¿Qué sucede con los centros de formación profesional de la Ciudad?
Se trata del programa porteño de capacitaciones en función de las demandas del mundo laboral. No se difunde la oferta disponible, no se garantizan los contenidos mínimos, ni que “la cantidad de inscriptos sea suficiente como para crear comisiones”, no se garantiza la transparencia en el proceso de selección de los docentes y hubo problemas con la entrega de certificados.
A través de la Coordinación de Formación Profesional, que está bajo la órbita del Ministerio de Educación porteño, se dan cursos para capacitar a la población en función de las demandas del mundo laboral con el objetivo de aumentar la posibilidad de empleo. Sin embargo, un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) detectó que hay “una insuficiente asignación de recursos”.
Tampoco “se garantizan los contenidos mínimos comunes” ni que “la cantidad de inscriptos sea suficiente como para crear comisiones”, por lo que se desdibujan un poco los beneficios y facilidades del programa. A esto se suma que “la Gerencia de Investigaciones y Estadísticas del Ministerio de Educación porteño no releva la totalidad de la oferta brindada”.
Según se expone en la página del Gobierno porteño “los cursos se dictan en 33 Centros de Formación Profesional, en turno mañana, tarde y noche; la duración - cuatrimestral o anual- y la frecuencia de sus clases varía según la especialidad elegida”.
Los cargos docentes son una zona sensible en este informe que evalúa la gestión 2011 de los Centros de Formación Profesional. Es que de él se desprende que “no están incorporados al Estatuto del Docente por lo que no se puede garantizar transparencia en los procedimientos de selección y promoción del personal docente”. Tampoco se encuentran implementados los mecanismos que permitan que las designaciones sean a través de listados por mérito.
En el manejo de fondos también hay cuestiones que mejorar. De los Centros de Formación evaluados “el 75% tuvo dificultades con la conformación de las Asociaciones Cooperadoras por lo cual se vio obstaculizada la transferencia de fondos para adquirir materiales didácticos y equipamiento”.
Además, "no se instrumentó ningún mecanismo de control para verificar que se cumplan con los topes máximos establecidos para el cobro de las instituciones”.
En su informe, aprobado en 2013, la AGCBA advierte que “el Nomenclador de Acciones no está actualizado por lo que no se sabe si la oferta que allí figura es la vigente ni si es adecuada al contexto socio productivo”.
El equipo de auditoría manifestó que “no se cumple con la documentación técnico administrativa” ya que las distintas planillas, actas de examen y demás registros se integran sin un criterio unificado.
Sobre la emisión de certificados los auditores destacaron “los débiles controles de la Coordinación”. Entre las principales irregularidades se destaca “que no se encuentran estandarizadas las planillas de firma de entrega a los interesados”. Además las constancias “no son remitidas a la Coordinación de Formación Profesional”, por lo tanto, “no dispone de la información actualizada sobre los certificados entregados a los distintos Centros”.
La AGCBA se encontró también con que “los datos de la matrícula 2011 no estaban completos” y por ello se recomendó “desarrollar e implementar sistemas de información que a su vez permitan construir indicadores para evaluar a cada área”.
Ante esta situación el organismo de control consideró “central la designación de un supervisor para lograr un adecuado seguimiento, evaluación y control del servicio educativo ofrecido por los Centros de Formación así como también para conseguir la gestión propia de la provisión de recursos económicos y mantenimiento del edificio”.
