La Renta Básica
Es necesaria una intervención pública para que los beneficios del aumento del producto real no queden acoplados totalmente a la distribución prevaleciente de los factores económicos.
Por 1798 Malthus anunciaba en su “Ensayo sobre el principio de la población”, que la producción de alimentos sería insuficiente para atender el crecimiento poblacional. Lo fundamentaba de esta manera: “La población, si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión geométrica. Los alimentos sólo aumentan en progresión aritmética. Basta con poseer las más elementales nociones de números para poder apreciar la inmensa diferencia”. Las afirmaciones de Malthus no se han verificado en la realidad. En forma global, la producción de alimentos creció más que la población, merced a la incorporación de innovaciones tecnológicas y a la aplicación de nuevas técnicas en el trabajo agrícola. Afinando el análisis, es posible identificar sociedades que se caracterizan por tener un gran excedente de productos agrícolas antes que un déficit de éstos.
Desgraciadamente, lo que se ha cumplido del pronóstico sombrío de Malthus es su consecuencia de poblaciones o grupos poblacionales hambrientos, pero no a causa de un déficit en la producción mundial de alimentos, sino principalmente de una brutal desigualdad en la distribución de la riqueza. La gente no come bien porque no tiene el dinero suficiente para comprar los alimentos necesarios. Una “Revolución Verde” se ha expandido por el mundo a partir de los años 70 del siglo pasado, con efecto notablemente positivo sobre la productividad agrícola; al lado de ella se mantiene un poder avaro, codicioso y corrupto, desinteresado en la suerte de millones de seres humanos, al cual Santo Tomás de Aquino anatematiza en su “Suma Teológica” con el Decretum Gratiane: “El pan que retienes le pertenece al hambriento, la ropa que desechas al desnudo, y el dinero que entierras es la redención y la libertad del desposeído”. El fenómeno tecnológico no ha servido para cambiar la esencia de la distribución del poder y la riqueza.
La Argentina ha sido tocada de lleno por esa revolución de la productividad. En realidad, siempre fue considerada un país con “autonomía alimentaria”. Ahora mismo, produce alimentos suficientes como para dar de comer a más 100 millones de personas. Pero millones de argentinos no pueden acceder en este momento a una alimentación básica. Según un relevamiento de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), más de seis millones de chicos viven en la pobreza y la mitad de ellos pasa hambre.
La cuestión deja perplejos a propios y extraños: ¿por qué en una nación que es gran productora de alimentos la desnutrición infantil alcanza niveles alarmantes? La indignación se presenta cuando uno observa que durante el año 2008 el presupuesto nacional destinó 25.000 millones de pesos a subsidiar los gastos corrientes de firmas relacionadas con el transporte, el combustible, la energía, la minería y la agricultura. En un artículo publicado en el diario La Nación del 23 de julio pasado, Juan J. Llach describe la “anatomía de un despilfarro”, a saber: entre 2003 y 2008, el Tesoro otorgó subsidios al sector privado por 41.800 millones de dólares y exenciones impositivas por otros 26.800. Tiene razón CARITAS: “Lo que falta en el país no son alimentos sino argentinos que sepamos elaborar una buena propuesta y, sobre todo, que la sepamos concretar".
El crecimiento económico no genera por sí sólo el progreso social para todos. Es necesaria una intervención pública para que los beneficios del aumento del producto real no queden acoplados totalmente a la distribución prevaleciente de los factores económicos. Hay varias vías de intervenciones públicas para encaminarse hacia una sociedad sin hambre. La más directa y eficaz es el establecimiento de una Asignación o Renta Básica Universal. A la postre, la Renta Básica es una técnica de la distribución de los ingresos dentro de la economía.
La CEPAL, en un estudio sobre los costos económicos de la pobreza, llega a la conclusión de que luchar contra el hambre y la desnutrición y erradicarlos resulta ser un buen negocio para todos. Esta lucha requiere la identificación de las intervenciones públicas específicas con capacidad de eliminar cuanto antes a este flagelo, así como el compromiso y la atención vigilante de la sociedad sobre la conducción política de este proceso.
Hugo Quintana