Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), “la situación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en cuanto al personal, medios técnicos e infraestructura edilicia, hace que resulte fácticamente imposible el adecuado y acabado cumplimiento de la totalidad de sus misiones y funciones”.

El organismo de control se refirió de esa manera a la labor de esta fuerza creada por Decreto de Necesidad y Urgencia en 2005, hace casi 10 años, y que es considerada la autoridad superior responsable de la seguridad del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA).

Entre sus observaciones, la investigación destaca que en 14 de las 53 terminales aéreas que conforman SNA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria “no tiene presencia regular”, y “no cuenta con despliegue alguno”.

Fue la misma fuerza la que advirtió de esta situación al Ministerio de Seguridad (área de la cual depende en la actualidad), mediante una nota fechada el 8 de febrero de 2011. Sin embargo, la AGN añade en su informe un dato que completa el panorama. Dice el trabajo que tras una resolución emitida en diciembre de 2011 por la cartera en cuestión, “se dispuso el despliegue de la PSA junto a Gendarmería Nacional en la terminal de Ómnibus de Retito, para que lleve a cabo acciones de control de personas, equipajes y encomiendas”. Y todo esto, a criterio de los auditores, implica que se “agrave la situación expuesta”, porque se “desatienden las carencias de recursos” de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Narcotráfico y robos

La Auditoría General de la Nación aprobó su informe el año pasado en base a datos obtenidos durante 2011, centrando su trabajo en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, de la Ciudad de Buenos Aires, y en el Internacional Ministro Pistarini, de Ezeiza. 

En cuanto a la labor propiamente dicha de la PSA, la investigación reconoce un aumento en la detección de casos de narcotráfico a partir de mayo del año analizado, ya que, “en base a una directiva emanada por la Dirección General de Seguridad Privada (de la fuerza), comenzaron a abrirse las sacas de correo y registrar cada pieza postal mediante máquinas de rayos X, en vuelos o despachos considerados de riesgo”.

No obstante, el equipo auditor observó una falencia, y es que “no se advirtieron elementos que demuestren una integración entre actividades preventivas y de inteligencia, dado que en todos los casos relevados, el procedimiento de detección fue la advertencia de actitudes sospechosas de los imputados”.

Por el lado de los delitos contra la propiedad, que en su mayoría se vinculan al robo o hurto de equipaje, el informe concluyó que “en el 70% de los casos no se logra individualizar al sospechoso porque las imágenes del Centro de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) son de baja calidad, por la falta de cámaras en el lugar donde se reporta el hecho o por falta de ángulo de registro”.

Paralelamente, la AGN obtuvo un detalle de los delitos cometidos por personal que presta servicios en el ámbito de los aeropuertos. Así pudo saberse que entre 2005 y mayo de 2012, los imputados pertenecientes a la comunidad aeroportuaria representaron el 8,17% del total (309 implicados sobre 3782). Y que, de esa cifra, el 13% corresponde a efectivos de la PSA, el 16% a miembros de seguridad privada y el 13% a empleados de Intercargo S.A. Como dato de color, el informe añade que “la detección de un imputado perteneciente a la comunidad aeroportuaria en la comisión de un delito no impide su continuidad laboral, porque los procesos judiciales se prolongan en el tiempo”.

Vuelos privados

Hace unos años, hubo un caso que centró la atención de la opinión pública y, al mismo tiempo, desnudó una falencia de la labor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. 

El hecho, que se conoció el 2 de enero de 2011 y fue bautizado públicamente como “narcojet”, consistió en la detección en España de un vuelo privado, procedente desde la Argentina, con casi una tonelada de cocaína. Tras un proceso judicial, en 2013 dos argentinos fueron condenados por la justicia española a 13 años de prisión por narcotráfico.  

En este contexto, la AGN centró su atención en un encuentro ocurrido días después de que trascendiera el caso del narcojet. Fue el 28 de enero de 2011, cuando se reunió el llamado Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria, integrado por representantes de Aduana, Migraciones, del Órgano Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), y hasta del SENASA.

Dice el informe que entre las principales cuestiones que se trataron en esa reunión se destacó que la PSA no controlaba hasta ese momento los llamados vuelos no regulares, es decir los privados, en forma ordinaria o de rutina. Y agrega que, como conclusión, el Ministerio de Seguridad aprobó por resolución un “procedimiento para el Control de la Aviación Comercial No Regular y de la Aviación General”. 

Sobre la vigencia de este procedimiento, la Auditoría observó que “no se amplió la cantidad de aeropuertos controlados por la PSA, que sólo (se realizan) en 39 terminales de un total de 53. Esta situación es la misma que antes de la reunión del Comité antes mencionada”.

Además, afirma la investigación que “en Ezeiza existe una patrulla móvil con dos oficiales para el control de aproximadamente 20 vuelos diarios no regulares. La PSA no conoce con anticipación a los tripulantes, pasajeros y matricula de la aeronave, toda vez que el ANAC no comunica arribos ni despegues”. Y tampoco se implementó una base de datos que reúna información para uso común de la comunidad aeroportuaria. 

