Santa Fe: piden frenar la licitación de una autopista y dicen que el Estado perdió $ 1.500 millones
Es el camino que une la capital provincial con Rosario. Diputados quieren detener el trámite hasta que el Tribunal de Cuentas opine sobre la recisión del contrato anterior. Denuncian que el convenio se anuló sin sancionar a empresas que subejecutaron el 76% de las obras de repavimentación. El Ejecutivo convocó a nuevos oferentes.
Un grupo de legisladores de Santa Fe pidió la semana pasada que se frene el llamado a licitación que hizo el Poder Ejecutivo para repavimentar la Autopista que une la capital provincial con la ciudad de Rosario.
La solicitud llega tras la difusión de un informe del Tribunal de Cuentas que alertó sobre incumplimientos de un consorcio de empresas llamado ARSSA, cuyo contrato fue rescindido en noviembre del año pasado.
Según este relevamiento, la concesionaria subejecutó el 76 por ciento de las obras de repavimentación de la autopista, de la que se hizo cargo en 2010.
Los ediles cuestionan que la recisión del contrato, que fue presentado por el Ejecutivo provincial como “de común acuerdo”, se haya hecho sin aplicar sanciones contra ARSSA ni ejecutar las garantías que figuraban en el convenio como resguardo de las obras en cuestión.
Perjuicio
Según los diputados, el perjuicio para la provincia, derivado de los incumplimientos del consorcio de empresas, supera los 1.500 millones de pesos.
Uno de los ediles, Héctor Cavallero -exintendente de Rosario-, explicó ante la prensa local que obtuvo esa cifra tras analizar una auditoría hecha por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral.
Ese relevamiento señala que ARSSA ejecutó en los últimos seis años el 24 por ciento de las obras de repavimentación de la autopista, es decir, unos 75 kilómetros sobre un total de 313 que tiene la traza en sus dos manos.
Como el presupuesto original de los trabajos era de 514 millones de pesos, Cavallero aplicó al monto no ejecutado (unos $ 389 millones) el coeficiente de ajuste de la Cámara Argentina de la Construcción, y así arribó a un perjuicio para el Estado provincial de $ 1.554,8 millones.
Con estos datos, y acompañado por diputados de distintas bancadas, Cavallero le pidió al Ejecutivo que frene un nuevo llamado a licitación hasta que el Tribunal de Cuentas se expida sobre la legalidad de aquella recisión de común acuerdo, hecha en noviembre.
Por lo pronto, ARSSA seguirá concesionando la Autopista hasta fin de abril y además se confirmó que la convocatoria a los nuevos oferentes, que estaba prevista para el 20 de este mes, fue postergada por el Ejecutivo hasta el 2 de mayo.
Mientras tanto, los diputados opositores también solicitaron al gobierno provincial que, mediante Vialidad o algún ente a crearse para tal efecto, se haga cargo se haga cargo de la repavimentación, mejoramiento, mantenimiento y explotación de todo el corredor de la autopista.
