Las organizaciones delictivas para poder progresar necesitan de la corrupción política. Esas fueron las palabras del diputado nacional por el radicalismo, Mario Barletta, al considerar necesario la instalación de un debate, tanto legislativo como de la sociedad civil, en torno al rol y las funciones de los organismos de control. 

Según consideró el ex presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) es necesario que los organismos de control recobren protagonismo ya que son las herramientas que tiene el sistema democrático y republicano para poner en evidencia los desvíos, ineficiencias y actos indebidos de la gestión pública.

Barletta apuntó directo sobre la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Respecto a estos organismos, el diputado consideró que no contaron, desde la perspectiva política, con el suficiente apoyo y la necesaria independencia para cumplir con su tarea.

Consultado sobre el involucramiento de la sociedad civil en el debate de las políticas de transparencia, el ex intendente de la ciudad de Santa Fe indicó que convocar a las organizaciones sociales y trabajar con los diferentes partidos de la oposición es importante para analizar si están dadas las posibilidades para que los organismos puedan cumplir con sus responsabilidades.

Otro punto sobre el cual hizo hincapié Barletta fue la escaza difusión de los informes de los organismos de control. Al respecto, recordó una reunión que mantuvo cuando asumió la presidencia del partido con el titular de la AGN, Leandro Despouy, en la que advirtió que había una cierta desconexión entre el trabajo del organismo, su relación con el Congreso y lo que se ponía en conocimiento público. Más allá de que los informes estén publicados en la web de la Auditoria, es muy difícil que la gente se involucre, opinó el diputado nacional. Sin embargo, precisó que la tragedia ferroviaria de Once hizo que la Auditoria comience a difundir más sus informes.

Por último, el diputado radical fue contundente y se preguntó si el gobierno tiene intenciones de devaluar la tarea de los organismos de control. Es una decisión política poner en evidencia o tapar cuando se producen hechos indebidos, concluyó.