Tras un estudio especial sobre la infraestructura de las rutas nacionales, que abarcó un período de 18 años (1995-2012), la Auditoría General de la Nación (AGN) concluyó que a pesar de los avances registrados en la materia, existe una “desarticulación” entre los tres entes vinculados a la problemática de la seguridad vial.

El informe analizó la labor del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y detectó, por ejemplo, que algunas de estas instituciones pueden mostrarse “poco permisivas o receptivas” a las recomendaciones que lleguen desde las otras áreas, y que incluso el hecho de que los tres organismos estén “descoordinados” (SIC), puede generar que una oficina haga relevamientos de rutas y que sus resultados “no sean de interés” para el resto de los espacios relacionados.

La Auditoría ejemplificó la falta de interacción entre estos entes a partir del incumplimiento del único convenio suscrito entre dos ellas.  

Se trató de acuerdo firmado en 2009 por Vialidad Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que definía 11 acciones, entre ellas elaborar bases de datos sobre los llamados “puntos negros” de las rutas, y hacer informes de siniestralidad vial. Para eso, también establecía la creación de una Unidad de Coordinación, que se debía encargar de articular las acciones de cooperación entre ambas instituciones. 

El tema es que “este convenio no ha tenido principio de ejecución, no fue creada la Unidad de Coordinación, y además (el acuerdo) venció en diciembre de 2011 y no fue prorrogado por las partes”, dice la AGN, y añade que debido a la importancia de los objetivos propuestos, el incumplimiento del convenio “es grave”, porque se trataba de acciones fundamentales en seguridad vial que requerían “la acción conjunta de ambas reparticiones”. 

Más ejemplos

También sobre la interacción entre estos organismos, la AGN remarcó “otro ejemplo de descoordinación”. Y es que Vialidad “no considera” algunas evaluaciones hechas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como el llamado Informe de Relevamiento de Riesgo de la Infraestructura, por el que se recopilaron datos de más de 50 mil kilómetros de rutas nacionales sólo entre 2010 y 2011. 

En su investigación, los auditores ensayaron una explicación: “El problema radica en que ambos organismos, si bien tienen misiones diferentes, comparten un mismo escenario, las rutas, y (posiblemente) por tener funciones concurrentes, se genere cierto conflicto de incumbencias o de zonas grises. Es probable -continúan los técnicos-, que la DNV se muestre poco permisiva o receptiva de recomendaciones emanadas de este nuevo ente (en referencia a la ANSV), máxime cuando se trata de hacer obras que modifiquen sus caminos; caminos que la DNV ha venido diseñando y construyendo por años, sin plantearse la necesidad de revisarlos ni de modificar las antiguas normas con que aun hoy se los diseña”.

Ante este panorama, la Auditoría sostiene que los organismos “deberían coordinar acciones porque tienen un mismo objetivo”.

Uno por uno

En el análisis por separado de los entes en cuestión, el informe de la AGN llegó a hablar incluso de un “bajo compromiso institucional” y hasta de una “actitud negligente” del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI).

La mencionada falencia del OCCOVI está relacionada a que “no cuenta con un área específica para la seguridad vial”, y a que desde el mismo ente atribuyen “gran parte de los accidentes a fallas humanas causadas por comportamientos negligentes de los conductores”. Sin embargo, esta postura fue considerada por los auditores “una actitud oficial negligente (porque) en muchos casos las decisiones erróneas del conductor son forzadas por un mal diseño o diseño no perfecto” de los caminos.

Asimismo, la AGN detectó que el Órgano “no posee una base de datos de accidentes en la Red Concesionada”, la que es, justamente, su área de acción. El estudio narra que, ante un pedido de los auditores, el OCCOVI envió “numerosos archivos en formato Excel, e informó que los mismos son provistos por los Concesionarios, sin mencionar procedimientos de verificación o validación de los datos suministrados”. 

Igualmente, sobre esa información brindada por las firmas, y que está relacionada a siniestros registrados entre abril de 2010 y junio de 2011,  “se han detectado falencias, como por ejemplo que no abarca todos los periodos y que las planillas tienen diferentes criterios y formatos, lo que dificulta el procesamiento de datos”. 

“En definitiva –completa la AGN-, no poseen un sistema integral que concentre los datos de accidentes, limitando su actuación a recopilar, sin posterior tratamiento, la información suministrada por los concesionarios y sin emplear procedimientos de validación” de las cifras expresadas en esos documentos.

Y, a pesar de las limitaciones observadas por la Auditoría, como por ejemplo el hecho de que el OCCOVI “tampoco elabora informes sobre evolución de accidentalidad en los corredores concesionados”, el estudio especial añade que el organismo “no mantiene convenios en materia de seguridad vial” con otras áreas.

Vialidad, del Plan Estratégico al documento interno

En su informe, la Auditoría reveló que, si bien Vialidad Nacional dispone de una División de Seguridad Vial, no se pudo acceder a información por escrito sobre el funcionamiento de esa área. Sin embargo, por procedimientos posteriores, se detectó que “sus recursos técnicos son limitados”, ya que cuenta con un sólo ingeniero especializado en tránsito, que además es el Jefe de la división.

Ante ese panorama, la investigación deduce que “hay deficiencia de recursos, considerando la extensión de la red vial nacional, y por la importancia y demanda creciente que genera esta temática”.

No obstante, el hallazgo más llamativo de los auditores fue el derrotero que experimentó el Plan Estratégico de Seguridad Vial que formuló y aprobó Vialidad en 2001. Consistía de un conjunto de normas que apuntaban a guiar el accionar futuro del organismo, y que, entre otros objetivos, pretendía que la DNV lograse tener una presencia activa y de liderazgo en la materia. La AGN agrega que, para cumplir esa meta, incluso se habían impulsado “negociaciones para obtener una Asistencia Técnica de Seguridad Vial financiadas por el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF)”.

