A fines de enero, la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA) presentó un informe técnico sobre la calidad del agua de la Villa 21-24 de Barracas, donde denunciaron que “no es potable y la situación es alarmante”. Este escenario se repite en el resto de los barrios populares de la Ciudad, afectando la salud de 400 mil habitantes.

A principios de 2019 y ante “un fuerte olor cloacal en el agua corriente de numerosas manzanas, tomamos la decisión de realizar un testeo del servicio y nos encontramos con que no era bebible y estaba poniendo en riesgo a la población”, aseguró la Ingeniera Civil y coordinadora de la cátedra de Ingeniería Comunitaria María Eva Koutsovitis, en diálogo con GestionPublica.info.

Los análisis confirmaron que estaba contaminada por el rebalse de las cloacas. Según Koutsovitis “AYSA S.A. es la responsable, desde 2006, de proveer los servicios de agua y saneamiento cloacal. No lo hace amparándose en un artículo de su marco regulatorio que establece la obligación de la empresa de llevar su distribución solo hasta la periferia de la Ciudad, dejando asentamientos y villas afuera”.

En Argentina el 15% de la población no tiene acceso al agua potable.

El 15% de los porteños vive en barrios populares, esto representa “alrededor de 400 mil personas, a las cuales no se les provee los servicios básicos, que son considerados Derechos Humanos”, afirmó Koutsovitis. Esta situación no se da solo en la Ciudad de Buenos Aires, “se repite en el resto del país, en los sectores más vulnerables”, informó la ingeniera. En Argentina el 15% de la población no tiene acceso al agua potable, el 40% vive sin cloacas y apenas el 20% de las aguas residuales cuenta con un tratamiento.

Una vez elaborado, el informe fue entregado a la Junta Vecinal, a las familias afectadas y a los organismos responsables. Incluye comentarios y recomendaciones para garantizar la salud de los habitantes, determinar las causas de la contaminación e implementar acciones para controlar la calidad del servicio de manera periódica. Desde la cátedra iniciaron un expediente administrativo en el Gobierno porteño y preparan acciones para seguir adelante con esta causa.

La respuesta de AYSA fue acercar agua en sachets los primeros días y luego en camiones cisterna, pero el problema no se resolvió sino todo lo contrario. El olor fecal se extendió a otros sectores afectando la salud de la población. “Los vecinos tienen que ir a buscar agua a otros barrios o comprarla, pero muchos no pueden. Este derecho debería estar garantizado”, agregó Koutsovitis. Tampoco solucionaron las cloacas rebalsadas. “Hay un solo camión para todo el barrio y no es suficiente”, remarcó.

Algunos asentamientos tiene más de 80 años y el panorama se repite desde entonces. “No es la primera vez que esto sucede, no se trata de un hecho aislado, es frecuente que de las canillas de los hogares salga agua con olor cloacal, color amarillo y sedimentos o directamente no salga”, informó Koutsovitis.

Luego de la publicación del informe, la Unidad de proyectos especiales Cuenca Matanza Riachuelo (UPE CUMAR), la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión (SSHI), la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) y la empresa AYSA, se acercaron para tomar muestras en diferentes viviendas.
Desde la cátedra acompañaron y registraron irregularidades como la falta de relevamiento de infraestructura, evaluación sanitaria, criterio técnico y una metodología para determinar la cantidad y los sitios de muestreo para que sean representativos. Por estas razones, desde CLIC decidieron realizar próximamente una encuesta sanitaria con organizaciones no gubernamentales, voluntarios de FIUBA y vecinos.

Control

En 2012 la Auditoría General de la Nación detectó irregularidades en la contratación de obras hidráulicas para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo que involucran a cinco empresas vinculadas, entre ellas AYSA. Pero esta no es la única vez que el organismo de control nacional encontró falencias en el operar de esta compañía. En 2017 informó sobre pagos sin registros, problemas de financiamiento, demoras de cuatro años y cambios de precios sin control en la construcción de la planta potabilizadora de agua Paraná de las Palmas. Ese mismo año reveló que el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) no tenía forma de sancionar por incumplimientos a la empresa.