Un proyecto pensado para chequear el estado de salud de todos los alumnos y alumnas de la Ciudad de Buenos Aires cubrió al 60% de la matrícula. 

El dato aparece en un informe de la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA), que analizó el funcionamiento del Programa de Salud Escolar (PSE) y en el que se detectó que, sobre un universo de 106.960 estudiantes, la iniciativa alcanzó a 64.095.

El organismo de control afirmó que “del 40% restante de los infantes que no fueron evaluados, se desconoce si padecían alguna enfermedad por la que debieran ser derivados, lo que implica que no recibirán tratamiento efectivo y oportuno”.

¿En qué consiste el PSE? 

El objetivo del programa es disminuir la morbimortalidad de la matrícula porteña mediante controles integrales que garanticen la equidad en el acceso a la salud.

El mencionado universo de los asistidos es conformado por la totalidad de los alumnos y alumnas de escuelas públicas de la Ciudad, desde jardines maternales hasta adultos escolarizados, incluyendo a la educación especial (ver Perlas de la Ley). 

Los controles, también llamados screnning, deberían ser realizados por pediatras, enfermeros, odontólogos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales, psicólogos y psicopedagogos quienes, con los móviles del programa irían a las escuelas con vacunas, balanzas, tensiómetros, tallímetros y demás herramientas de trabajo (ver Recursos). 

Tras estas evaluaciones, la iniciativa se completaría con la entrega de la Libreta de Salud Escolar.     

¿Con qué se encontró la Auditoría? 

El organismo de control, que aprobó su trabajo el año pasado sobre datos de 2015, observó que “ningún efector alcanza a cumplir la meta de examinar a todos los alumnos que se encuentran bajo su responsabilidad”, y añadió: “Los resultados más bajos se obtienen en educación media y especial”.

También sobre los efectores, el informe remarca que “no reciben información del Ministerio de Salud sobre la matrícula de alumnos a examinar”, y cada uno reúne esos datos -a su manera- al inicio del ciclo lectivo para proyectar metas y asignación de recursos.

Por ejemplo, trascendió que el Hospital Piñero intercambia mails con los colegios para acceder al listado de alumnos, mientras que en las salitas (los CeSACs) del área del Pirovano, esa comunicación es vía telefónica.

La Auditoría detectó que no se hacen seguimientos de los alumnos. 

Pero, más allá de los centros de asistencia, las dificultades en el manejo de la información también aparecen en el Ministerio de Salud. Dijo la Auditoría que, si bien el área de estadísticas de la cartera tiene detalles sobre cantidad de alumnos examinados y derivados, “por el modo en que están estructurados los datos, no es posible obtener más que los totales por especialidad, de modo tal que se sabe cuántas fueron las atenciones, (pero) no así cuántos niños recibieron tratamientos ni si los concluyeron”. 

No obstante, de aquella información estadística se desprende que, aunque todos los equipos cuentan con especialistas, “el 47% de los alumnos no fue evaluado en salud mental, en fonoaudiología el 48% y en odontología el 26%”. Además, los técnicos agregaron que “la encuesta nutricional no se realizó al 68% de la población a la que se efectuó el control de salud”.

Como si fuera la primera vez

Por otra parte, la AGCBA comprobó que “no se realiza el seguimiento de los alumnos a través de todos los años en que se practica el screening”, es de decir que “cada ocasión de contacto, resulta aislada de la anterior y de la siguiente”.

Perlas de la Ley

En cuanto al aspecto normativo, el organismo de control apuntó que la Ley que dio origen al Programa de Salud Escolar, la 2.598, data de 2008 y, aunque la Ciudad tenía seis meses para reglamentarla, hasta ahora ese trámite nunca se completó.  

La Auditoría también resaltó que no se cumple el artículo 2 de la norma, que incluye en el universo de aplicación a alumnos de escuelas privadas, ya que la iniciativa “solo se ejecuta en el ámbito público”. 

Además, los de nivel terciario “tienen baja concurrencia a los controles y, aunque el Programa ofrece horarios disponibles de su recurso profesional, queda librado a la determinación individual el concurrir o no a realizarlo y cumplir con las obligaciones de control sanitario”, explicó el informe.

Recursos

Para completar, la AGCBA repasó los recursos disponibles del programa. En ese sentido, advirtió que “algunos equipos profesionales no concurren a las escuelas” y puso como ejemplo lo que sucede en el Hospital Piñero. Es que, según el texto, en este efector “la atención de los alumnos cambió (porque) en 2015 contaban con móviles para trasladar los equipos a los colegios y, en cambio, en la actualidad ya no existe esa posibilidad”. 

Según el informe, se incumple la ley al excluir a los alumnos de colegios privados.

Asimismo, siempre en torno al Piñero, la investigación completó que “la mayor parte de las escuelas de la zona se encuentra en áreas de difícil acceso (como) barrios precarios, villas de emergencia y con altos niveles de inseguridad. De este modo, algunos de los equipos profesionales dejaron de trasladarse a las escuelas, provocando inconvenientes en el acceso de los alumnos al control”.

Por otro lado, los hospitales Álvarez, Zubizarreta, Durand, Fernández y Penna no tienen equipos completos de profesionales, enfermeros ni móviles. 

La carencia de médicos se advierte, por ejemplo, en que en el Piñero, “los controles de oftalmología y nutrición son realizados por pediatras ya que no hay profesionales de estas especialidades asignados al Programa”. 
    
Frente a esto, el informe concluye que “la carencia de una estructura de personal propio y un presupuesto asignado al Programa, seguramente atentan contra el desarrollo de las acciones”.