En conclusión, los auditores afirmaron que luego de la puesta en vigencia de la resolución citada, y hasta la finalización de sus tareas de campo, “las acciones llevadas a cabo por la PSA no evidenciaron una modificación significativa”.

La seguridad en la aviación

Por otro lado, mediante una resolución de la propia PSA, de 2010, se aprobó el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil que establece las normas, métodos y procedimientos de control, y prevé la elaboración de planes de seguridad por parte de todos los integrantes de la comunidad aeroportuaria.

Con respecto a esta iniciativa, la Auditoría detalla que “se presentaron 96 programas, de los cuales, a la fecha de relevamiento, sólo se aprobó uno (el elaborado por la concesionaria de Aeropuertos Argentina 2000 S.A.), y se encuentran en proceso de análisis 76” proyectos. 

Además, añade que “hay  compañías internacionales de aviación que no presentaron su programa (como Air France, Alitalia y KLM, por ejemplo), mientras otras entidades recibieron observaciones por parte de la Dirección (de Seguridad de la PSA) y no han sido corregidos (como LAN y Lufthansa)”.

En cuanto a las compañías de aviación no regular “han presentado su programa de seguridad sólo 14 empresas sobre un total de 42 compañías”. Sobre esto, la AGN destaca que “Intercargo S.A., propiedad del Estado Nacional y con significativa presencia en el Sistema Nacional de Aeropuertos -sobre todo en prestación del servicio de rampas-, no ha presentado su programa de seguridad”.

No obstante, en este punto aparece otro dato de color. Y es que hay una empresa llamada Terminal de Cargas Argentina (TCA S.A.), que opera los depósitos fiscales de carga, y que según la Auditoría “presentó su programa de seguridad que fue aprobado en 2004”. El problema es que el área que dio el visto bueno a ese proyecto fue la PAN, es decir, la Policía Aeronáutica Nacional, una fuerza que dejó de existir hace una década y que, de hecho, fue reemplazada por la PSA. Ante este panorama, la AGN sostiene que el plan de seguridad en cuestión “se encuentra desactualizado respecto a la normativa vigente”.

Seguridad privada

Entre las funciones de la PSA también debe regular, habilitar y fiscalizar los servicios de seguridad aeroportuario prestados por terceros, personas físicas o jurídicas. En pocas palabras, fiscalizar las empresas de vigilancia privada. 

Sobre ese tema, los auditores observaron que la fuerza “no efectúa un análisis de cada empresa de seguridad privada que permita formarse una opinión sobre los prestadores del servicio”. Y agregó que “entre los datos que recopila, no registra infracciones por empresas sino por año calendario, lo que impide aplicar el régimen de sanciones vigentes”. 

Igualmente, el informe aclara que “la normativa que determina la cuantificación de las multas fue fijada en 1999, sin que a la fecha se haya modificado. Y la amplitud del rango de las multas no está sujeto a algún mecanismo de graduación predeterminado”.

Pero las atribuciones de la PSA, en cuanto a la seguridad privada, también se extiende a la obligación de impedir que se conformen monopolios zonales. Sin embargo, la AGN detectó “la concentración de las actividades de seguridad privada en pocas firmas. Por ejemplo en Aeroparque, el 81% del personal de seguridad privada proviene de dos empresas y en Ezeiza el 74% del personal se concentra en tres empresas”.

Sobre qué consecuencia puede tener esta situación, la Auditoría explica que “existen infracciones reiteradas en el accionar de empresas de seguridad que darían lugar a la suspensión de la firma, no aplicándose la sanción para no afectar la prestación del servicio”.

Recursos Humanos

Para completar, el informe de la AGN ejemplifica la falta de personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, señalando que “según protocolos y directivas, en el Aeroparque Jorge Newbery debería haber entre 600 y 636 oficiales y sin embargo, al 31 de diciembre de 2011, sólo había 304”. Y añade que, si bien “la dotación adecuada para Ezeiza se había estimado entre 848 y 860 oficiales, al cierre del 2011 había 528 policías”.

Pero eso no es todo. La investigación también afirma que “de la planta de personal hay un ausentismo significativo en algunas unidades operacionales, motivado en licencias por enfermedad de tratamiento prolongado, donde en Ezeiza y Aeroparque representan el 53% y el 68% respectivamente del ausentismo”.

Con el objetivo de paliar este déficit de personal, la PSA dispone del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria (ISSA). El problema es que esta área no puede cumplir con sus propias metas. La Auditoría detectó que, aunque para 2011 se había previsto el egreso de 466 oficiales, sólo culminaron su formación unos 272 oficiales.

Y esto ocurrió, como explica el informe, porque “de los cuatro locales que tiene ISSA destinados a funcionar como aulas, una de ellas tiene capacidad para 60 alumnos y las tres restantes para 30 cada una; por lo tanto, la meta de más de 400 oficiales, no se podía alcanzar con la infraestructura existente”. 

A pesar de este cuadro, la AGN afirmó que “no se advierte que el ISSA esté en camino de resolver el problema y paliar este déficit de recursos humanos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria”.