Publicado: 05-05-2014

El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), el radical Leandro Despouy, dijo ayer que en la Argentina hay "una crisis institucional manifiesta" y denunció el " desmantelamiento " de los organismos de control como el que él preside.

"La crisis de institucionalidad es manifiesta. La reforma constitucional de 1994 incorporó organismos como la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Magistratura, la Auditoría General, o sea, una mayor diversificación de los derechos sociales y colectivos. Esa nueva institucionalidad hoy está en crisis porque no hay ninguna de esas instituciones que pueda convivir pacíficamente ", expresó Despouy en una entrevista que le hizo ayer la ex senadora Graciela Fernández Meijide en su programa radial dominical en "La Once Diez/Radio de la Ciudad".

"Me preocupa la desconstitucionalización, que se está acelerando", añadió el titular de la AGN, quien señaló como elementos negativos "los mecanismos de los decretos de necesidad y urgencia, los superpoderes, la crisis marcada en la elección de los jueces, la vacancia en la Defensoría del Pueblo y en la Oficina Anticorrupción y el comportamiento de la SIGEN", en referencia a la Sindicatura General de la Nación encabezada por Daniel Reposo.

Despouy recordó que "la disponibilidad de fondos públicos por parte del Ejecutivo es superlativa y única", pero advirtió: "Al mismo tiempo han desmantelado todos los organismos de control y ahí es donde la irregularidad es manifiesta".

Y añadió: "Además, la Justicia tampoco funciona.

Hemos presentado una cantidad de casos de corrupción a los tribunales y todavía no tenemos un procesado firme. El monopolio en el ejercicio del poder conduce inevitablemente a todo este tipo de desviaciones", añadió el titular de la AGN.

Finalmente, Despouy señaló que " nunca un gobierno ha manejado más fondos con más discrecionalidad y arbitrariedad que éste ", en referencia al kirchnerismo.

Entre las denuncias a las que hizo referencia Despouy en la entrevista se encuentran, por ejemplo, los informes realizados por la AGN en cuestiones tales como el manejo de los fondos para viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en la mira del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi luego de la escandalosa intervención de su colega Norberto Oyarbide.