La justicia se declaró incompetente en una causa contra un exgobernador
Fue en el fuero federal y es por un caso ocurrido en 2008 pero que trascendió en 2014 y llegó a tribunales ahora, tras una denuncia de la Oficina Anticorrupción. Se trata del supuesto pago de coimas de empresarios aeronáuticos estadounidenses a funcionarios locales durante el mandato de José Luis Gioja. El expediente pasó al fuero provincial.
Luego que la Oficina Anticorrupción (OA) denunciara el supuesto cobro de coimas durante la gestión de José Luis Gioja como gobernador de San Juan, la justicia federal de esa provincia se declaró incompetente y ahora el caso será investigado por el fuero ordinario.
Los hechos en cuestión trascendieron en 2014, con la confesión de empresarios aeronáuticos estadounidenses, quienes reconocieron ante la justicia de su país haber pagado en 2008 sobornos a gobiernos regionales de Argentina y Brasil para mantener contratos de refacción de aviones.
En ese juicio, llevado a cabo hace cuatro años, los miembros de la empresa Dallas Airmotive admitieron las coimas y e incluso debieron pagar una multa de 14 millones de dólares por violar la ley que sanciona las prácticas corruptas de empresas de Estados Unidos en el extranjero.
Según esas delaciones, allá por 2008 la firma envió dinero desde su cuenta en Nueva York hacia la de un “representante comercial” en la Argentina, “a sabiendas que los fondos, al menos en parte, serían transferidos a funcionarios de la oficina del gobernador” Gioja, según reproducen las crónicas de la época.
Según las delaciones, los sobornos oscilaban entre 5 mil y 15 mil dólares por motor del parque aeronáutico
También se supo, siempre en palabras de los empresarios involucrados, que las coimas oscilaron “entre los 5 mil y los 15 mil dólares por motor”, a cambio de lograr el contrato de mantenimiento del parque aeronáutico que tenía la provincia por aquel entonces.
Pese a estas revelaciones, el caso no tuvo mayor repercusión en el país. Sin embargo, a una década del momento en que, supuestamente, ocurrieron los hechos, y a cuatro años de la confesión de los empresarios estadounidenses, la Oficina Anticorrupción reflotó el caso.
En primer término, la OA llevó la denuncia a la justicia federal sanjuanina que, a expensas del fiscal Francisco Maldonado y por decisión del juez Leopoldo Rago Gallo, se declaró incompetente. Por eso la investigación pasó al fuero provincial.
Además, la entidad también solicitó al Poder Ejecutivo provincial que se le remita la totalidad de los contratos suscriptos con Dallas Airmotive o cualquier otra empresa o persona que haya oficiado de representante o filial de la firma.
Asimismo, la OA pidió que se requiera al Departamento de Justicia de Estados Unidos que envíe toda la información de maniobras delictivas relacionadas con la frase “oficina del gobernador de la provincia de San Juan”.
Y, para completar el cuadro, el organismo de transparencia quiere que se identifiquen las cuentas bancarias desde y hacia la cuales se realizaron las transferencias de dinero mencionadas en el juicio llevado a cabo en Estados Unidos en 2014.