Pese a que existe un plan de Gestión Ambiental Minera que apunta a desarrollar acciones en forma relativamente simultánea en todo el país, diez de las 23 provincias no firmaron los acuerdos necesarios para llevar adelante estas iniciativas. 

El dato figura en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), aprobado este año, que analizó la ejecución de varios aspectos del “Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo”. Se trata de acciones pensadas para ser aplicadas en un lapso de seis años, financiadas mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2007 por 50 millones de dólares, y que apuntan a lograr que las actividades relacionadas al uso y explotación de los recursos naturales sean amigables con el medioambiente.

Dentro de ese marco, la AGN examinó puntualmente el subprograma Gestión Ambiental Minera (GEAMIN), ejecutado por la Secretaría de Minería de la Nación -que depende del Ministerio de Planificación Federal-, y que dispuso, de aquel préstamo del BID, fondos por 25,7 millones de dólares. 

La Auditoría señaló que, al momento de su investigación, las provincias que no habían rubricado los acuerdos vinculados a los planes en cuestión eran: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Córdoba, Tucumán, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. 

El informe recoge dos pareceres similares sobre esta situación; por un lado, si bien la propia Secretaría de Minería dijo que la falta de firma de acuerdos “no fue significativa”, sí reconoció que “lo será en el futuro”. Y en la misma línea se manifestó el Coordinador General del subprograma GEAMIN, añadiendo que el atraso en las rúbricas “ha originado desvíos en relación a los plazos de ejecución, pero no así con las metas previstas para la iniciativa en su conjunto”.

Áreas degradadas

Uno de los objetivos planificados en el programa era que, para la finalización del cuarto año de ejecución (2012), se debía realizar un inventario (catastro) de las áreas mineras degradadas, con la inclusión de los llamados pasivos ambientales mineros (PAM). Esta última tarea incluía una caracterización in situ de las fuentes de contaminación en ocho áreas degradadas consideradas prioritarias por su impacto sobre el medio ambiente y salud de las comunidades afectadas. 

Cuenta la AGN que, como experiencia piloto, se pretendía comenzar por tres áreas para realizar proyectos de remediación e inversiones destinadas a eliminar los pasivos ambientales, registrando todo en un Manual Técnico que luego sea usado en otros pasivos ambientales mineros.  

Las tres áreas seleccionadas para las experiencias piloto fueron la ex fundición Metal Huasi, en Abra Pampa, Jujuy; la ex fundición de la mina Gonzalito, en San Antonio Oeste, Rio Negro; y las escombreras de la explotación de sulfatos, en Calingasta, San Juan. Todo este trabajo se extendería en cada provincia y luego derivaría en un Catastro Nacional. 

La Auditoría añade que, para eso se contrató a una empresa, Cesel Ingenieros, que entregó en agosto de 2012 la Fase I del Informe Final, en el que expresó la metodología y los procedimientos para el relevamiento de datos, incluyendo una verificación in situ lo que permite obtener información veraz y concreta.

Dice la investigación que ya en el segundo semestre de 2012 se realizaron los cursos de capacitación para el relevamiento provincial y se instalaron los sistemas de información. Sin embargo, se observó que quedaron “pendientes el relevamiento y registro de datos en los sistemas de información para integrar los catastros provinciales y conformar el Catastro Nacional”.

Abra Pampa y la demanda de la comunidad

La Auditoría General de la Nación dedicó un tramo de su informe a lo ocurrido en la ex fundición Metal Huasi, en la localidad de Abra Pampa, provincia de Jujuy.

Ese predio, que había funcionado durante unas tres décadas hasta su cierre en 1990, quedaba por aquellos días a las afueras de la localidad, “pero con el transcurso de los años, Abra Pampa fue creciendo y Metal Huasi quedó dentro”, narra el trabajo y agrega: “El principal problema es que constituye una fuente de exposición al plomo al arsénico, ambos de toxicidad muy importante, siendo las principales vías de ingreso la respiratoria, la digestiva y también por contacto. (En ese sentido), la población de mayor riesgo son los niños y las mujeres en edad reproductiva y los efectos a la salud son de tipo neurológico y cognitivo”.

