En el marco del cumplimiento de la Ley 27.592, que tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y énfasis en cambio climático para quienes desempeñan la función pública, la provincia de Jujuy comenzó a desarrollar las capacitaciones.

Durante los próximos tres meses estará online la formación para que pueda ser realizada por los agentes de los ministerios de Seguridad, Desarrollo Humano, Cultura y Turismo, Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, Empleo y Trabajo, Ambiente y Cambio Climático, el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género.

La formación es online, cuenta con seis módulos obligatorios y tiene una evaluación al finalizar.

Los seis capítulos obligatorios abarcan temáticas ambientales estratégicas para la gestión del gobierno: objetivos de desarrollo sostenible, cambio climático, gestión de residuos sólidos urbanos, recursos naturales y biodiversidad, evaluación y fiscalización ambiental, eficiencia energética y energías renovables.

Además, el Estado proporciona un módulo optativo sobre la huella de carbono, residuos especiales y pasivos ambientales, conservación de recursos genéticos y emprendimientos sostenibles.

La formación tiene una carga horaria de 21 horas, divididas entre clases de vídeos, material de lectura y aportes bibliográficos multimedia. Los empleados estatales deberán realizarla de acuerdo a sus posibilidades y al finalizar rendirán una evaluación del módulo obligatorio.

La ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, María Inés Zigarán presenció el inicio de la formación integral para empleados y detalló que “desde el año 2021 se desarrolla la capacitación que ya concluyó con la etapa destinada a funcionarios y funcionarias públicos de los diferentes niveles y los diferentes poderes, capacitando a más de 400 personas”.

La Ley Yolanda

La Ley 27.592 es más conocida como Ley Yolanda. Lleva ese nombre en homenaje a la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina Yolanda Ortiz. El objetivo de la norma es garantizar una capacitación obligatoria en ambiente para quienes trabajen dentro de los tres poderes del Estado. La iniciativa fue sancionada en 2020.