Se llevó a cabo la séptima edición de la “Semana Presupuesto y Derechos” de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Representantes de organizaciones sociales, de los poderes Ejecutivo y Legislativo y activistas dialogaron sobre las partidas dentro del proyecto de Ley de Presupuesto 2022 y su vínculo con las áreas género, ambiente, hábitat y vivienda, discapacidad, educación e impuesto a la riqueza. 

La Asociación describe al presupuesto como una herramienta para promover políticas que permitan la realización de los derechos. Es por esto que desde hace siete años proponen mesas de debates participativas y transparentes, en las cuales se vinculan a distintos actores de la sociedad y la política.  

En el marco de estas jornadas plantearon que el presupuesto 2022 “es una nueva oportunidad para discutir cómo se recaudan y distribuyen los fondos públicos”. Este año se sumó la mesa sobre los impuestos subutilizados en donde se debatió sobre la asimetría en los ingresos por IVA (generado por la mayor parte de la ciudadanía) y por los impuestos a la riqueza (paga solo una minoría).

Del análisis de las proyecciones del gasto para 2022 se desprende que “es un 9,5% más alto que el presupuesto original de 2021 (ajustado a la inflación estimada por el gobierno para 2021: 45,1%). Sin embargo, si se lo compara con el presupuesto vigente a septiembre -con modificaciones al original-, cae un 3,7%”, explicaron desde la organización

El presupuesto destinado a género 

En el año 2019 se comenzaron a implementar las etiquetas de partidas presupuestarias destinadas a cerrar brechas de género. Para ACIJ esto inició un proceso de creciente transparencia presupuestaria “que facilita el monitoreo y permite visibilizar los recursos destinados a dichas políticas”. 

En la mesa de debate se arribó a la conclusión de que en el proyecto de presupuesto para 2022 se muestra un avance respecto al porcentaje que las etiquetas representan sobre el gasto total, pero sin embargo “se observan reducciones significativas en algunas partidas si se las compara actualizadas por la inflación que el propio Poder Ejecutivo informa en el Proyecto de Ley para el año en curso (45,1%)”.

Un ejemplo de esta situación es que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad cae un 15,7% en términos reales respecto del presupuesto vigente en 2021. “En gran medida, esto se explica por el recorte del 20% en el programa Acompañar que representa más de la mitad del presupuesto total del Ministerio”, indicaron desde la organización. 

Una de las conclusiones de este apartado fue que “el etiquetado del gasto constituye una herramienta valiosa que podría ampliarse a partir de la incorporación de otras como podrían ser los ingresos etiquetados, un análisis con perspectiva de género de los tributos y de las proyecciones macroeconómicas presentes en el presupuesto, la publicación de informes regulares de evaluación del cumplimiento de metas de reducción de brechas de género, etc”.

Discapacidad, una de las más postergadas 

El área donde mayor postergación se muestra en base al análisis del presupuesto es el del colectivo de las personas con discapacidad. “Año a año, asistimos a reducciones indiscriminadas de recursos, y observamos cómo se mantienen políticas que las segregan, las estigmatizan y las condenan a vivir vidas devaluadas”, indicaron en la mesa de debate y agregaron que “la discusión del presupuesto se presenta como una instancia estratégica para transformar esta realidad”. 

Con el objetivo de construir un presupuesto inclusivo, que respete y promueva los
derechos de las personas con discapacidad, se propuso construir diagnósticos completos y fiables sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad; incrementar las partidas a fin de implementar políticas en ámbitos que hoy no están comprendidos en los esquemas de acción estatal; así como impulsar procesos de transferencia de los recursos financieros destinados a programas o actividades contrarias hacia políticas públicas acordes al modelo social de la discapacidad.

Además sostuvieron que se debe transversalizar el enfoque de derechos de las personas con discapacidad, incorporar un sistema de etiquetado eficaz, establecer mecanismos de rendición de cuentas sobre la cantidad de recursos que se destinan, incluir indicadores de procesos, de resultados y de impacto que permitan evaluar la efectividad de las inversiones y crear mecanismos para garantizar la participación de este colectivo.

Suben o se mantienen

En la mesa de Ambiente se arribó a la conclusión de que en el presupuesto 2022 se reconoce la necesidad de dar respuesta a la crisis económica en la que nuestro país está sumergido, pero con un horizonte de planeamiento a corto plazo. “No se observan grandes cambios en el patrón de asignación presupuestaria en materia ambiental. Muchas de las partidas vinculadas con el ambiente siguen siendo contradictorias con los compromisos asumidos por Argentina en materia internacional ambiental”, explicaron.

Para el caso de hábitat y vivienda se distinguió un leve aumento de 12,13% en términos reales, el cual  “obedece al fortalecimiento del Programa Casa Propia, en detrimento de otros programas, como el Plan Nacional de Suelo Urbano”, explicaron desde ACIJ.

Para la organización, “este hecho podría estar dando cuenta de una tendencia a estimular la construcción de vivienda para sectores de ingresos bajos y medios-bajos o lo que podríamos llamar un “giro viviendista”, en detrimento de otras acciones que se proponen regular las dinámicas del mercado de suelo y propender hacia un desarrollo territorial más equilibrado”.

Educación 

En esta área se recomendó principalmente que se evite la disminución en el presupuesto del Ministerio de Educación. “El escenario actual plantea una serie de desafíos educativos que deben ser abordados con una inversión acorde”, resaltaron y agregaron que “es preciso que se alcance en forma efectiva la inversión de 6% del Producto Bruto Interno en educación, como exige la Ley de Financiamiento Educativo N° 26075”. 

Además pidieron que se amplíen los esfuerzos en materia de conectividad. Si bien el proyecto de presupuesto prioriza el financiamiento a las políticas de conectividad a través del “Plan Federal Juana Manso - Conectar Igualdad”, en la mesa de debate se expresó que “el Poder Legislativo tiene la oportunidad de ampliar las partidas para llegar, de mínima, a todas/os las/os estudiantes de primero a tercer año de secundaria de gestión estatal y de máxima, a otros niveles de educación obligatoria”. 

En otro apartado demandaron recuperar la inversión y establecer metas físicas claras en los programas de apoyo a la infraestructura escolar. “Es necesario recuperar la inversión de los programas de fortalecimiento edilicio de jardines de infantes e infraestructura y equipamiento escolar”, concluyeron.