Hace tres años, la Auditoría General de la Nación (AGN), cuestionó los mecanismos de control interno y de seguridad del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF). Puntualmente, se alertaba sobre riesgos superiores a los recomendables y entre otras cosas, se remarcaba que los métodos de evaluación que se alcanzaron a crear no fueron aplicados en todas las áreas.

El SIDIF (que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía) se diseñó, desarrolló e implementó en el país en 1993; a través del financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un plan de cuentas donde, luego de aprobada la Ley de Presupuesto a principios de año, se cargan (con el mayor detalle posible) todas las estimaciones de ingresos de la Administración Nacional y todos los gastos que fueron aprobados (desde insumos, viáticos, sueldos o ejecución de programas).

Cada jurisdicción de la Administración Central cuenta con su propio Servicio de Administración Financiera (SAF), que con el correr de los años, y desde el 2003, se fueron incorporando al SIDIF Local Unificado (SLU), que hoy cuenta con el 95% de los SAF en línea.

En relación a este punto, el informe de la AGN, en base a datos del 2009, señaló que durantes los años en que se fueron incorporando los SAF al Sistema Unificado, la información corría un riesgo superior al recomendable, dado que entre cada módulo ya desarrollado coexistían varías bases de datos con su duplicación y/o triplicación.

Los Servicios de Administración Financiera (SAF), son unidades de gestión sin patrimonio propio ni personalidad jurídica, pero por razones de administración financiera justifican su constitución para facilitar los procedimientos de gestión en el ámbito de una determinada jurisdicción o entidad.

En cuanto al soporte y garantía de seguridad de los sistemas, el informe de la Auditoría sostuvo que es necesario mantener la integridad de la información y proteger los servicios activos de Tecnologías de Información, lo cual requiere un proceso de administración de seguridad. En tal sentido, se puntualizó: No se llevan estadísticas ni realizan informes periódicos sobre incidentes de seguridad y, pese a existir un Equipo de Prácticas de Seguridad Informática (EPSI), formado por agentes de diversas áreas, en los SAF la responsabilidad de la seguridad le corresponde a los administradores locales.  

Pese a que en el sistema se pueden visualizar todos los posibles gastos de cualquier organismo que posea el SAF, desde la AGN se resaltó que en las órdenes de compra analizadas, no se encontró documentación que especifique la relación entre el contratista y los proveedores, lo cual impide conocer el desempeño de los mismos.

El pedido en Diputados

En junio de 2011, Fernanda Reyes, presentó, junto con Adrián Perez, ambos diputados de la Coalición Cívica, un proyecto donde le solicita al Poder Ejecutivo otorgar a los diputados de la Nación, una clave para poder acceder al Sistema Integrado de Información Financiera. Gestionpublica.info, se comunicó con Reyes para saber el estado parlamentario de la normativa.

De acuerdo a lo que pude observar en el trámite parlamentario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a la fecha no se han ingresado nuevos proyectos relacionados al tema, explicó la ex diputada (finalizó su mandato en diciembre del año pasado). Igualmente, aseguró que desde la Coalición Cívica se insistirá en este tipo de medidas que contribuyen a la transparencia de las cuentas públicas, pero con la nueva conformación de la Cámara pienso que será complicado avanzar en este sentido.

En relación al acceso a la información, transparencia y el control de las cuentas públicas, Reyes sostuvo: En los últimos años hemos retrocedido en materia de control de las cuentas públicas. Hay escasa información para evaluar la ejecución presupuestaria, no hay un debate serio y minucioso del proyecto de presupuesto de la Administración Pública nacional. No se analiza y debate la cuenta de inversión, la última aprobada es del 2004. El uso de los superpoderes en materia presupuestaria ha desvirtuado la facultad exclusiva que otorga la Constitución Nacional al Congreso de la Nación para fijar el presupuesto de recursos y gastos. En promedio, en los últimos años, el Poder Ejecutivo ha modificado discrecionalmente el 20% del presupuesto total, concluyó.