Tras una investigación judicial que duró trece años, se realizará en Catamarca el juicio oral por el llamado Megafraude de Desarrollo Social, una maniobra que consistió en el uso de 5 millones de pesos de fondos públicos para financiar supuestos cursos de capacitación, que en realidad nunca se dictaron, y que terminaron beneficiando a funcionarios estatales y miembros de fundaciones provinciales. 

Las audiencias comenzarán el 16 de agosto y habrá diez acusados por un supuesto fraude contra la administración pública, entre ellos el exsecretario de Desarrollo Social, Pablo Córdoba Molas; el exdirector de Políticas Juveniles, Ariel Regina; y el excontador de la provincia, Juan Barrios, todos formaron parte del primer gobierno de Eduardo Brizuela del Moral, entre 2003 y 2007 (ver En el banquillo).

Se prevé que el proceso dure varios meses. Es que se trata de un expediente de 47 cuerpos, y el tribunal que llevará adelante el juicio citó a unos 130 testigos.

La causa

El Megafraude de Desarrollo Social surgió en 2004 a raíz de una publicación del diario El Ancasti, de Catamarca. 

Por aquel entonces, sorprendió al matutino la celeridad con la que el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia habilitaba diversas partidas de presupuesto para dictar varios cursos de capacitación sobre distintos temas, tanto por cuenta propia como mediante la participación de Organizaciones No Gubernamentales.

Al indagar sobre esas iniciativas, se supo que los fondos no solo salían de la mencionada cartera, sino que también estaba involucrado el Ministerio de Hacienda catamarqueño. Y que, además, los montos en cuestión dependían de la cantidad de personas inscriptas para los cursos.

El caso terminó de tomar forma cuando se detectaron padrones de alumnos inexistentes y registros sobre cursos que sí se alcanzaron a dictar, pero sin el número asistentes declarados. 

Durante la pesquisa se comprobó que el dinero fue efectivamente cobrado por funcionarios provinciales y miembros de las ONG’s que participaron de la maniobra.

El control público

Pese a que la justicia intervino ni bien El Ancasti publicó sus pormenores, esa investigación se extendió durante 13 años, en los que se repitieron sistemáticamente apelaciones, recusaciones y pedidos de nulidad de todo lo actuado de parte de los implicados.

Sin embargo, durante esa espera fue el Tribunal de Cuentas de la provincia el que inició sus averiguaciones para determinar de qué manera se manejaron los fondos en los Ministerios involucrados. Y así fue como en abril de 2014, el organismo de control confirmó el Megafraude y condenó a los ya citados Córdoba Molas y Regina, más el expresidente de la ONG Jóvenes en Progreso, Carlos Arriazu, a devolver $ 1.243.725 pesos.

En el banquillo

En cuanto quiénes serán juzgados, y los cargos que enfrentarán, el exsecretario de Desarrollo Social, Córdoba Molas deberá responder por 24 hechos en concurso real de fraude en perjuicio del Estado catamarqueño por Administración Infiel y 17 hechos de falsificación de material de instrumento público en concurso real. Ambos en calidad de autor.

Por su parte, el exdirector de Políticas Juveniles Ariel Regina está acusado de 24 hechos en calidad de partícipe necesario. El presidente de la Fundación Ideia, Hugo Diamante, responderá por 13 hechos en concurso real en calidad de autor, y el ya mencionado titular de la Fundación Jóvenes en Progreso, Carlos Arriazu, enfrentará 11 hechos en concurso real también en calidad de autor,

Entre los implicados asimismo aparecen Nancy Beatriz Madueño, ex empleada de Desarrollo Social, a quien se acusa de 24 hechos en calidad de partícipe secundaria, y los ex funcionarios, María Cristina Barros, Guillermo Alberto López, Liliana Jalil, Susana De la Colina, y el excontador de la provincia, Juan Barrios, todos ellos acusados por 24 hechos en concurso real como participes secundarios.