La frase “tirar margaritas a los cerdos”, se acomoda a una situación caracterizada por la asignación de una considerable cantidad de recursos a una organización o a una persona que, a la postre, demostraron no tener suficiente aptitud para saber aprovecharla.

Este parece ser el caso del préstamo de 250 millones de dólares entregado en 1997 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el siempre postergado saneamiento de la cuenca Riachuelo-Matanza. En los años corridos desde 1998, el avance en el programa de saneamiento de la “Cuenca” ha sido prácticamente nulo. Aun cuando por diversos avatares el monto disponible quedó reducido a US$ 100 millones, el hecho es que, al cabo de 10 años, solamente se utilizaron US$ 38 millones. Lo que ha tenido un avance imparable es la factura de gastos financieros que emite la entidad prestamista, el BID. En efecto, los intereses y comisiones pagados por el préstamo hasta el mes de abril de este año totalizan US$ 38,7 millones y US$ 8,2 millones, respectivamente.

En fecha reciente, más precisamente el 9 de junio pasado, el Banco Mundial nos ha distinguido con la concesión de un crédito por US$ 840 millones para hacer la misma cosa que debimos empezar a realizar una década atrás, aunque el acto de aprobación incluye un listado de recriminaciones hacia nuestro país.

Está muy bien que por segunda vez un organismo multilateral de crédito otorgue dinero para la limpieza del Riachuelo. Sería interesante que lo recibiera alguien que quisiera utilizarlo y supiera cómo hacerlo. La experiencia está enseñando que ha faltado una firme definición política al respecto y capacidad técnica para abordar un problema de larga data, que se ha ido agravando con el paso del tiempo. Ni siquiera se ha podido evitar que se siga contaminando.

La nueva institucionalidad del proyecto de limpieza no ha tenido mucho mejor desempeño que el anterior organigrama. Entre enero y principios de marzo de 2009, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) no ejecutó ni un solo peso en el saneamiento del curso de agua, pese a que dispone de $ 135,4 millones para todo este ejercicio, un 70% más que el año anterior.

Ya es de “público y notorio” que la cuenca hídrica del río Matanza-Riachuelo es la más contaminada del país y una de las más contaminadas del mundo. Su situación sanitaria y ambiental afecta en forma directa a más de cinco millones de ciudadanos. El 55% de esta población carece de redes cloacales y el 35% no cuenta con agua potable. Los estudios existentes evidencian una contaminación que, en muchos casos, causa daños irreparables e irreversibles a la salud de las personas. El crecimiento rápido y anárquico de barrios y asentamientos en el territorio de la Cuenca no fue acompañado de las inversiones necesarias en infraestructura y servicios. Como consecuencia, existe un rápido aumento del número de personas que viven precariamente y en hacinamiento extremo, sin abastecimiento de agua, sin recolección de basura, sin eliminación de excretas ni de aguas residuales. Las condiciones sociales y sanitarias existentes en el área convierten a la población en vulnerable frente al deterioro ambiental de la Cuenca. Las problemáticas socio-sanitarias y el deterioro ambiental se potencian mutuamente hundiendo a la población en los niveles más bajos del desarrollo humano.
 
La disposición de capacidad de gestión en el seno del Estado es condición fundamental para encarar con buena probabilidad de éxito la resolución de problemas públicos de cualquier envergadura. Sin ésta, la disponibilidad de recursos es vana, ya que no ha de estar presente la inteligencia directiva que los organice y que encamine los esfuerzos en el buen sentido. Un programa público sin capacidad de gestión es agregar un problema a los que se quiere resolver, ya que pronto van a aparecer los costos de ineficiencia, el derroche de recursos y la liviandad en los controles. La capacidad de gestión se afianza con buenos controles por dentro y por fuera de la autoridad ejecutora del programa o proyecto. Buenos controles significan mecanismos e intervenciones que implementan evaluaciones y exámenes objetivos, oportunos y sustantivos.

A veces, no es que falte voluntad política de hacer planes de gobierno y de tomar decisiones; sucede, en realidad, que cuando se quiere avanzar aparece el obstáculo insalvable que representa la inexistencia, en la organización del Estado, de una fuerte “racionalidad técnica” capaz de traducir las ideas y los objetivos políticos a líneas de acción, y luego llevar éstas a la práctica.

Los problemas ambientales golpean con más dureza sobre los más necesitados. La eficacia y la rapidez con que un gobierno los resuelve en la práctica son una prueba contundente de su preocupación real por la equidad social.

Hugo Quintana