Pese a que se encarga de monitorear los alimentos envasados para el consumo con el objetivo de prevenir las enfermedades que ellos puedan transmitir, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) tiene una baja efectividad para darle vía a los reclamos: “el 60% de las muestras que se toman en los productos denunciados no resultaron ser representativas” por pertenecer a otro lote o producto.

Es puntualmente el Departamento de Vigilancia Alimentaria el que “recibe y gestiona las quejas por problemas vinculados a los alimentos”. Pero la Auditoría General de la Nación (AGN) observó que “no hay un criterio a nivel nacional para su gestión”.

Desde enero de 2009 hasta junio de 2011 se recibieron un total de 1420 denuncias, de las cuales 1335 fueron por presunto riesgo alimentario y 85 por posibles enfermedades transmitidas por los productos alimenticios. Es de destacar que “de la muestra, en un 72% de los casos el INAL inició el proceso investigativo de forma inmediata”, es decir, dentro de los 15 días, aunque “en el 79% de las situaciones relevadas no pudo comunicarle el resultado al denunciante”.  

Los sistemas informáticos del INAL tampoco ayudan ya que “no hay una base de datos integrada que permita hacer el seguimiento de los trámites iniciados y conocer el grado de avance”.

El INAL está bajo la órbita de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Alimentos (ANMAT) y su principal función es controlar a nivel nacional la ‘inocuidad’ alimentaria para prevenir las enfermedades que transmiten.

Sin embargo, el INAL delegó la vigilancia de la elaboración, fraccionamiento, almacenamiento y comercialización de productos acondicionados, es decir los que no son naturales sino que fueron intervenidos, a las provincias o municipios pese a que estaba entre sus obligaciones conforme al Código Alimentario Argentino. A ello se suma que “en una auditoría realizada y aprobada en 2004 por la AGN se había notificado la falta de una adecuada articulación de las tareas de control con las autoridades jurisdiccionales”.

Dentro del ámbito de la ANMAT, se firmó en 2009 la cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano que trazó varios objetivos entre los  que se destacan “fortalecer los sistemas de registro, fiscalización, control y vigilancia”. Para cada uno de ellos se trazaron indicadores con el fin de registrar la evolución de cada meta. Cuando el equipo  de auditores solicitó la documentación relativa a ellos “solo recibió información sobre la gestión de cada Departamento que no aporta evidencia alguna sobre la existencia de una medición de dichos indicadores”. Esta situación deja ver que “no se implementó la Carta Compromiso” dato que en septiembre de 2012 fue confirmado por la ANMAT misma.

Federalismo

El INAL debía contar con diez delegaciones en todo el país, puntualmente en Salta, Tucumán, Formosa, Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca, Mendoza, Paso de los Libres, Posadas y Córdoba. Sin embargo, “solo estaban funcionando las últimas tres y cumplían un rol secundario”.

Los auditores visitaron las delegaciones y detectaron que “se realizan tareas limitadas y que no hay homogeneidad entre ellas”, por ejemplo, no se trabaja con expedientes. También se observó que “no hay lineamientos desde el INAL Central por lo que los informes que recibe semestralmente de las sedes tienen formatos diferentes que no favorecen a optimizar la gestión”.