En Argentina, hasta 2019, existían 14.043.036 vehículos registrados, de los cuales 678.380 correspondían al transporte automotor de cargas. Este último número se incrementó en un 63% entre el 2016 y el 2019.

Si bien en principio este dato puede sonar irrelevante, lo cierto es que el transporte automotor de cargas tiene en la economía argentina una importancia decisiva. Con una participación relativa de más del 90% en las cargas totales que se transportan, ya sea para el mercado interno o para exportación, representa más del 2% del PBI argentino.

El transporte automotor de cargas representa más del 2% del PBI argentino.

Diversos estudios señalan que la participación del transporte automotor de cargas en la economía argentina se encuentra sub-registrada, indicando como causa que las cuentas nacionales solo incluyen dentro del sector transporte a las empresas dedicadas a la actividad para terceros, sin tener en cuenta la existencia del transporte realizado por las propias empresas productoras de bienes, las cuales utilizan camiones propios para realizar la distribución de sus productos o el aprovisionamiento de insumos.

Es importante resaltar esta falencia en el registro del parque automotor de carga ya que su correcta planificación es sumamente necesaria para satisfacer las crecientes demandas de las economías regionales y de los distintos sectores productivos. A tal efecto, es imprescindible la existencia de información confiable y suficiente que permita identificar problemáticas y posibles líneas de acción.

En línea con este enfoque, la Auditoría General de la Nación (AGN) revisó el período que va desde el 1 de junio de 2016 al 30 de marzo de 2019, retomando un informe anterior que había analizado los años 2007, 2008 y 2009.

Si bien hubo algunos avances, como la creación del Plan de Seguridad Vial y la definición de responsables para tareas de control, en líneas generales el diagnóstico sigue siendo poco favorable.

Una implementación a medias

Los organismos auditados fueron la Secretaría de Gestión de Transporte, la Subsecretaría de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y el Ministerio de Transporte (MTR).

Este último elaboró, en 2016, el mencionado Plan de Seguridad Vial, que tiene como objetivo disminuir la cantidad de siniestros viales ocurridos en todo el territorio nacional. Para esto se definieron cuatro ejes: gestión de la información, ya que es fundamental contar con estadísticas confiables sobre los distintos aspectos de la siniestralidad, haciendo foco en la causa de los accidentes; inversión en obras de infraestructura, mediante un “plan de infraestructura vial” que incluye un nuevo diseño de autopistas y rutas; educación para prevenir, a través de programas y campañas para cada uno de los públicos; y coordinación para la ejecución, para aunar el trabajo de los responsables de la seguridad vial en el país, el fortalecimiento de todos los controles y la promoción de proyectos de ley para garantizar la seguridad en el sector.

Si bien se destaca la creación del Plan de Seguridad Vial, se sostienen muchas de las falencias a nivel administrativo y de gestión de la auditoría anterior.

El informe de la AGN destaca la función que compete a la CNRT, que tuvo a su cargo durante el período auditado el control y fiscalización del Transporte Automotor de Cargas, tanto en lo que hace a las condiciones de seguridad de los vehículos como a la aptitud psicofísica y capacitación de los conductores.

Esto conforma un avance con respecto a la revisión anterior ya que, en el pasado, la multiplicidad de organismos competentes para llevar adelante la tarea desembocó en la ausencia de responsables.

De todas formas, si bien se destaca la creación de este plan, se sostienen muchas de las falencias a nivel administrativo y de gestión de la auditoría anterior.

Falencias en planeamiento y documentación

En el plano de la documentación, el informe expone la ausencia de un Plan Nacional de Transporte y de un Plan Modal, integrales, formalizados, en los que se detallen las políticas públicas previstas para el Transporte Automotor de Cargas.

Ninguno de los organismos auditados presentó información constatable ni medible respecto a las causas de los siniestros. La falta de datos confiables para la realización de un diagnóstico adecuado dificulta la planificación eficaz de las medidas concretas a adoptar.

Además, al igual que en el control anterior, se detectaron falencias en la regulación de competencias y en la coordinación estratégica de las funciones asignadas a los organismos y responsables en materia de Transporte Automotor de Cargas: no se encontraron correctamente delimitadas las competencias de la Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte (CENT), de la Comisión Nacional de Transporte y Seguridad Vial (CNTySV) y de la CNRT. Por ejemplo, en relación con el control de los Talleres de RTO (Revisión Técnica Obligatoria), se observaron criterios confusos para la realización de auditorías, la instrucción de sumarios, la elaboración de informes técnicos y la aplicación de sanciones.

La falta de datos confiables sobre las causas de los siniestros dificulta la planificación de las medidas concretas de prevención a adoptar.

Con respecto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), no contó en el periodo auditado con información precisa y suficiente sobre las causas de siniestralidad en el TAC (Transporte Automotor de Cargas), en cuya elaboración debía intervenir el Observatorio Permanente de Seguridad Vial. Esto impidió la elaboración de estadísticas al respecto y dificultó la adopción de medidas preventivas.

Si bien la ANSV tiene entre sus funciones la de realizar y fomentar la investigación de siniestros de tránsito, a partir del análisis de la información suministrada se visualizó que está conformada por datos acerca de la cantidad de siniestros ocurridos, cantidad de víctimas fatales, heridos graves y leves, sin que disponga de información precisa sobre las causas de los mismos. Esta información es clave para la correcta implementación de medidas de prevención.

Inconsistencias financieras

Por último, la auditoría revela diversas deficiencias en la administración financiera de la Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte (CENT), que incluyen la falta de cumplimiento de normas y convenios, debilidades en la gestión presupuestaria y en la rendición de cuentas, así como irregularidades en la distribución de fondos y en el manejo de garantías.

Estas situaciones dificultan la evaluación de la gestión de la CENT en términos de eficiencia y eficacia, y subrayan la necesidad de implementar medidas correctivas y mejorar los controles internos.