Publicado en el suplemento

Acciones para la Participación Ciudadana, de Diario Perfil

Hace aproximadamente un año, los ciudadanos tuvieron que acostumbrarse a una nueva realidad: el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) debido a la pandemia del COVID-19. Prácticamente, todas las actividades quedaron sujetas a realizarse de manera remota y los Estados tuvieron que adecuar su funcionamiento de un momento a otro. La Administración Pública Nacional (APN), con sus más de 200 dependencias, se vio frente a un desafío de dimensiones nunca antes vistas. 
La APN está compuesta por 39 organismos desconcentrados, 73 descentralizados y 90 entes del sector público nacional, y regulada por 15.032 normativas. Esto la convierte en una institución sumamente compleja y heterogénea. Si bien desde la Jefatura de Gabinete se establecieron lineamientos y rige un protocolo de recomendaciones de la Comisión de Condiciones y Medioambiente de Trabajo (CyMAT), tanto la organización de las tareas como la decisión sobre qué agentes deben asistir a los edificios están sujetas a la voluntad de cada dependencia. Como consecuencia, a un año del decreto de aislamiento, los organismos presentaron diferentes performances y grados de preparación para enfrentar la situación.
Según la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, aproximadamente el 60% de los 200.000 agentes de la APN que no pertenecen a fuerzas de seguridad se encuentran realizando teletrabajo. “Lo que se construyó durante todo el año pasado es la organización de esos trabajadores para que pudieran hacer su tarea desde la casa”, afirmó a Acciones. 

Para Diego Pando, presidente de la ‎Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública (AAEAP), “se llegó al trabajo remoto por una emergencia sanitaria para la cual ningún Estado se encontraba preparado”. Pese a ello, hay especialistas que opinan que, en líneas generales, la capacidad de respuesta en la APN fue relativamente rápida. Es el caso de Gonzalo Diéguez, director de Gestión Pública del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). “En buena medida, la posibilidad que tuvo el Estado de trabajar de manera remota y de continuar funcionando en la realización de trámites a distancia se debe a capacidades instaladas previamente”, expresó. 

Infraestructura y capacitación

Uno de los mayores desafíos que debió afrontar la APN fue proveer a los trabajadores de equipamiento y capacitación para que pudieran realizar las tareas desde sus casas. En parte, las mismas pudieron adaptarse a la virtualidad gracias al sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), diseñado por el disuelto Ministerio de Modernización. “La base de herramientas que dejó la gestión anterior fue de utilidad, pero hubo que mejorarla porque muchos programas y sistemas fueron abandonados. Con las acciones realizadas, durante 2020 se generaron más de 7.000.000 de expedientes, es decir, un 38% más que en 2019”, explicó Micaela Sánchez Malcolm, secretaria de Innovación Pública.
Sin embargo, los distintos relevamientos que se realizaron en el primer año de pandemia dieron cuenta de la complejidad del trabajo a distancia. Uno de ellos fue realizado por la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP) ni bien comenzó la pandemia, entre abril y mayo. Los resultados de la encuesta arrojaron que del 75% de los agentes de la APN que continuaron sus tareas remotamente, casi el 80% tuvo que utilizar sus propios equipos tecnológicos.
En el mismo orden, CIPPEC realizó un estudio entre junio y agosto de 2020. Si bien en este caso el análisis solo abarcó a directores nacionales, generales, simples y coordinadores, los hallazgos registraron que los agentes se apoyaron en teléfonos y computadoras propias y que menos de un 25% utilizó dispositivos provistos por el Estado. Por otro lado, más de la mitad usó plataformas como Zoom o Whatsapp para realizar reuniones virtuales, pero el 75% lo hizo con una cuenta gratuita o que pagó de su bolsillo.
Castellani aseguró que la ONEP está realizando un nuevo relevamiento para evaluar el avance de la provisión estatal de infraestructura y explicó que la situación al inicio de la cuarentena dependió del aprovisionamiento previo de cada institución. “Hubo organismos que habían tenido una renovación de equipos y contaban con máquinas portátiles que se les hicieron llegar a cada uno de los trabajadores. Pero otros, en cambio, poseían dispositivos obsoletos o no contaban con portátiles y tuvieron que salir a hacer compras masivas. Por los tiempos del Estado, recién
hacia fin del año pasado se logró tener un equipamiento más importante para entregar”, informó.
Esto habla de uno de los factores críticos que la administración pública debe repensar: la infraestructura y el parque tecnológico con el que cuentan las oficinas, lo que obligó a los trabajadores a buscarle la vuelta y desembocó en una respuesta muy heterogénea por parte de cada institución. Este año se realizará por primera vez un Inventario Nacional de Bienes Informáticos y Servicios Tecnológicos en el sector público, bajo la órbita de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), por lo que los distintos organismos deberán enviar antes del martes la lista detallada de sus recursos tecnológicos.
Otros factores a tener en cuenta para comprender las diferentes performances dentro de la APN en pandemia son los marcos regulatorios de cada dependencia y la formación de su capital humano. Aunque desde el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) elaboraron guías y realizaron capacitaciones, el relevamiento de CIPPEC afirma que éstas solo alcanzaron al 8% de los equipos de trabajo durante los primeros meses del ASPO. De esta manera, los agentes abordaron la nueva experiencia sin entrenamientos específicos previos.

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