El Congreso vuelve a estar en el centro de la escena política; esta vez tiene entre sus manos un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo para el “salvataje” de Aerolíneas Argentinas. En verdad, la situación de esa empresa de aeronavegación comercial se ha convertido en un desquicio, a lo que no es ajeno el mismo Estado que, en el curso del tiempo, ha dejado hacer y deshacer a su arbitrio a los grupos públicos y privados extranjeros que se han ido turnando en el control de la compañía.

Los “salvatajes” estatales de sectores o empresas privados en la Argentina tienen una historia “negra”; son una contundente comprobación empírica de que la teoría del “daño moral” existe entre nosotros: la prodigalidad gubernamental con el ahorro y el tesoro común ha estado presente siempre que alguna corporación con “convincente” capacidad de lobby ha necesitado que se le licuen o estaticen sus deudas, que se le absorban las pérdidas o que se le otorguen seguros de cambio. Con un Estado tradicionalmente permeable a las demandas de “socialización” que le hacen grupos de poder, es claro que hay un estímulo para que éstos emprendan cualquier aventura sin calcular los riesgos ni medir las consecuencias, total, en el peor de los casos, allí va a estar el erario para prestar el auxilio correspondiente y transferir la carga al resto de la sociedad.

La Confederación de Trabajadores del Estado (CTE) ha hecho pública su posición respecto a la “reestatización” de Aerolíneas Argentinas en un documento que se intitula “Ni brindis ni festejos, responsabilidad”. En él hace un llamado a un tratamiento parlamentario de la cuestión sin apresuramientos, sin proyectos “cerrados”, teniendo en cuenta, sobre todo, el interés general, dentro del cual está, por supuesto, la preservación del principal capital de la compañía, que son sus casi 10.000 trabajadores.

La recuperación de Aerolíneas Argentinas no es ni una “gesta épica” ni una “patriada”; es, ni más ni menos, una decisión política que, como todas, tiene que estar informada en el bien común, y éste, a su vez bajado al entendimiento público mediante un claro análisis de costos y beneficios sociales. Para que esa recuperación sea real y duradera, es necesario –como dice el mismo documento de la CTE- que el principio de competencia profesional y la regla de la idoneidad técnica prevalezcan en la organización que se vaya a dar a la empresa que vuelve al Estado.