Ante ese panorama, la empresa Cesel Ingenieros convocó, en el marco de sus tareas de relevamiento, a talleres con la comunidad con el objeto de promover la participación ciudadana e intercambiar información. Fueron cuatro encuentros, más una reunión con la presencia de funcionarios del BID, en que los vecinos solicitaron la anticipación de obras de remoción y traslado de escorias de Abra Pampa, y la llamadas obras de remediación, como un anfiteatro en la ex fundición; un polideportivo en el Barrio 12 de Octubre y tareas de revegetación y reforestación en las áreas del arroyo Tabladitas I y II.

Sobre esto, la AGN apuntó que “entre octubre de 2011 y mayo de 2012 se realizaron obras parciales de remediación adelantadas y a solicitud de la comunidad”, como por ejemplo la remoción de escoria y suelos contaminados del barrio 12 de Octubre, de las márgenes del Arroyo Tabladitas y de otras áreas impactadas de Abra Pampa; el proceso de encapsulamiento de esos materiales en la Mina El Aguilar y el cierre de la celda de seguridad preexistente en ese predio. 

Según puntualizaron los auditores, “quedó pendiente la fase final de las obras de remediación” demolición de instalaciones, máquinas, chatarra de Metal Huasi, disposición final en condiciones de residuos peligrosos en la Mina El Aguilar; la ejecución de las obras de uso elegidas por los propios habitantes de la localidad de Abra Pampa, como el anfiteatro y el polideportivo; y un nuevo tratamiento a las áreas que continúan contaminados después de la remoción de escorias.

Asimismo, “luego (de los trabajos) se tomaron muestras en los sitios remediados para verificar la presencia de plomo entre junio y julio de 2012, y el resultado fue que persistían valores elevados de plomo”, completó el organismo de control.

La salud de los vecinos

Por otra parte, entre enero y febrero de 2012 un equipo multidisciplinario del BID viajó a Abra Pampa para evaluar la implementación del proyecto. Allí se contactaron con la población local y observaron que “la principal demanda de la comunidad se relaciona con el tratamiento del impacto en la salud”. Se explicó así que el proyecto se limita a la evaluación y remediación de los pasivos ambientales, como forma de contribuir a la reducción de la contaminación, y que la atención al tema de salud transciende las funciones de la Secretaria de Minería. Sin embargo los miembros del organismo multilateral elaboraron una propuesta para un futuro plan de salud y ¨se contribuyó con un espectrómetro no previsto originalmente”.

En cuanto a ese espectómetro, fue adquirido por la Unidad Ejecutora del subprograma y entregada a la provincia de Jujuy durante el segundo semestre de 2011. El equipo se instaló en el Laboratorio Central del Ministerio de Salud Provincial. Entre octubre y noviembre de 2012 comienzaron con la extracción de muestras. 

La AGN analizó de muestras de 103 personas entre menores y adultos, y observó que se realizaron 24 estudios en de niños, donde 4 casos resultaron sin datos y los 20 restantes indicaron valores de plomo en sangre superiores a los de referencia.

Por el lado de los adultos, se realizaron 79 estudios, y de ese total, el 65,8% muestró valores superiores a los de referencia. Con estos resultados, los auditores observan que si bien estos estudios son voluntarios, y que la actividad del subprograma se orienta a la supresión de la fuente contaminante, es necesaria la implementación de “una campaña de concientización de la población sobre la importancia de la extracción de las muestras de sangre”.

¿Quién ejecuta el subprograma?

En otro fragmento de su investigación, la Auditoría explicó que la Secretaria de Minería de la Nación es la encargada de llevar adelante las tareas administrativo-financieras para la ejecución de la iniciativa analizada. Para eso, debía crear una Unidad Ejecutora del Subprograma (UES), que incluso estaba pautada en el contrato con el BID. Esta estructura tendría que contar con un coordinador general especializado en gestión de proyectos; un coordinador técnico-operativo que serviría de apoyo; tres especialistas (administrativo-financiero; adquisiciones y contrataciones; y de seguimiento); y expertos en las áreas de gestión ambiental minera y de recuperación de pasivos mineros. Es decir que el total del personal previsto es de aproximadamente 11 personas. Sin embargo los auditores detectaron sólo cuatro personas dedicadas a las tareas de coordinación. Es decir que, “la estructura de la Unidad Ejecutora del Subprograma (UES) es más reducida en cantidad y perfil profesional que la prevista en el contrato con el BID”. Y además se detectó que 
el coordinador general también tiene a su cargo la coordinación de dos componentes del subprograma”. 

