La Contraloría General de la República de Costa Rica realizó un informe de auditoría sobre el modelo de infraestructura educativa del Ministerio de Educación Pública (MEP) y detectó que no cumple con el marco regulatorio y prácticas aplicables. 

La infraestructura educativa, según la política vigente en esta materia, se refiere a los bienes muebles e inmuebles destinados a la educación que constituyen el espacio físico en el cual se implementan los planes y programas oficiales de estudios y actividades extracurriculares, así como los servicios e instalaciones necesarios para su operación. 

La auditoría determinó que el modelo de infraestructura del Ministerio de Educación Pública no cumple con la normativa y prácticas aplicables, debido a la ausencia e implementación parcial de elementos indispensables para gestionar la gobernanza, estrategia, estructura, procesos e información en la materia, lo cual limita el alcance de los propósitos esperados. 

Gobernanza

Sobre gobernanza se concluyó que dicha gestión se ejecuta fragmentada y sin una visión estratégica, lo cual hace que las actividades que se ejecutan no respondan a una planificación que considere las necesidades actuales y futuras de la comunidad educativa. Además falta claridad respecto a los roles y responsabilidades de las partes involucradas, lo que dificulta la coordinación y el direccionamiento estratégico que le corresponde ejercer al Ministerio de Educación Pública.

En lo que respecta a la estrategia y estructura, la gestión de la infraestructura educativa carece de una visión sistémica y anticipatoria debido a que el Ministerio no cuenta con una estrategia de infraestructura educativa. Asimismo, el Ministerio elabora Planes Anuales de Inversión, sin embargo, estos no se encuentran vinculados al ciclo presupuestario y presentan bajos niveles de cumplimiento; en 2020 y 2021, en promedio solo el 5% de los centros educativos incorporados efectivamente recibieron recursos.

En cuanto a procesos, se determinó que son complejos, desarticulados y no integrados. Tampoco se dispone de un proceso que permita articular la participación y aportes económicos de otros actores en la gestión de la infraestructura educativa, tal es el caso de los Gobiernos Locales. 

Por último, el Ministerio carece de información sistemática, confiable y oportuna para la toma de decisiones sobre la gestión de infraestructura educativa ya que se carece de un proceso formal para recopilar, procesar y actualizar la información de manera sistemática y simplificada.