Las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países de América del Sur (EFSUR) comenzaron una nueva auditoría coordinada relacionada a la Agenda 2030. Esta vez fue sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6: Agua Limpia y Saneamiento junto a siete organismos de control de distintos países. La Contraloría General de la República de Paraguay es la encargada de liderar el proceso.

“Uno de los indicadores de vida digna de la ciudadanía está representado por el acceso que las familias tienen al agua limpia y al saneamiento".

Con la auditoría se pretenden examinar las políticas de ampliación de las redes de infraestructura implementadas para dar cumplimiento al ODS 6 sobre el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible. También los servicios de saneamiento e higiene, donde se incluye un abordaje con perspectiva de género con el fin de establecer especial atención en las necesidades de niñas, mujeres y grupos vulnerables.

“Uno de los indicadores de vida digna de la ciudadanía está representado por el acceso que las familias tienen al agua limpia y al saneamiento, que corresponde al ODS 6”, indicó Gladys Fernández de Chenú Abente, directora General de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República de Paraguay, en diálogo con El Auditor.info. 

Con la auditoría coordinada buscan que los Estados y sus organismos encargados de brindar el servicio adopten institucionalmente las metas e identifiquen como punto de partida el porcentaje de la población que cuenta con suministro de agua y saneamiento. “Con ello se tendría la información mínima necesaria para planificar los recursos y ejecutar acciones que permitan lograr los resultados previstos como metas”, añadió Fernández de Chenú Abente.

“Es importante evaluar todas las etapas, desde la planificación, la gestión, los resultados y el impacto que generan los mecanismos de acción para que la población, sin considerar a qué comunidad represente, tenga acceso al agua limpia y al saneamiento. Es una actividad clave en la búsqueda del bien común ya que, con ello, no solo se podrá lograr mejorar la salud de la población de los que hoy aún no fueron favorecidos con este servicio, sino también podrán vivir en un ambiente adecuado, con bienestar y mejor calidad de vida que es el fin social del Estado”, agregó Fernández de Chenú Abente.

La gestión eficiente de estos recursos y servicios se vuelve fundamental ante las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud que advirtió que para 2030 miles de millones de personas del mundo se quedarán sin acceso a servicios de agua potable y saneamiento. En este sentido, Fernández de Chenú Abente expresó que “la gestión sostenible del agua debe ser promovida no solo por los organismos y entidades del Estado, que tienen la función legal específica del servicio, sino también por la sociedad civil organizada y por la ciudadanía”.

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores pertenecientes a Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela son las que participan. Hasta el momento realizaron talleres de planificación en marzo de este año en Paraguay donde se acordó la ejecución de la Auditoría Coordinada desde abril de este año a diciembre.

Actualmente, según informó Humberto Franco, director de Control de la Gestión Ambiental de la Contraloría General de la República de Paraguay, las distintas entidades reportaron un avance de los trabajos de auditoría del 45% y 50% aproximadamente. El informe estará listo para marzo de 2023.

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Perspectiva de género

El proceso de auditoría tendrá en cuenta la perspectiva de género al intentar conocer si hay herramientas que puedan identificar a las jefas de hogar y personas en situación de vulnerabilidad para el acceso prioritario al servicio de saneamiento. Y también, si hay mecanismos o instancias formales de políticas públicas que prioricen a estos dos grupos en el acceso al servicio.