Además, la AGN enumeró otros déficits. Y es que “respecto a la obligación contractual con el BID de publicar los Informes de Progreso y Grado de Ejecución semestrales (de la iniciativa) en la página web del organismo, sólo se encuentran los correspondientes hasta el primer semestre de 2010 inclusive”. 

Y se añade: “Los sucesivos informes financieros de AGN indican la subejecución de los montos planificados todos los años, particularmente notables en los dos primeros (2008 y 2009)”. Por ejemplo, según un informe del mismo organismo de control de 2012 afirma que desde el inicio del subprograma hasta 2011 inclusive, se ejecutó un 12,76% del total de inversiones planificadas y un 17,08% del monto programado hasta ese año. Antecedentes de esta situación incluso habían sido observadas por la Unidad de Auditoría Interna de la propia Secretaría de Minería en 2009.

La actividad ladrillera y (otra vez) la salud

Otro de los componentes del subprograma Gestión Ambiental Minera examinados por la AGN fue el de la Actividad Ladrillera Artesanal. 

Explica el informe que, según se estima, hay unos 50.000 productores ladrilleros a nivel nacional, que aportan alrededor del 30% de la producción de ladrillos del país. El programa en cuestión se propone la elaboración de un diagnóstico por provincia y la propuesta de un plan de acción para abordar los problemas socio-ambientales y tecnológicos de esta actividad. Además, prevé la capacitación de productores artesanales de ladrillos en el uso de tecnologías ambientalmente sustentables, cuidando la salud y seguridad laboral. 

Para alcanzar esta meta se planifica formar 900 técnicos o maestros como multiplicadores. Por acuerdo con el BID, en tanto, se planificó la capacitación en las provincias de Formosa, Chaco y San Juan, donde funcionarán centros de capacitación “piloto”. 

Entre las observaciones de la Auditoría sobre este tema se destaca que “el proceso para la elaboración de ladrillos sigue el método desarrollado desde la antigüedad. Se explota un recurso cuya formación insume muchos años, por lo que su degradación es irreversible; se explota el suelo, se prepara la pasta, se moldea y se cocina en hornos, que por el tipo de combustible que utiliza generan distintos gases tóxicos y partículas en suspensión, contaminando la atmósfera, cuerpos de agua y por supuesto el suelo. Las personas que trabajan en esta actividad por las condiciones en las que se realiza, padecen enfermedades respiratorias y patologías de piel. Generalmente es una actividad familiar de la que participan mujeres con sus hijos menores de edad, población más vulnerable a daños en la salud. El ecosistema se ve alterado porque se produce la pérdida de bosques nativos, el suelo queda imposibilitado de utilización para otras actividades productivas y cuando la parcela ha sido agotada, el horno debe trasladarse a otro lugar”. 

Con todos estos datos, se destaca que “el objetivo del programa es incorporar prácticas ambientalmente sustentables, mejorar las condiciones laborales de los productores en términos de salud, seguridad laboral, entorno y productividad a través de la capacitación e introducción de técnicas y tecnologías eco-eficientes”.    

El organismo de control detalla que “para el segundo semestre de 2012, el Subprograma contó con el Diagnóstico Integral de la Actividad Ladrillera Artesanal en la Argentina1, con un plan de acción y materiales didácticos para la realización de los cursos de capacitación y sensibilización”. Sin embargo, según la investigación, “ese diagnóstico no profundiza acerca del impacto de la actividad en la salud de los trabajadores, a pesar de que señala que el 72% de los productores encuestados percibió algún grado de afectación de su salud por la actividad”.  

Para completar, se observó “demoras en el cumplimiento” por parte de las provincias de Chaco y San Juan en la construcción de la infraestructura edilicia y tinglado de los centros de capacitación, que estaban previstos para formación de los maestros multiplicadores.