Publicado: 07-04-2014
 
Durante la última década, la incidencia de las facturas de los servicios públicos en el gasto de las familias se redujo gracias al aporte del Estado nacional. A qué sectores impactará el cambio de política que se impulsa.

De a poco, el Gobierno está intentando reducir los subsidios. Comenzó a hacerlo ya desde fines de 2011, con aumentos efectivos a partir de 2012, mediante una reducción de subsidios a agua y electricidad, segmentando la tarifa por barrios según su presunto poder adquisitivo. En 2013 buscó dejar congelados los subsidios y así lo plasmó en el Presupuesto. Pero a medida que avanzó el año, los movimientos de precios hicieron que el Gobierno terminara gastando el doble de lo que inicialmente había planeado gastar en subsidios a energía, combustible y minería. El crecimiento de este renglón de gasto ha sido exponencial: aumentó 62 veces en los últimos 10 años, variación casi incomparable con ningún otro rubro significativo del Presupuesto, cuyo total aumentó 10 veces en el mismo período.

Más aún, restando las transferencias de seguridad social (jubilaciones, pensiones y asignaciones), el total de transferencias o subsidios se ha convertido en uno de los ítem más importantes del presupuesto nacional al llevarse el 22 por ciento del gasto en 2013. En un contexto de creciente déficit fiscal y sin acceso al crédito, revisar este componente del gasto se torna indispensable. La mayor parte de estos subsidios se concentró en energía, combustible y minería, que insumió 12,3 por ciento del gasto nacional; transporte se llevó otro 5,3 por ciento.

Pero no son ésos los subsidios por los que el Gobierno está empezando a desenmarañar este desafío, sino por los que se dirigen a agua y gas. En agua y alcantarillado se fue sólo 1,4 por ciento del presupuesto. En gas no es tan fácil saber la cifra exacta a partir de los datos públicos, ya que figura en el rubro de energía, del cual la electricidad se lleva por lejos la mayor porción. Empezar por estos subsidios menos importantes muestra un enfoque gradual, ciertamente una estrategia adecuada en un contexto en que la inflación está al acecho.

También garantiza un enfoque de equidad, ya que disminuir los subsidios al menos no va a empeorar la situación de los hogares más desfavorecidos: según el Censo 2010, el 16 por ciento de los hogares argentinos no tenía acceso al agua de red y el 44 por ciento no tenía acceso a gas de red. Los menores niveles de acceso se encuentran en las provincias del norte del país: hay provincias como Misiones donde casi 30 por ciento de la población no tiene acceso a agua de red, mientras en las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco y Formosa hay aproximadamente un 25 por ciento de hogares sin acceso a agua de red. La falta de acceso a agua de red está altamente relacionada con los mayores índices de mortalidad infantil y otros indicadores de precariedad en la salud. De allí que sea tan importante avanzar en dar un mayor acceso al agua de red. Con respecto al gas, hay cuatro provincias (Formosa, Misiones, Chaco y Corrientes) donde no hay gas de red y ocho provincias adicionales en las que el acceso es menor al 50 por ciento de los hogares. Muchos de estos hogares, de muy bajos ingresos, se enfrentan con la desventaja de consumir gas envasado, siendo éste muchísimo más caro que el gas de red subsidiado, con diferencias que han alcanzado hasta casi seis veces según informes de la Auditoría General de la Nación (AGN). Hoy mismo la garrafa subsidiada sigue siendo el doble de cara que el gas de red.

Por supuesto, la segmentación de tarifas genera un desafío importante. En los últimos 12 años se han mantenido las tarifas principales para estos dos servicios prácticamente inalteradas. Pero se ha complejizado la cantidad de tarifas según tipo de consumo, cantidad y lugar de residencia. De allí surge el actual debate sobre si habría que continuar con la segmentación de tarifas y si ésta debería ser por nivel de ingreso del hogar o nivel de consumo. Segmentar por nivel de ingreso sería más equitativo, pero también mucho más difícil.

De todas maneras, el desafío central no son éstos sino los otros subsidios, en particular los que van a electricidad y transporte. Estos son mucho más onerosos para el fisco y más influyentes en el bolsillo de los consumidores. Por eso, comenzar por agua y gas brinda la oportunidad de medir qué ocurre con la inflación, qué impacto tiene en las cuentas públicas así como testear las respuestas de las empresas y la población. Y también servirá para ver qué hace el Gobierno con esos recursos ahorrados. Servirá entonces para ver si el terreno está preparado para que se desconecten estos costosos sostenes artificiales sobre los cuales se apoya actualmente la economía argentina.