Presupuesto 2025: advierten sobre el recorte de los fondos para conservación ambiental
La Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN) se pronunció en contra del proyecto de Ley de Presupuesto 2025. La entidad sostiene que "el Fondo Nacional para Bosques Nativos recibiría la asignación más baja desde su creación".
El Ejecutivo presentó el proyecto de Ley de Presupuesto 2025 que establece como prioridad la reducción del déficit fiscal. Ante este panorama, la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN) manifestó que, de aprobarse este proyecto, el Fondo Nacional para Bosques Nativos recibiría la asignación más baja desde su creación.
Ariel Slipak, economista y coordinador del área de Investigación de FARN, explicó que el enfoque de ajuste fiscal no solo afecta a las partidas ambientales, sino que forma parte de una política general de reducción del gasto público que impacta en áreas clave como la salud, la educación y el sistema jubilatorio. "Estamos viendo que, para sostener ese superávit, las partidas que más padecen el ajuste presupuestario son las vinculadas a subsidios, educación, salud y también las ambientales", señaló Slipak en conversación con El Auditor.info.
Además consideró que la propuesta “genera un ajuste en las políticas socioambientales” y prevé una “caída significativa” en el financiamiento de áreas clave vinculadas a la protección ambiental: a la conservación de bosques se le destinará aproximadamente $9.090 millones, que representan solo el 2,5% de lo estipulado por la Ley.
El aspecto más crítico es el financiamiento del Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de Bosques Nativos, cuya partida asignada es 38 veces inferior a lo estipulado por la Ley 26.331. El monto asignado para 2025 es de apenas un 0,0077% del total del presupuesto, incumpliendo lo dispuesto por la normativa vigente. A su vez, los programas vinculados a la conservación de los bosques nativos registran una caída del 27% en términos reales, señala el reporte de FARN.
Por otro lado, el programa de Evaluación y Control Ambiental, encargado de la supervisión de residuos y la fiscalización de estudios de impacto ambiental, sufrirá una disminución del 52,9% al 59,8% en términos reales, de acuerdo con FARN. Esta reducción ocurre en un contexto donde se proyecta la llegada de grandes inversiones que podrían tener un impacto negativo en el ambiente, lo que aumenta la necesidad de una mayor fiscalización.
Energías y el Sistema Federal de Manejo de Fuego
FARN especifica en su comunicado oficial que con el proyecto de Presupuesto 2025 se recortan los recursos destinados al Sistema Federal de Manejo del Fuego, responsable de la prevención y combate de incendios. Aunque se incrementa en un 46% en términos reales respecto al año anterior, Slipak subraya que “este aumento sigue siendo insuficiente para enfrentar la gravedad y recurrencia de los incendios en el país”.
Desde la Fundación advierten que el proyecto de presupuesto también elimina programas de energías renovables, lo que implica un retroceso en la transición hacia fuentes limpias. Se suprimen partidas como el Programa de Desarrollo de Iniciativas de Promoción de Energías Renovables y otros proyectos orientados a la generación distribuida, afectando la capacidad del país para cumplir con compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático.
"Lo que estamos viendo con mucha preocupación es que la ejecución del presupuesto ha sido cero durante nueve meses. Esto muestra una política explícita de no ejecución en favor de promover otros usos del suelo y los desmontes", manifestó Slipak.
Para 2025, se destinarán $228 mil millones a las empresas extractoras de gas, en contraste con los $77 mil millones asignados a la demanda de usuarios de garrafas, afectando el acceso equitativo a la energía, de acuerdo con el análisis de FARN.
Slipak alertó sobre las consecuencias sociales de esta política: “Esta caída en los subsidios a la demanda de hidrocarburos repercute en un incremento de tarifas, lo que a su vez incrementa la pobreza energética, afectando a los sectores más vulnerables”.
Camila Mercure, responsable de Política Climática de FARN, también dialogó con El Auditor.info y señaló que la eliminación de programas de energías renovables compromete la capacidad de Argentina para cumplir sus compromisos internacionales en materia de cambio climático. "El sector energético es responsable del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país y, al eliminar estos programas, se debilita la capacidad de transición hacia una matriz energética más limpia", advirtió.
La fusión del área ambiental con las carteras de turismo y deportes, vigente desde diciembre de 2023, continúa en el proyecto de Ley de Presupuesto 2025, lo que diluye la atención sobre las políticas ambientales. La asignación de recursos a la Subsecretaría de Ambiente representa un 0,066% del total, mientras que la Administración de Parques Nacionales (APN) recibirá un 0,0047% del presupuesto, según los datos proporcionados por FARN.
Las políticas ambientales se ven debilitadas en un contexto de crecientes desafíos ecológicos, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, según el informe de FARN.
Auditorías a programas ambientales
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó distintas auditorías a programas diseñados para proteger el medio ambiente. Sobre la desertificación, un informe del Programa de Acción Nacional (PAN) reveló el bajo cumplimiento de las gestiones ambientales entre 2016 y 2020, señalando deficiencias en la implementación de políticas para el manejo sostenible de la tierra. En relación a los glaciares, la AGN destacó la falta de monitoreo de los lagos formados en sus alrededores, lo que representa un riesgo para las poblaciones cercanas y subraya la importancia de proteger estos ecosistemas.
Otro informe se enfocó en la gestión de los Parques Nacionales, analizando la efectividad de las políticas de conservación. A pesar de las recomendaciones emitidas por la AGN en 2016, la mayoría seguía sin resolverse hasta 2021. Además, se examinó la labor de la Secretaría de Minería en el manejo de Pasivos Ambientales Mineros, encontrando fallas en la administración y en la estandarización de marcos normativos. En el ámbito de los bosques nativos, la AGN también llevó a cabo auditorías sobre la aplicación de la Ley 26.331, que establece presupuestos mínimos para su protección.