendir cuentas ante Luis Correa Llano, titular de la Fiscalía de Instrucción Nº18, de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos.

Por caso, en los recibos que forman parte del expediente figuran reiterados viajes en taxi por $28, cuando el precio real era de $20, según afirmaron varios de los testigos, quienes –t alonarios en mano– ratificaron la adulteración de las facturas.

Además, con la aparente intención de justificar ante el Gobierno lo aportado en calidad de subsidio, la asociación incluyó entre lo que debía rendir facturas anteriores al 10 de junio del 2008, cuando entró en vigencia el convenio, que iba a ser por $150.000, de los cuales $100.000 no alcanzaron a otorgarse.

La resolución de la fiscalía, firmada el pasado 17 por su titular, Pedro Sin, en base a lo instruido por Investigaciones Administrativas, no halló irregularidades en el accionar de Seguridad, con quien se firmó el convenio por el subsidio.

Sin embargo, le advirtió a Carlos Ciurca, titular de esa cartera, que terminara de auditar " adecuadamente" el dinero entregado para evitar problemas con el Tribunal de Cuentas. Ese control quedó sin terminar porque el ministerio debió entregarle a la fiscalía toda la documentación que le había presentado la ONG como requisito para recibir la segunda remesa de los $150.000.

Si bien la asociación ya no existe, las responsabilidades penales recaerían sobre sus autoridades. Desde noviembre, los titulares eran Gil y la tesorera Fernanda Vera, que eran las dos únicas personas autorizadas a retirar dinero de la cuenta en la que el Gobierno depositaba los fondos. Ese mes, Daniel Coccia, hasta entonces vicepresidente, presentó su renuncia y se convirtió en el denunciante de la situación que la fiscalía acaba de determinar.

"Cuando lo detecté, renuncié porque no quería ser partícipe. Lo denuncié ante la fiscalía y ahora quedó demostrado: se han robado la plata", dijo ayer Coccia refiriéndose a Gil y a Vera, con quienes este diario no pudo contactarse. "Hace unos días pude ver el expediente y, como estaban comprobadas las anomalías, hice la denuncia penal en la fiscalía de Correa Llano", añadió el ex vicepresidente de la fenecida asociación.

Diferencias en la tinta

El Departamento de Investigaciones Administrativas de la Fiscalía de Estado logró detectar la adulteración de las facturas por parte de la Asociación Víctimas del Delito gracias a que el Ministerio de Seguridad le remitió los originales de la documentación.

De haber sido fotocopias, se habrían pasado por alto las sutiles diferencias en los colores de tinta que se emplearon para redibujar los montos de los comprobantes y que pusieron en duda la veracidad de esos documentos.

Además de varios viajes en taxi, que fueron rendidos por un costo mayor que el que realmente tuvieron, en el expediente también hay facturas adulteradas de la playa de estacionamiento San Juan, ubicada frente a donde funcionaba la sede de la asociación, en la calle homónima de Ciudad.

La asociación, por ejemplo, presentó dos recibos con los que rendía 20 turnos por $80 cada uno. Pero cuando fue citada a declarar ante la fiscalía, la propietaria de ese establecimiento desconoció esas facturas y mostró los originales, en los cuales figuraba que en ambos casos se habían cobrado dos turnos por $8.

A la par, se detectó que la asociación no cumplió con los requisitos de presentación de los balances por los fondos oficiales otorgados.