La Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, impulsada por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, comenzó a funcionar como un espacio de encuentro y articulación de políticas entre el organismo, la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Agencia de Acceso a la Información Pública. 

“Es un ámbito para coordinar las políticas de integridad y transparencia que desarrollan los principales organismos que tienen esta competencia en el Estado Nacional. Ponemos un especial énfasis en la capacidad de articulación y coordinación institucional, porque sabemos que de ellas depende el éxito de las políticas. Poder integrar la dimensión ética al modelo de gestión pública requiere que los organismos que trabajamos en estos temas, lo hagamos articuladamente y con coherencia”, expresó Beatriz de Anchorena, Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional de la SGyEP.

Si bien el encuentro por la creación de la mesa de trabajo se realizó a mediados de junio, ya venían desarrollando tareas conjuntas entre la SIGEN y la Secretaría de Gestión y Empleo Público. Ahora se incorporaron las otras dos instituciones. Con la formalización de la mesa, lo que se busca es una dinámica de encuentros y articulación más permanente para generar políticas que fomenten la transparencia y combatan la corrupción, indicaron desde la Oficina Anticorrupción a El Auditor.info.

“Al estar ordenado el funcionamiento, con un lugar fijo de encuentro, nos va a permitir generar diálogos para potenciar cada iniciativa. Nosotros podemos ayudar a que las iniciativas de SIGEN se fortalezcan y se expandan, así como ellos nos ayudan a nosotros. Lo mismo con el resto. Lo que se trata es de ahorrar recursos públicos, volverlos más eficientes y mejorar el desempeño de las instituciones”, indicaron desde OA. 

"Lo que se trata es de ahorrar recursos públicos, volverlos más eficientes y mejorar el desempeño de las instituciones", indicaron desde la Oficina Anticorrupción.

La creación de la mesa responde tanto a la Convención Interamericana como a la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y a los consejos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su Estudio sobre la Integridad en Argentina en 2019. Allí se observó que los organismos de control no articulaban entre sí, no comparten información y hacían dos veces el mismo trabajo. 

“Mecanismos claros, formales y/o informales para la cooperación y la coordinación horizontal y vertical entre los actores, sectores y niveles subnacionales ayudan a prevenir la fragmentación, la superposición y los vacíos y en última instancia a asegurar la coherencia y el impacto de las políticas”, expresa el informe de la OCDE.

Desde la Subsecretaría remarcaron la importancia de avanzar en forma conjunta, no solo en una mirada tradicional, sino ir más allá del control a una mirada de la integridad en donde ponemos foco en la prevención. Y es con este espíritu de innovación, se armó la Mesa Nacional, con la convicción de que la ética es una dimensión sustantiva de un modelo de gestión pública democrático, inclusivo y federal. 

La Mesa fue creada para que funcione como un ámbito de articulación para el desarrollo de estrategias y la evaluación de políticas públicas abocadas a la integridad y la transparencia. Desde la Agencia de Acceso a la Información Pública informaron que si bien integran el espacio, debido a que aun siguen sin director, tras la renuncia de Eduardo Beroni a partir de enero de este año, tienen pocas posibilidades de participación.

Encuesta Nacional de Integridad

Luego de la conformación, en su primera reunión el miércoles 23 de junio, lanzaron la Encuesta Nacional de Integridad con el objetivo de relevar el nivel de implementación y desarrollo de políticas de integridad, transparencia y acceso a la información pública, en organismos de la administración pública y de las empresas con participación estatal. “Es un mapeo de las capacidades estatales en este tema, que nos va a permitir diseñar mejores políticas de fortalecimiento institucional en la materia”, comentó de Anchorena.

“Es un gran relevamiento del estado de situación. Es una radiografía de cómo está funcionando el Estado y cuáles son las fortalezas, las debilidades, las cosas a mejorar pero sobre todo para tener esa información bien precisa y a partir de los datos generar políticas públicas nosotros y cada uno de los organismos”, finalizaron desde la OA.