La medida cautelar fue presentada por el juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Ordena a todas las empresas prestatarias de servicio de gas de Argentina, abstenerse de cortar o suspender el suministro por falta de pago en los próximos 90 días.

En el marco del expediente Consumidores Argentinos Asociación para la Defensa, Educación e información de los consumidores c/ P.E.N. y otros s/ acción declarativa de inconstitucionalidad, donde la Asociación Consumidores Argentinos pedía que se dejen sin efecto los aumentos y que se retrotraiga el precio de las tarifas a los valores aplicados desde fines de 2017, hasta que se realice la correspondiente audiencia pública.

Pero el magistrado federal consideró el peligro en la demora, las exigencias concretas de pago con fecha de vencimiento, la posibilidad de corte por falta de pago y dictó la medida cautelar. El fallo analiza la forma en que se dieron los aumentos, pone el foco en la naturaleza de las audiencias públicas y presta atención a la situación de los sectores más vulnerables.

"Ciertos derechos como la accesibilidad a los servicios públicos elementales que deben ser garantizados", indica el fallo. Asimismo, tiene en cuenta las condiciones climáticas: Las bajas temperaturas que se registran y el riesgo que se podría generar si se les impidiera a los usuarios el acceso a esta prestación esencial para el desarrollo de su vida cotidiana". La medida incluye a personas que ya se les haya cortado el suministro.

Desde la Defensoría Bonaerense, Guido Lorenzino expresó que esta decisión va en línea con lo que le reclamamos a todas las firmas que prestan el servicio en la Provincia. Se trata de una decisión que tiene en cuenta la situación de vulnerabilidad de las familias, sobre todo las que menos tienen, jaqueadas por estas subas irrazonables.

La semana anterior, desde la Defensoría habían presentado una denuncia ante el Fiscal Federal de La Plata, a raíz de la gran cantidad de usuarios con facturas de gas impagables. Diego Beghelini, secretario Legal y Técnico de la Defensoría, en dialogó con Gestionpublica.info, explicó que esta denuncia atiende a la cantidad de reclamos que estamos recibiendo desde el año pasado pero especialmente este año, donde llegaron facturas con montos impagables. Hay usuarios con deudas de 48 mil pesos, algunas son solo de consumo y otras vienen con acumulación de deuda anterior.

Las tarifas hoy representan un impacto mensual, ya sea puro o acumulado, que para el ingreso medio de la Argentina es desproporcionado. La denuncia fue acompañada por informes realizados por la Defensoría sobre los aumentos tarifarios, la ineficiencia de la tarifa social y la situación en la provincia.

Según Beghelini, lo que está pasando con el gas es una acción inconstitucional. La tarifa es impagable, el servicio es malo y el 70 por ciento de las familias que deberían tener Tarifa Social, no la tienen. El gas y la luz son como el agua. Tiene que haber un mínimo de servicio indispensable. Para poder higienizarse y calefaccionarse. Los cortes de servicios son una afectación a los derechos humanos.

Creemos que el estado puede asumir esto. Porque el consumo residencial de estos tres servicios no llega a más del 18 por ciento del uso total que se hace de los mismos. La mayor cantidad lo usan los grandes consumidores que son las empresas generadoras termoeléctricas, las industrias y comercios. Las familias, que son nuestra preocupación principal, gastan menos del 20 por ciento del consumo total del país. Entendemos que a ese grupo se le pueden garantizar los servicios, finalizó Beghelini.