Desde el retorno de la democracia, en 1983, en la que creemos con inquebrantable fe, los sistemas electorales se han ido reformulando.

Cuando niños, encontramos al alcance de la mano algunos métodos para resolver conflictos que, sin saber de dónde vienen, de generación en generación administran justicia o equidad con notable sencillez.

El “piedra, papel o tijera” es un ejemplo de inmediata resolución de disputas. El “pido” o “pido gancho” es una petición de tregua clara y herramienta de protección en momentos críticos.

Pero después crecemos y recurrimos a todo un sistema legal que nos permite vivir en comunidad y los instrumentos simples de la infancia se pierden en un laberinto de tinta e intereses contrapuestos.

Desde el retorno de la democracia, en 1983, en la que creemos con inquebrantable fe, los sistemas electorales se han ido reformulando, tanto a nivel nacional como provincial, de acuerdo con necesidades reales y conveniencias especulativas.

En cada ocasión en que la nación, una provincia o un municipio discuten un sistema electoral estamos definiendo la representación política, los que deliberarán y gobernarán por nosotros, es decir, las mayorías y minorías en las cámaras legislativas y en los concejos deliberantes y las posibilidades de acceder a la presidencia, a las gobernaciones o a las intendencias.

Cualquier modificación al sistema electoral ajusta los efectos políticos y puede terminar interpretando, con calculada subjetividad, la democracia que todos decimos defender.

Es así que cualquier regla o soportes técnicos que se apliquen en una elección pueden condicionar no sólo la calidad y la cantidad de la representación, sino también la transparencia del resultado final. A modo de ejemplo, podemos decir que en 1983 la elección presidencial fue indirecta, con colegio electoral, con dos senadores por provincia, el presidente duraba seis años en el mandato, y los gobernadores, cuatro.

Reforma constitucional mediante, se acorta el período a cuatro años con posibilidad de reelección, los senadores pasan a ser tres por provincia, sus mandatos disminuyen de nueve a seis años, y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires pasa a elegirse de manera directa.

Las provincias han aplicado, de acuerdo con sus normas territoriales, diversos sistemas electorales, en algunos casos reelecciones indefinidas, leyes de lemas, votaciones en simultáneo a las nacionales o no, según convenga, boleta única en papel, listas sábana, boleta única electrónica y demás.

Tenemos candidatos que pueden ser elegidos indistintamente en diversas jurisdicciones; por ejemplo, Cristina Fernández es candidata en un distrito donde no puede votar y, para no agrietarnos, Elisa Carrió pretendió ser candidata por la Provincia de Buenos Aires, pero, al ser rechazada, se presentó por la Ciudad de Buenos Aires con pronóstico de imbatibilidad. 

Tenemos legisladores que han accedido a sus bancas por un partido, para cambiar, sin previo aviso, a otro, frentes electorales que duraron sólo una campaña y las recordadas candidaturas testimoniales, en las que los postulantes se presentaban sabiendo que nunca iban a asumir el cargo para el que se candidateaban.

Ahora atravesamos a las PASO (primarias abiertas simultáneas obligatorias), que han servido sólo como una gran encuesta nacional (en las encuestas técnicas ya nadie cree), cuya implementación nos va llevando a un declive de la importancia del voto y su consecuente impacto en la vida democrática.

Votemos en octubre, elección que en esta ocasión es la que vale, sin pensar que gana el que más votos saca, sino que ganamos si quienes llegan a las cámaras y concejos realmente se ponen la ropa de una representación genuina.

Y un día después reflexionemos y consensuemos un sistema electoral que afiance la democracia y el voto como herramientas de un país más equitativo.

Si no lo logramos, regresemos a la infancia y, como mecanismo de elección, acudamos a la “pisadita del pan y queso” y que la inocencia de la niñez nos ayude.

*Secretario general de la Organización de Trabajadores Radicales (OTR-CABA) y secretario adjunto de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC).