La Auditoría General de Salta verificó la presentación de las declaraciones juradas de bienes patrimoniales efectuadas por los concejales entrantes y salientes en 2017, tras las elecciones realizadas en octubre de ese año. De los 342 concejales que ingresaron, 99 fueron los que no presentaron las declaraciones juradas y de los 342 salientes, fueron 196 los que no lo hicieron.

El equipo de control realizó las verificaciones en la Escribanía de Gobierno encargada de recibir tal documentación. El organismo depende de la Secretaría General de la Gobernación y está a cargo de un escribano público con rango de Escribano de Gobierno, que es nombrado y removido por el Ejecutivo provincial.

Están obligados a presentar las declaraciones juradas de sus bienes patrimoniales, de sus cónyuges y de sus hijos a cargo, quienes ocupen los cargos de gobernador y vicegobernador de la Provincia, ministros, magistrados judiciales, legisladores, fiscales, miembros del Tribunal de Cuentas y del Ministerio Público, secretario General de la Gobernación, secretario y subsecretario de Estado, intendentes y concejales, autoridades de reparticiones centralizadas, descentralizadas y sociedades del estado.

Para realizar el informe, la Auditoría consideró 15 municipios como muestra: Apolinario Saravia, El Quebrachal, General Pizarro, Joaquín V. González, Las Lajitas, Campo Santo, El Bordo, General Güemes, El Jardín, El Tala, La Candelaria, El Galpón, Rio Piedras, San José de Metán y Campo Quijano. 

Tareas centralizadas en poco personal

El equipo que realizó la auditoría indicó que al visitar la Escribanía encontraron a sólo dos empleadas administrativas en el área de Declaraciones Juradas: la responsable y una auxiliar. Ellas fueron las encargadas de la recepción de DDJJ, protocolización y registración en el sistema web, confección del Índice del Protocolo de DDJJ, carga de decretos en el sistema, notificación de invitaciones, intimaciones y reenvíos, carga en el sistema web de fechas de las notificaciones recibidas por el funcionario que vuelven a la Escribanía y archivo de las notificaciones.

“Se observó que se centraliza en estas dos agentes la carga de la base de datos de los sujetos obligados a presentar declaraciones juradas de bienes, tornando todo el sistema de registración y notificación muy dependiente de ellas. Resultaría conveniente que se capaciten a otras personas para que pudieran cubrirlas en sus funciones en caso de ser necesario”, indica el informe.

De los 15 municipios seleccionados, el documento de la auditoría detalla que el 83,13% de los concejales ingresantes presentó la DDJJ. Los que estaban obligados a presentar DDJJ patrimoniales eran 83, de los cuales cumplieron con su presentación 69 y 14 no lo hicieron.

En tanto, de los 83 concejales salientes, sólo el 48,19% hizo su presentación correspondiente. Fueron 40 los que cumplieron con el compromiso y 43 no lo hicieron. Por ejemplo, de los tres concejales ingresantes del Municipio Rio Piedras ninguno presentó la DDJJ, mientras que los tres concejales salientes del Municipio El Jardín tampoco lo hizo.

La nómina de concejales que no presentaron declaraciones juradas fue publicada por Escribanía de Gobierno en el Boletín Oficial del 21 de enero de 2019. Allí se detallaron nombres, apellidos, DNI y municipio al que pertenecían. Hasta esa fecha, de los 342 concejales que ingresaron en las comunas de todas las provincias, 99 fueron los que no presentaron las declaraciones juradas y de los 342 concejales que salieron, fueron 196 los que no las presentaron.

Falta de respuesta ante el incumplimiento

Ante la gran cantidad de concejales que no realizó las presentaciones en tiempo y forma, no se observó que desde la Escribanía se haya procedido a intimar a término a quienes no cumplieron con lo prescripto en la Ley 3.382. Según lo manifestado por el ente auditado, se envió una invitación a todos los concejales entrantes y salientes, recordándoles su obligación de presentar DDJJ y una intimación a los funcionarios -que una vez vencido el plazo que otorga la invitación-, adeudaban su DDJJ que informaron su domicilio particular. Consecuentemente, el equipo de auditoría comprobó que algunas de las invitaciones e intimaciones a concejales no se hicieron o no llegaron a destino, por carecer de sus domicilios.

Se verificó en seis de los 15 municipios seleccionados, con un total de 38 concejales ingresantes se cursaron invitaciones a 33, mientras que del total de 38 salientes, se cursaron invitaciones a 28. También se encontraron incumplimientos al completar los formularios, ya que hubo varios casilleros en blanco, que no fueron salvados o referenciados, por el funcionario obligado en el acta de protocolización.

La Auditoría concluyó que en general, salvo por las irregularidades detalladas, la Escribanía de Gobierno cumplió con las obligaciones que le fueron impuestas en relación al registro y archivo de las Declaraciones Juradas presentadas por parte de los concejales.