La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) destruyó 14.161 armas de fuego provenientes de incautaciones ordenadas por el Poder Judicial en el marco de investigaciones criminales y del desarme civil voluntario.

En los últimos tres años, la agencia destruyó más de 45.000 armas de fuego y más de 10 toneladas de municiones, superando las metas establecidas por Argentina en la Agenda 2030 de la ONU.

En los últimos tres años, la agencia destruyó más de 45.000 armas de fuego y más de 10 toneladas de municiones.

El último cargamento destrozado provino de decomisos realizados por el Poder Judicial en el marco de investigaciones por hechos delictivos (Ley Nº 25.938), armas entregadas en el marco del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (Ley Nº 26.216) y armas provenientes de bajas patrimoniales de Organismos Públicos Nacionales y Provinciales (Ley Nº 20.429).

El acto se llevó a cabo en la sede del Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMaC) y contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, la directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, Natasa Loizou, y el subdirector de dicho organismo, Carlos Fernández.

Las armas de fuego, provenientes de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Santa Fe y Tucumán, se destruyeron en el marco de la Ley 25.938 de secuestro y decomiso por comisión de delito en el marco de procedimientos de investigaciones judiciales, extraídas de los circuitos ilícitos y de la comisión de diversos delitos. Y el método utilizado para suprimir el armamento fue la destrucción por trituración y fundición.

Cabe destacar que la Agencia Nacional de Materiales Controlados fue creada por la Ley 27.192 en 2015, como continuadora del RENAR (Registro Nacional de Armas). Es un ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y su función es la “aplicación, control y fiscalización de la Ley Nacional de Armas y Explosivos 20.429 del año 1973”, así como la cooperación en el desarrollo de una política criminal en la materia y el desarrollo de políticas de prevención de la violencia armada.

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Tweet de Min. Justicia y DDHH

Programa Entrega Voluntaria de Armas de Fuego

El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones (PEVAF) fue creado por la Ley Nº 26.216 en 2007 y, desde ese momento, ha sido renovado sucesivamente. El proyecto, coordinado e implementado por la ANMaC, ofrece a la sociedad la posibilidad de entregar -de manera anónima y voluntaria- armas de fuego y municiones a cambio de un incentivo económico.

El método utilizado para suprimir el armamento fue la destrucción por trituración y fundición.

La participación es abierta a todas las personas, sean legítimos usuarios o no, y las armas recibidas son inutilizadas en forma inmediata en presencia de la persona que realiza la entrega. Luego, son destruidas en un horno de alta temperatura.

El resultado efectivo de la política de desarme voluntario consiste en registrar y quitar de circulación armas de fuego y demás materiales controlados que se utilizan en el mercado ilegal, en la comisión de delitos, y en la tenencia irregular en los hogares.

Desde su creación, el Programa recibió e inutilizó más de 200 mil armas y dos millones de municiones. En el primer semestre de 2021 fue relanzado a nivel nacional debido a la interrupción del Programa durante el periodo comprendido entre 2016 y 2019.

En septiembre de 2022, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley que establece la vigencia del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2023.

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Del Instagram de elauditor.info

Informe de auditoría

La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un informe sobre la gestión de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) durante 2016 y 2017 en que observaron que hubo más de 370 mil ciudadanos con armas denunciadas y/o con sus permisos vencidos. Además no se comprobó el trabajo para disminuir el uso de estos artefactos, ni tampoco se pudo constatar de que el ente haya realizado capacitaciones.

También hallaron irregularidades en la contratación de personal, fallas en los procesos de control y un proceso de modernización incompleto.