Al averiguar qué pasó con el Plan, los auditores notaron que para la División de Seguridad Vial “se trata de un documento interno, nunca puesto en práctica y aún su Plan de Coyuntura, delineado por cinco programas específicos (entre los que se destacaban la investigación de accidentes fuera del camino, auditorías de explotación, justificación y evaluación de mejoras, y control de calidad sobre el sistema de información de accidentes de tránsito), no fueron más que premisas o enunciados a tener en cuenta a la hora de encarar la resolución de algunas obras”.

Igualmente, aunque “la DNV no sigue los lineamientos de su Plan Estratégico en seguridad vial”, no todo está perdido. Es que el Plan aún está vigente y, con respecto a eso, advierte la AGN: “Que hayan pasado 11 años desde su creación, no lo convierte en obsoleto”. 

Y, si de antigüedad se trata, la Auditoría explicó que las reglas vigentes para proyectar caminos son las “Normas de Diseño Geométrico de Caminos Rurales” de Vialidad Nacional, “aprobadas en el año 1967”. 
 
Con la idea de refrescar este marco, se celebró un convenio en 2008 con la Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña (EICM), a quien se le encomendó la elaboración de nuevas reglas y que, tras 18 meses, derivó en un proyecto denominado “Actualización de las Normas de Diseño Geométrico para Carreteras”. 

Del proceso narrado resultó un original cuerpo normativo de cuatro volúmenes que constan de 10 capítulos y un atlas de planos. Todo el material recibió la aprobación de la Subgerencia de Estudios y Proyectos de Vialidad, allá por junio de 2010. Y, aunque los mismos auditores consideraran el trabajo como “muy completo, totalmente terminado, sin objeciones técnicas y de inmediata puesta en práctica, que no requeriría más que la Resolución del Administrador General para que sea puesto en vigencia”, lo concreto es que esto nunca pudo llevarse adelante. 

Para completar el cuadro, dice la AGN esta situación se repite con “otros manuales”, elaborados incluso puertas adentro de Vialidad, por ejemplo por la División de Seguridad Vial, y que hasta recibieron financiación del Banco Mundial, pero que no fueron aprobados.

Ante la consulta de los auditores, el informe detalla que el organismo “no ha fundamentado los motivos por los cuales este importante trabajo no ha sido puesto en vigencia, teniendo en cuenta que la organización se proponía como objetivo (justamente), el de elaborar un nuevo cuerpo normativo de Seguridad Vial”.

La Agencia y sus “productos ineficaces”

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fue creada en 2006, por iniciativa de Presidencia de la Nación, y pensada para llevar adelante acciones con un objetivo claro: reducir en un 50% la mortalidad por siniestros viales en cinco años.

Al analizar el papel de la Agencia, los auditores destacan que “ha logrado posicionarse, en su corta vida, como el organismo líder en seguridad vial habiendo desarrollado avances con diferentes campañas relacionadas principalmente con el factor humano y el factor vehículo”.

Sin embargo, se advierten “ciertas acciones propuestas por la ANSV que no han logrado ser efectivas”, dice el informe. Es que el área desarrolló un software específico de determinación de riesgo vial, destinado a relevar 6.000 kilómetros de caminos por trimestre, para obtener un mapa global de rutas nacionales y su riesgo asociado.

“El paso siguiente, sería esperar que los resultados de los relevamientos, con un diagnostico mediante, culminen en el diseño de las obras propuestas para la remediación de las zonas de riesgo vial, cumpliendo, de esta manera con la acción propuesta”, observa la AGN. Pero, “por la desarticulación entre la Agencia y Vialidad, el circuito no logrará completarse, y de esta manera, los estudios se quedaran en meros relevamientos sin utilidad posterior, (ya que) no son materia o insumos de interés de la DNV”.

En pocas palabras, la Auditoría dice que la ANSV “está desarrollando productos hasta ahora ineficaces, en tanto no ha podido establecerse la utilidad de los mismos”.

Unificar criterios

El informe de la AGN no se limitó de destacar aspectos negativos de las gestiones de las áreas en cuestión. Además, agregó algunas recomendaciones, como por ejemplo, la necesidad de unificar una base de datos que “sea administrada por un solo organismo y que siga estándares internacionales”.

Es que, por un lado, la Agencia Nacional de Seguridad Vial recibe datos sobre accidentes que son enviados por las provincias. Y, paralelamente, Vialidad Nacional opera con otra metodología, conocida como Sistema de información de Accidentes de Tránsito (SIAT). 

Se trata, en este caso, de una base de datos accidentológica implementada por la Vialidad desde principios de los años 80, mediante la cual se recolecta información sobre los accidentes de tránsito ocurridos en la Red Troncal Nacional. 

La cuestión es que la AGN sostiene que esta base está “desactualizada al no registrar la siniestralidad de los últimos cinco años, periodo que corresponde a un fuerte y sostenido incremento del tránsito”, en el que, además, se calcula que el parque automotor experimentó una tasa de crecimiento del 7% anual. Y, por otra parte, el OCCOVI no usa el SIAT porque “no incluye dato alguno de la siniestralidad en el ámbito físico de los corredores viales concesionados”.

En esta multiplicidad de criterios, es que la Auditoría General de la Nación sostiene que es necesaria la creación una única base de datos, y completó que “un segundo paso debería apuntar a la homogenización de los colectores y adhesión de todas las provincias a un mismo protocolo de registro”.