Pese a que en el ámbito de la administración pública los “permisos de uso” son habilitaciones pensadas para actividades de poca significación económica, hay una empresa que presta servicios en el Puerto de Buenos Aires y obtiene beneficios millonarios, operando bajo esa modalidad desde hace más de dos décadas.

Se trata de Terminales Río de la Plata S.A., una firma que explota los muelles de atraque en la costa porteña y que se dedica a atender tanto a los cruceros como a sus pasajeros.

Pero para que esto ocurra es necesario que una autoridad lo permita. Justamente eso fue lo que descubrió la Auditoría General de la Nación (AGN), tras investigar la gestión de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGPSE), como fiscalizadora de las concesiones de la zona costera.

Un poco de historia

El organismo de control recuerda que en 1992 se sancionó la Ley Nacional de Puertos (24.093), que fue el inicio de la privatización de la terminal de Buenos Aires, y que culminó un año después con la licitación pública 6/93. Mediante ese trámite se fueron concesionando las distintas versiones del negocio naviero, como la carga de contenedores y los servicios de muelle.

Allí es cuando entra en escena Terminales Río de la Plata, que actualmente es la principal operadora del Puerto de Buenos Aires y cuenta con la mayor cantidad de sitios de atraque, con tres espigones y cinco dársenas. 

Y aquí es cuando aparece la Administración General de Puertos. Cuenta la Auditoría que, tras aquella licitación del año 93, la AGPSE “advirtió la necesidad de operar los buques de pasajeros y la falta de previsión” sobre este tema.

Por eso el ente, que encarna la autoridad de aplicación de la normativa portuaria, le pidió en 1994 a las empresas preadjudicadas “que se manifestaran acerca de su intención de operar la terminal de pasajeros”. ¿Y cuál fue la única firma que respondió? Sí, Terminales Río de la Plata.

Frente a este panorama, en julio de 1994 la AGPSE dictó una resolución en la cual resolvió que “ante la carencia de otros (oferentes) no se justifica la realización de un concurso, siendo intención efectuar una contratación directa mediante la figura de un Permiso de Uso con el único consorcio interesado, fundamentado en el carácter provisorio, urgente y precario”. ¿Y cuál fue la firma beneficiaria? Sí, Terminales Río de la Plata.

Pero la cosa no quedó ahí. La Auditoría añadió que con el Permiso de Uso firmado en julio de 2001 se habilitó a Terminales Río de la Plata a “prestar sus servicios en áreas aledañas a la concesión, permisionadas a tal efecto”.

Y hay más. En abril de 2010, y mediante otro Permiso de Uso, se le otorgó a la empresa “la explotación del servicio de atención a pasajeros de Cruceros internacionales, vigente hasta el 13/11/2019, y un inmueble en jurisdicción portuaria” para recibir allí a los turistas.

En conclusión, “desde el año 1994 a la fecha, la Administración General de Puertos ha celebrado sucesivos Permisos de Uso con el objetivo de prestar servicio de terminal y atención a los pasajeros, de los buques de crucero en gira de turismo internacional, con el mismo carácter de provisorio, urgente y precario”, dijo el organismo de control, y completó que aquella necesidad estaba “fundada en la imposibilidad de prestar ese servicio en otros muelles y la provisoriedad de la situación, hasta encontrar una solución permanente” con el emplazamiento de una nueva terminal de pasajeros en Dársena Norte.

Sin embargo, los auditores opinaron que “ante el tiempo transcurrido con esta figura jurídica (la del Permiso de Uso), se perdió el carácter de urgente, necesaria y provisoria”.

“Claramente -completa el informe-, la Administración General de Puertos en los hechos ha otorgado una concesión (a la empresa) y no un Permiso de Uso”.

Rentabilidad desmedida

La AGN también señaló que “esta situación de otorgamiento de la prestación del servicio de bajo Permisos de Uso, por fuera de una modalidad de concesión en un marco competitivo, generó un negocio sin competencia posibilitando a Terminales Río de la Plata un rendimiento desmedido”.

En su informe, el organismo de control describe el siguiente panorama: “Al amparo del Permiso de Uso, se observa se amplía el plan de negocios de la Concesión o se le otorga (a la empresa) ajustes tarifarios justificados en mayores costos, que no se constatan, y determinan rentabilidad desmedida”.

Y amplía: “Esta situación posiciona ventajosamente a Terminales Río de la Plata en relación a sus competidoras, las otras concesionarias del Puerto de Buenos Aires. Por un lado, puede ejecutar obras optativas estratégicas de la Concesión, con cargo a los usuarios de la nueva prestación. Cuenta además con un negocio cuya regulación tarifaria le posibilita un rendimiento del 44,89% en dólares con un mínimo riesgo. Puede canalizar parte de los costos propios de la concesión en los incrementos de tarifas reguladas por el Permiso de Uso y por último, tiene la posibilidad de trasladar ineficiencias propias a las tarifas reguladas por esos Permisos, ya sea mediante los costos indirectos, que no se encuentran especificados, como de la determinación de la cuantía de los incrementos de costos”.