El tratamiento parlamentario del proyecto de ley sobre las llamadas “retenciones móviles” fue un acontecimiento auspicioso; no por el resultado de la votación final en sí, sino por el hecho mismo de haber tenido lugar en el ámbito del Congreso un debate amplio, seguido a través de la televisión por una masiva audiencia. A partir de ahora, el desafío para ese órgano básico de la república es mejorar o aumentar su capacidad institucional en varias materias; especialmente en hacienda pública, y dentro de ella en los aspectos de asignación, seguimiento y control presupuestarios.

 

Como es bien sabido,la Constitución Nacionalatribuye al Poder Legislativo la facultad de fijar el presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, y la de aprobar o desechar la cuenta de inversión (artículo 75, inciso 8). La capacidad legislativa en estas cuestiones está debilitada por su propia voluntad, exteriorizada en sus recurrentes sanciones de prórroga de la “emergencia” y en la decisión de dejar en manos del Poder Ejecutivo el ejercicio de facultades que originariamente eran “zona de reserva de la ley”.

 

El fortalecimiento institucional del sistema político como un todo requiere el fortalecimiento del Poder Legislativo. Es necesario que este órgano recupere la memoria y la iniciativa respecto de las atribuciones clásicas que informan su existencia y agregue nuevos instrumentos y conocimientos que le permitan, a la vez que cumplir dignamente su papel constitucional, acompañar la gestión del Poder Ejecutivo de manera constructiva y honesta.

 

Aun cuando el Parlamento recupere en plenitud su derecho de asignación presupuestaria, de momento carece de los recursos humanos, administrativos y tecnológicos necesarios para ponderar la prioridad y medir los efectos de los diversos programas incluidos en la propuesta presupuestaria del Poder Ejecutivo y realizar, en tiempo real, un análisis independiente de la ejecución del presupuesto.

 

Una manera de mejorar la capacidad del Poder Legislativo, en cuanto a la asignación y control de gastos y recursos públicos, podría resultar con la creación dela Oficinade Presupuesto del Congreso dela Nación. Setrataría de una oficina técnica, con capacidad para analizar exhaustivamente el presupuesto nacional, elaborar alternativas al proyecto que remite el Poder Ejecutivo y realizar la evaluación de la ejecución presupuestaria cumplida por las jurisdicciones y entidades de la administración nacional. El trabajo de esta misma oficina podría darle soporte al ejercicio de otras atribuciones constitucionales del Poder Legislativo, como lo son la de controlar la gestión financiera, patrimonial, económica y operativa del sector público nacional y la de arreglar el pago de la deuda pública. En la práctica institucional comparada, tenemos el antecedente dela Congressional BudgetOffice de los Estados Unidos, creada en 1974; en el orden nacional, hay proyectos presentados en ese sentido por legisladores, de uno y otro lado, que –como tantos otros referidos a reformas fiscales o de la política- no han alcanzado todavía el suficiente consenso. Subrayamos quela Oficinaen cuestión debe ser una unidad técnica, compuesta por personal idóneo en todos sus niveles, ingresado sobre la base de probar adecuados conocimientos y experiencia, que es como decir todo lo contrario de hacer valer el “sistema de botín” o la repartija propia del “estado de partidos”.

 

El Parlamento es una institución básica para el sistema democrático. Como bien apunta Julián Santamaría, representa el pluralismo político, expresa e integra los intereses y puntos de vista que coexisten en la sociedad, y también controla al Gobierno a través de una variedad de mecanismos. Este conjunto de funciones (representación, expresión integración, control) es probablemente la clave de su vitalidad y significación. Ello requiere, entre otras cosas, una dotación suficiente de medios y servicios de apoyo a la labor parlamentaria.