Publicado: 12-03-2012 
  
Mendoza.- Lo sucedido con el accidente ferroviario en la estación de Once determina que hubo numerosas falencias. Pero que esencialmente no funcionaron los organismos de control porque no actuaron con la seriedad y eficiencia que corresponde y sólo, en el mejor de los casos, se limitaron a denunciar fallas y carencias que costaron muy caras; como esas 51 vidas humanas.

A medida que pasan los días y que se van conociendo nuevas informaciones sobre lo sucedido con el accidente en la estación ferroviaria de Once, que costó la vida de 51 personas y que dejó más de 700 heridos, más se pone en tela de juicio la responsabilidad de los permisionarios de las líneas férreas, el destino de los subsidios otorgados por el Gobierno y la función que les cabe a los organismos de control.

Así, por ejemplo, los trascendidos indican que quienes tienen a su cargo la explotación de esa línea ferroviaria priorizaron la ganancia de la empresa a costa de debilitar la seguridad de los trenes. Esas mismas versiones indican también que no todo el subsidio otorgado por el Gobierno que aparece en los números llegaba a la empresa, sino que "algo" quedaba en el camino. Trascendidos y versiones que no han sido aún debidamente desmentidas desde un sector u otro.

Y hay un tercer aspecto que también genera preocupación: el de los organismos de control. Ahora se sabe, por ejemplo, que desde 2003 hasta la fecha los delegados de la Unión Ferroviaria presentaron más de 300 denuncias al Gobierno y a la empresa TBA, en las que alertaban sobre la falta de inversiones en el área de mantenimiento, el mal estado de los coches, que datan del año 1950, y la falta de señalización en los pasos a nivel, entre muchos otros temas.

Pero lo más grave es que el propio Gobierno ignoró un duro informe oficial que había sido presentado por la comisión que regula el transporte. El ahora ex secretario de Transportes, Juan Pablo Schiavi, recibió hace un año un informe que advertía sobre las deficiencias estructurales que presentaban las líneas Sarmiento y Mitre, ambas operadas por la misma empresa Trenes de Buenos Aires.

Señalaba el informe que la infraestructura, el material rodante, el sistema de señalización y telecomunicaciones y el tendido de la red eléctrica mostraban "serios problemas de mantenimiento", y en relación directa al material rodante destacaba que había "fallas preocupantes desde el punto de vista de la seguridad, por su gravedad y repetición".

Si bien el informe se centraba en el estado de las vías y de los coches, evadió señalar algunos aspectos, como por ejemplo que la licitación para la renovación del sistema de señalamiento y telecomunicaciones se realizó en 2005, se adjudicó en 2007 y jamás se inició.

Hubo entonces errores inadmisibles y silencios cuasi cómplices al desconocer tanto la denuncia de los trabajadores como la del organismo de control, situación aún más intolerable si tenemos en cuenta que el ex secretario de Transportes había sido designado en el cargo por su amplio conocimiento en el tema ferroviario.

En oportunidad de producirse la privatización de los servicios que hasta la década del 90 estaban en manos del Estado, surgieron organismos de control para asegurar la calidad de los servicios. Entre ellos aparece Enargas, a nivel nacional y nuestros mendocinos EPRE (regulador eléctrico) y EPAS (agua y saneamiento). Todos los habitantes dependen, entonces, de su buen funcionamiento y las fallas o carencias pueden costar muy caro, como sucedió con el accidente ferroviario de Once.

Si bien las pérdidas de vidas humanas son irreparables, lo ocurrido debe servir como nefasto antecedente para que, en todos los órdenes, los organismos encargados del buen funcionamiento de los servicios profundicen las exigencias y apliquen con rigor sus atribuciones. De lo contrario no sólo generarán pérdidas materiales y posiblemente humanas, sino que caerán, con razón, bajo el manto de las sospechas y la desconfianza.