El intendente de Junín, Pablo Petrecca, el secretario de hacienda Ariel Díaz y un grupo de concejales oficialistas y de oposición deberán pagar más de 700 mil pesos por aprobar una ordenanza que promovía una auditoria de la Universidad de Buenos Aires para revisar las cuentas municipales en 2016.

En ese momento, la contadora municipal de Junín Natalia Donati, se opuso a esa contratación por parecerle un gasto innecesario y desobedecer al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que en tal caso es el organismo indicado para realizar esa tarea.

En ese sentido, cabe aclarar que la Ley orgánica de las municipalidades dispone que el Concejo Deliberante sea el organismo encargado de controlar las cuentas de la administración de forma interna y que sea el Tribunal de Cuentas quien tiene facultad de controlar los gastos. El fallo del propio tribunal aclara que la decisión de contratar un órgano que se encargue de realizar la misma función que ya está en cabeza del Concejo presupone un dispendio administrativo y un gasto innecesario que deviene en un perjuicio a las arcas comunales.

El dictamen del máximo organismo de control bonaerense establece que el Ejecutivo se constituye en responsable por la contratación efectuada, ya que de tener la necesidad de reforzar las áreas que dependen de su departamento, debió afrontar los gastos con fondos propios y no públicos, considerándose que posee personal al cual se abonan salarios para desarrollar las mismas tareas, por lo tanto se abona dos veces por el mismo servicio.

Por último, el fallo del Tribunal de Cuentas dispone que Petrecca pague de su propio bolsillo los gastos de la auditoria y que son responsables solidarios el Secretario de Hacienda Ariel Díaz, el Tesorero Municipal Claudio Osvaldo Burgos y concejales de Cambiemos y del Frente para la Victoria.