La Oficina Anticorrupción (OA) habilitó la participación para la elaboración del proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública. A través del sistema Trámites a Distancia, cualquier persona interesada puede realizar aportes, comentarios y propuestas hasta marzo de este año. Empresas, universidades, organizaciones, académicos y la Sindicatura General de la Nación colaboraron con la modificación de la normativa que tiene más de 20 años y requiere una actualización.

El espacio de construcción colectiva para la reforma de la Ley N° 25.188 se abrió en octubre de 2021 y estuvo acompañado de encuentros virtuales con distintas organizaciones e instituciones. En estas jornadas que seguirán hasta marzo, se puso en discusión el borrador, que será perfeccionado tras los aportes que haga la ciudadanía.

La Oficina ya recibió muchos aportes y aseguró que el proyecto adoptará cambios gracias a los comentarios realizados. 

La Ley de Ética de la Función Pública fue sancionada en 1999 y desde entonces hubo varios intentos de reformarla de manera integral. “Es una ley que respondía a interpretaciones y circunstancias económicas, políticas, culturales, sociales que han ido cambiando como los desarrollos tecnológicos, las demandas de la sociedad civil y sobre todo la visión sobre la integridad y la transparencia. Actualmente, los paradigmas en el mundo sobre políticas anticorrupción son otros. Esta es una ley que requiere un proyecto que supera el paso de los años”, explicaron desde la OA. 

Hasta el momento la Oficina recibió muchos aportes y aseguró que el proyecto adoptará cambios gracias a los comentarios realizados. En marzo se cierra la recepción de comentarios y la etapa de reuniones virtuales para comenzar a consolidar el nuevo proyecto con lo recolectado. Luego se enviará al Poder Ejecutivo para que sea evaluado y posteriormente presentado en el Congreso de la Nación.

La participación ciudadana es clave en la elaboración y modificación de normas, y está contemplada en el Decreto 1172 de 2003. En este sentido, “la ética de las y los funcionarios no puede estar sujeta a lo que les dicte la conciencia, para ello es necesaria una actualizada ley de ética pública, construida en el consenso y el sentido común”, indicó Federico Recagno, secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC). 

El proyecto de ley

El borrador de la normativa busca establecer un sistema de integridad pública que comprenda, no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo, el Poder Judicial y al Ministerio Público. Además, prevé la incorporación de cambios en el sistema de Declaraciones Juradas para que estén disponibles de manera completa junto con un registro de los incumplidores. Otra de las modificaciones son las limitaciones para evitar conflicto de interés privado antes y después de que las personas asuman cargos en el Estado. Asimismo, este nuevo marco apunta a impedir que los funcionarios tengan posiciones patrimoniales “offshore”.

“El proyecto cambia novedosamente el enfoque del concepto de corrupción como un hecho no ya vinculado exclusivamente al sector público y rota su interpretación hacia un fenómeno criminal más complejo. No sólo reconoce la importancia del sector privado, sino que avanza en un cambio de paradigma para todos los actores involucrados en la gestión pública”, expresó Carla Pitiot, actual Directora del Banco de Inversión y de Comercio Exterior, y vicepresidenta de la Fundación Éforo.

La incorporación de los principios de integridad como el respeto a los derechos humanos, igualdad de género, cuidado del ambiente entre otros, “se muestran como elementos no ya secundarios sino esenciales que hacen al fortalecimiento institucional de la administración pública en un todo de acuerdo con el compromiso de Argentina en pos del logro de la Agenda 2030”, agregó Pitiot quien también se desempeña como secretaria de Relaciones Institucionales y Acción Social de APOC Mesa Nacional.