La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) realizó un informe sobre el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos de la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad (OTCEPCDAD). El periodo auditado fue 2019 y el organismo de control concluyó que, si bien se cumplieron la mayoría de las obligaciones, hubo debilidades en la planificación, dirección y organización.

Algunas de las funciones de la Oficina es investigar denuncias sobre irregularidades o acusaciones en las que intervenga personal de la policía porteña. Es la encargada de sustanciar sumarios administrativos y proponer al Ministro de Justicia y Seguridad las sanciones, diseñar estrategias para evitar la corrupción, recibir las declaraciones juradas de los integrantes de la fuerza y armar informes sobre el desempeño de la Policía de la Ciudad. 

Para cumplir con su rol, la Oficina de Transparencia cuenta con acceso irrestricto a la documentación, sistemas informáticos, de comunicación y de imagen, debiendo solicitarla a través del Ministerio de Justicia y Seguridad. La AGCBA consideró cada una de estas tareas y analizó su desarrollo durante todo 2019.

Sumarios administrativos

La Oficina puede realizar sumarios administrativos al personal, en caso de detectar irregularidades, como así también proponerle apercibimientos, suspensiones, cesantías o hasta la exoneración de algún miembro al Ministerio de Justicia si así lo considera. 

Durante 2019, el año analizado, la OTCEPCDAD remitió a la Auditoría un listado de 227 expedientes que elevó al Ministro con pre resolución de sanción. De esos expedientes, 78 tenían sanciones segregativas (separación de la fuerza), 92 suspensivas, en 4 la Oficina se declaró incompetente, 51 procedimientos finalizaron por eximición y 2 por clausura. Además, en el periodo auditado hubo 5 expedientes bajo reserva de identidad.

Por otro lado, la Oficina archivó 22 expedientes, por considerar que no eran necesarias sanciones disciplinarias. Y remitió 870 expedientes a la Policía de la Ciudad por considerar que no se trataba de faltas graves. Esto se debe a que la Ley 5.688 establece que la aplicación de sanciones administrativas por faltas graves tramita en sede de la Oficina de Transparencia y Control Externo, mientras que la facultad disciplinaria correspondiente a las faltas leves y moderadas es ejercida por los órganos competentes de la Policía de la Ciudad, conforme lo determine la reglamentación.

A su vez, envió el listado de 87 sumariados con causa penal. En estos casos se suspende la investigación, ya que las actuaciones en sede administrativa están supeditadas al proceso judicial. Respecto a los casos donde como consecuencia de la falta cometida existió perjuicio fiscal y se solicitó el recupero patrimonial respectivo, la Oficina envió un listado de 39 expedientes. La Oficina no informó expresamente si la medida fue comunicada a la Dirección General Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad como establece la normativa (Art. 192 del Dto. 53/17).

Por otra parte, la AGCBA indicó que hubo un incumplimiento en la realización de sumarios administrativos ante la falta de presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales por parte de los efectivos policiales. Consideraron que esto es una debilidad en el proceso de control de la transparencia y rendición de cuentas del personal policial. 

Presupuesto y personal

En la Oficina, durante 2019, trabajaban 20 hombres y 17 mujeres. La Auditoría detectó que el presupuesto del ejercicio 2019 del Ministerio de Justicia y Seguridad “no incluyó la totalidad de las partidas necesarias para el desarrollo de las tareas de la OTCEPCDAD”, y que “parte de los gastos del área fueron imputados a otros programas presupuestarios, lo que no facilitó el control de los recursos destinados al funcionamiento de la Oficina”.

En el informe, la AGCBA indicó que hallaron también “falta de estabilidad del personal lo que no contribuye con su proceso de formación y acumulación de experiencia”. Además, detallaron que no hubo correlación con la estabilidad del personal policial sobre el que interviene y que el espacio físico asignado a la Oficina fue insuficiente en relación a la cantidad de personal como inadecuado para la realización de alguna de las actividades propias del área.  

Sobre el informe que la Oficina de Transparencia debe realizar y difundir, la Auditoría no encontró una constancia de la publicidad ni un registro de haber dado a conocer a la ciudadanía el trabajo que tiene que incluir 10 investigaciones relevantes sobre faltas cometidas por el personal que se hayan concluido y tengan sanciones establecidas. 

Problemas de planificación, dirección y organización

En el informe, la AGCBA concluyó que la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad “cumplió razonablemente la mayoría de las funciones y obligaciones que tenía asignadas”, aunque con debilidades en cuestiones vinculadas a la planificación, dirección y organización. 

En lo que refiere a la planificación, no encontraron que estén formalizados “los aspectos financieros que sostienen el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones del área”. Por otra parte, advirtieron que la Oficina “no ejerce facultades disciplinarias, sino que son ejercidas por el Secretario de Seguridad de quien no depende ni orgánica ni funcionalmente”. Y en cuanto a la organización, la Oficina carece de los recursos edilicios adecuados y la cantidad de recursos humanos que la componen no tiene correlación con la carga de trabajo que tiene el área. 

Finalmente, en cuanto al sistema de control, encontraron dos limitaciones: “por un lado, la obligación de mantener la debida reserva de las temáticas que trata y, por el otro, la escasez de medios asignados para cumplimentar sus actividades”.