Esta no será una semana fácil para el Gobierno, como tampoco lo fue la semana pasada, cuando sufrió una sangría de dólares para intentar frenar la corrida cambiaria que a pesar de los grandes esfuerzos realizados por controlarla la máxima autoridad monetaria debió salir a vender 4.000 millones de dólares de reservas y aumentar las tasas de referencia- alcanzó su máximo histórico rompiendo la barrera de los 21 pesos.

Al regreso del fin de semana largo, el Gobierno deberá afrontar una partida complicada en el Congreso por el tema de los aumentos en las tarifas de los servicios, que ha conseguido unir a los sectores más importantes del arco opositor y ha despertado también una catarata de dudas y críticas entre sus propios aliados como la UCR y la Coalición Cívica.

Tampoco lo ayudará el contexto, ya que desde este miércoles aumentará un 46 por ciento la tarifa de subterráneo (de 7,50 a 11 pesos) y a partir de junio llegará a los 12,50 pesos el pasaje, lo que llevará el porcentaje final al 67 por ciento de aumento, una cifra tres veces superior al 15 por ciento fijado como meta inflacionaria para este 2018. Aunque hay que tener en cuenta, en este caso, que la última vez que se había tocado la tarifa había sido en octubre de 2016 y que al año siguiente se mantuvo como parte de la estrategia oficialista de cara a las elecciones de medio término.

También aumentará esta semana el agua, en un 26 por ciento, que la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) justificó en la necesidad de contrarrestar los efectos de la inflación y afrontar los déficit operativos derivados de la incorporación de ocho nuevos municipios al área de concesión, entre ellos los partidos de Escobar, San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Merlo y Florencio Varela.

Este no es el mejor escenario para que el Gobierno inicie una semana corta pero que promete ser intensa, y que arrancará el miércoles en la Cámara de Diputados con el debate que pretende ponerle coto al tarifazo en los servicios públicos. El lugar de discusión será la Comisión de Presupuesto. Allí se concentrarán las tensiones, cuando los sectores opositores busquen conjuntamente un dictamen de mayoría para que se trate por la vía rápida un proyecto de ley para retrotraer las tarifas a noviembre de 2017, estabilizarlas durante el 2018 y vincularla en el futuro a los aumentos salariales para las viviendas particulares y al índice de precios mayoristas para las cooperativas y las pymes.

Como la iniciativa ya tiene dictamen favorable de las comisiones de Obras Públicas y Defensa del Consumidor, si la oposición consigue su objetivo en Presupuesto, se cumplirían todos los requisitos reglamentarios por lo que al Gobierno no le quedará otra que tratar el tema la semana próxima en el recinto, donde la oposición podría imponerse con la mayoría simple y lograr la media sanción. Siempre que el presidente Mauricio Macri no imponga su poder de veto. De hecho, de hacerlo debería pagar un costo político demasiado alto.

Si bien frente a otros proyectos la Comisión de Presupuesto le sirvió al Gobierno para frenar iniciativas de sectores opositores, en este caso en particular las cuentas son más bien parejas. Cambiemos cuenta con 23 diputados propios (14 del PRO, 8 de la UCR y 2 de la CC); a ellos podría sumar a Martín Lousteau. El arco opositor cuanta con 20 (12 del FpV-PJ, 4 de AF y 4 del FR) y podría sumar otros cuatro con diputados de San Luis, Córdoba, Misiones y Santiago del Estero.

Hasta el momento, la estrategia oficialista para defender los aumentos de tarifas y volcar el costo político de eso a las provincias, con el pedido de que éstas reduzcan sus impuestos sobre el consumo de los servicios públicos, no hizo más que juntar a la oposición y levantó también polvareda entre algunos de los aliados del Gobierno. Tanto la UCR y la CC se quejaron en la Casa Rosada y como calmante recibieron poco: pago en cuota y con intereses para los usuarios.

Justamente, son los propios usuarios el objetivo principal al que apunta los argumentos del Gobierno para justificar su política de aumento de tarifas. Son los usuarios dicen- los que derrochan en su consumo. Aunque no existen números duros que sostengan este tipo de argumentos, el Presidente ha referido a ello con frecuencia. Culpar a los sectores más castigados por los aumentos, como pueden ser los sectores vulnerables, el comercio pequeño y mediano o las pymes, no es realmente creíble. Como tampoco lo era el discurso que con la quita de los subsidios al consumo los consumidores iban a vivir mejor. Este fin de semana pasado, el economista Alfredo Zaiat (Página 12, 29/4/18) un artículo que ilustra muy bien esta cuestión. Según un informe del FMI, el nivel de subsidios al consumo de energía eléctrica que los argentinos recibían hasta la llegada del Gobierno de Cambiemos en 2015 era de 413 dólares por habitante, un 35 por ciento menor al promedio mundial de 640 dólares per capita. En Estados Unidos, por ejemplo, la cifra alcanza los 2.177 dólares; en China, 1.652; en Australia, 1.259; en España, 521; y en Chile, 515.

Nadie del Gobierno menciona estos datos que maneja el FMI, para resistir la presión de los usuarios, que comienzan a mostrar su disconformidad con el rumbo económico y el costo que este tiene en sus bolsillos, prefieren utilizar la retórica. Es el caso del jefe de Gabinete, Marcos Peña, que la semana pasada aseguró que es difícil sincerar el sistema tarifario después de tantos años de mentira y destrucción del sistema energético.

Si la iniciativa llega al recinto la próxima semana, los argentinos contarán con más información para intentar entender las posiciones que asuman tanto el oficialismo como la oposición. Si el fallo resulta favorable y se logra sancionar una ley que ponga límites a los tarifazos, al Presidente le quedará como última instancia su derecho al veto presidencial. Ya ha amenazado con su implementación, claro que de hacerlo deberá pagar el costo político.

*Sociólogo y periodista.