Durante los últimos años, fueron varios los proyectos que se impulsaron en Argentina sobre Ficha Limpia para impedir que personas condenadas por delitos de corrupción accedan a cargos electivos. Actualmente, tras superar diversas etapas de negociación, la iniciativa quedó aprobada en comisiones y este miércoles será tratada en Diputados.

“Ficha limpia es una de las primeras iniciativas que presenté cuando ingresé a la Cámara de Diputados. Fue mi primer proyecto del año 2016 y está inspirado en el debate que, hace poco tiempo, se había dado en Brasil”, explicó Silvia Lospennato, autora de la propuesta, en diálogo con El Auditor.info. La legisladora comentó que para ser aprobado en el país vecino "el proyecto debió pasar por un proceso de consulta popular”.

“Un grupo de ciudadanos se organizó de manera independiente para pedir por la Ficha Limpia”, explicó Lospennato.

Lospennato considera necesario avanzar en esta legislación porque “en el artículo 36 de nuestra Constitución Nacional se equipara la corrupción con un atentado contra el sistema democrático”. 

La iniciativa propone una modificación al artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, al añadir un inciso que establece restricciones para los condenados por delitos relacionados con la corrupción. En ese inciso se dispone que aquellos individuos que hayan sido condenados por delitos previstos en el Código Penal, como cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito de funcionarios o encubrimiento, no podrán formar parte de los partidos políticos.

De aprobarse la normativa, abarcaría también el delito de fraude contra la administración pública y se extendería a todos aquellos delitos incorporados al Código Penal en virtud de la Convención Interamericana contra la Corrupción. La limitación de acceso a cargos públicos se aplicaría desde que se dictamine una sentencia condenatoria en segunda instancia y se mantendrá vigente hasta la revocación de la sentencia o el cumplimiento de la pena correspondiente.

“En 2018, un grupo de ciudadanos se organizó de manera independiente para pedir la ficha limpia. Nos conocimos y comenzaron a trabajar arduamente en la causa”, detalló la funcionaria. En ese momento surge la propuesta de petición ciudadana que, hasta la actualidad, cuenta con la adhesión de casi 439.000 personas en el sitio web Change.org. 

“A pesar de haber logrado despachar el proyecto en dos oportunidades, no conseguimos los votos suficientes; la gente no asistía a las sesiones especiales solicitadas para tratar el tema”, especificó Lospennato.

La propuesta recibió el respaldo de varias provincias y municipios que ya tienen normativas similares para limitar la participación de condenados en elecciones locales. Entre ellas se encuentran Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan y Santa Fe, mientras que ciudades como Olavarría, Pergamino, Bahía Blanca, Mar del Plata y San Isidro adoptaron medidas similares en sus respectivos regímenes municipales.

La discusión legislativa sobre la Ficha Limpia está marcada por la división entre los bloques políticos que actualmente conforman la Cámara Baja. El proyecto de la diputada por el PRO, Silvia Lospennato, obtuvo dictamen de mayoría con el apoyo de La Libertad Avanza, gran parte de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Por su parte, la bancada opositora plantea objeciones sobre su constitucionalidad y la posible vulneración del principio de presunción de inocencia.

Características del proyecto

Uno de los puntos clave del debate es si la ley debe aplicarse a los condenados por delitos de corrupción en general o solo a aquellos que han sido sentenciados en segunda instancia. Los defensores del proyecto argumentan que la medida busca fortalecer la democracia y aumentar la confianza ciudadana en las instituciones, limitando el acceso de quienes han sido condenados por actos ilícitos graves.

Por otro lado, desde el bloque de Unión por la Patria se propuso que la restricción se limite a aquellos con condenas firmes, es decir, una vez agotadas todas las instancias judiciales. La postura busca evitar que la ley sea utilizada para fines políticos o para excluir a candidatos de forma arbitraria.

El debate también se centró en la amplitud de los delitos que deben ser considerados en la Ficha Limpia. Aunque algunos proponen que la ley solo incluya casos de corrupción, otros sectores argumentan que deberían contemplarse otros delitos graves, como el narcotráfico o la violencia de género, para garantizar una política más inclusiva y equitativa en cuanto a los perfiles de los candidatos.

Para la diputada, “uno de los mayores desafíos de la iniciativa es lograr reunir los 129 votos en la Cámara de Diputados, pero especialmente costará los 37 senadores necesarios para su aprobación”.