La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) detectó que para la Policía Metropolitana “se compraron muebles que, por falta de lugar en el organismo solicitante, están bajo guarda de la empresa proveedora”. 

Esta situación es un fiel reflejo de una de las conclusiones del informe, al evidenciar que “algunas de las contrataciones no expresan los fundamentos de la adquisición del bien o servicio, lo que podría generar que se lleven adelante contrataciones innecesarias”.

En el acto de apertura de la licitación pública por el mobiliario, que fue por $2,8 millones y una posterior ampliación de $420 mil, el equipo de la AGCBA “observó firmas sin DNI ni aclaración, tanto de funcionarios como de empresas”. 

En cuanto a la adquisición de 400 pistolas Beretta, la Auditoría detectó que se trató de “una contratación directa, por casi $3,2 millones, aprobada por un funcionario que no contaba con el rango jerárquico acorde a los montos involucrados”.

Además se observó que “el informe comparativo de pistolas ofertadas, que fue realizado por un instructor de tiro sin facultades para hacerlo, carece de un criterio uniforme, ya que no se cotejan las mismas especificaciones”.

Por si le faltaba alguna irregularidad más, “la resolución aprobatoria de la contratación directa no fue publicada en el Boletín Oficial” y “hay una diferencia entre el monto consignado en letras (€431.200) y en números (€453.000).

El informe, aprobado en 2016, analizó los aspectos legales y financieros de los procesos de compras y contrataciones para la provisión de bienes y servicios del 2013 para la Policía Metropolitana. 

En él, sobre la contratación de un circuito cerrado de TV para la Ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad pública y la protección civil, hay un dato bastante alarmante: “mientras que en llamado a licitación se estimaron por el servicio $36 millones, quien finalmente fue contratado cobra más de U$S 723 mil, que a cotización de dólar de aquel momento da la abultada suma de casi $132 millones”. 

A ello hay que agregarle que “no se cumplieron los plazos de entrega de las cámaras estipuladas en los pliegos” y que no consta que por esa falta “se hayan aplicado penalidades y sanciones”. Al cierre de la auditoría todavía faltaba entregar 200 de las 2000 unidades acordadas.

En lo que respecta a la provisión de un servicio de equipamiento para el reconocimiento automático de chapa patentes en los patrulleros, la AGCBA llamo a una licitación pública por $8,7 millones que también presentó irregularidades. 

En el expediente “no consta un informe de la Agencia de Sistemas de la Información de la Ciudad, tal como había recomendado la Procuración General de la Ciudad”. Tampoco está el Certificado expedido por la Comisión Nacional de Comunicaciones respecto del cumplimiento de las regulaciones en materia de seguridad eléctrica y emisión de radiofrecuencia. 

Como si le faltara algo, “no hay evidencia de que el personal del gobierno de la Ciudad haya recibido capacitaciones, por la empresa proveedora, para el manejo de los equipos adquiridos”.

En la conclusión, el equipo de auditores manifestó que “los sistemas de control por oposición resultan insuficientes, situación evidente ante la falta de constancia de documentación relevante”. A ello se suma “la reiterada falta de un criterio unificado” ya que “ante procesos similares la documentación difería”, como fue el caso de las pistolas Beretta.

Hubo también “varias contrataciones que no se realizaron mediante Licitación Pública, régimen que debería ser el habitual para la compras del Estado, pero que no se explica por qué”.