Publicado: 17-03-2014
 
Córdoba.- Sin dudas, el día en que los informes de la AGN sean vinculantes, los funcionarios sentirán lo que los controles significan para sus conductas.

Los informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) no hacen más que demostrar la conveniencia y necesidad de contar con controles eficientes. Su falta, negación o desconocimiento traen aparejadas consecuencias nefastas. 

La tragedia de Once no sólo cubrió de dolor a toda la Argentina por la pérdida de vidas humanas, sino que también puso al descubierto la desidia estatal respecto del sistema de transporte ferroviario.

Recientemente, la AGN volvió a publicar un informe lapidario sobre el sistema de transporte; en este caso, referente a los subsidios otorgados al Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau). 

Se comprobaron serias deficiencias y debilidades en el control de subsidios.

Como consecuencia de la devaluación posconvertibilidad, se sancionaron varias normas que intentaron paliar las dificultades por las que atravesaba, entre otros, el sector del transporte automotor. 

La primera de estas medidas consistió en incluir al transporte automotor de pasajeros dentro de los beneficiarios del fideicomiso creado a partir de la tasa sobre el gasoil (decretos 976/01 y 652/02).

Entre los ejercicios 2003 y 2012, estos subsidios se incrementaron en un 4.575 por ciento, al pasar de 341 a 15.975 millones de pesos. A ello se sumó el suministro de gasoil a precio diferencial (resolución 23/2013 de la Secretaría de Transporte).

El informe de la AGN revela que dichos subsidios –los cuales durante el período auditado (enero de 2010 a diciembre de 2011) ascendieron a la suma de 19.327 millones de pesos– fueron otorgados sin estar sometidos a controles eficientes.

El relevamiento arrojó un resultado lapidario: por un lado, se comprobó que la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) había incurrido en omisiones gravosas en cuanto al nivel de controles y auditorías; y por el otro, que de las auditorías realizadas se desprendía la existencia de serias deficiencias en la asignación de recursos públicos.

En el primer aspecto, se constató que la mitad del cupo de gasoil asignado a los beneficiarios no fue alcanzado por el control de las auditorías y, peor aún, las empresas más beneficiadas fueron las menos auditadas (sólo el 41 por ciento).

En cuanto a la asignación de recursos, las auditorías demostraron la existencia de un alto porcentaje de empresas que prestaban un volumen menor de servicios que los que se tomaban en cuenta para la asignación del gasoil. 

Sobre esta última cuestión, se verificó tanto el incremento de subsidios pese a no haberse realizado los controles correspondientes (ejemplo: Micro Ómnibus Norte SA) como la asignación de recursos a empresas que no prestaban el servicio (ejemplo: Transporte Interprovincial Rosarina SA), o que no habían presentado la correspondiente declaración jurada (ejemplo: Almirante Guillermo Brown SRL).

La situación es aún más gravosa, pues no sólo se logró constatar dichas irregularidades, sino que se corroboró que no existieron sanciones ni se exigió el reintegro del gasoil que había sido otorgado en exceso.

Asimismo, los costos que se tienen en cuenta para determinar uno de los tipos de subsidios (Régimen de Compensaciones Complementarias) se calculan a partir de una empresa modelo, cuyos datos teóricos no se corresponden con los de las empresas reales.

Lo expuesto demuestra, y deja a la vista de todos, no sólo que los subsidios otorgados al transporte han sido millonarios, sino que se han concedido de manera discrecional y sin estar sometidos a controles eficientes.

El oficialismo debería dejar de desatender los informes críticos que elaboran los organismos de control, pues en ellos no sólo se determinan responsabilidades sino que también se brindan las herramientas para corregir el rumbo.

Sin dudas, el día en que los informes de la AGN sean vinculantes, los funcionarios sentirán lo que los controles significan para sus conductas.