Detectan irregularidades en las contrataciones y compras para el Ministerio de Seguridad

A orillas del Riachuelo, el centro de capacitación de agentes dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación fue proyectado en galpones en desuso que pertenecían a Fabricaciones Militares. La nueva sede del Instituto Conjunto de Conducción Estratégica (ICCE) comenzó a construirse en 2019 en el partido de Lanús pero no se terminó. La obra formó parte del informe sobre el Programa Federal de Seguridad realizado por la Auditoría General de la Nación (AGN).

El periodo auditado por la AGN fue el 2021, el tercer ejercicio del desarrollo del programa, el primero analizado por la Auditoría. El Programa Federal de Seguridad fue suscripto en noviembre de 2017 entre el entonces gobierno nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Sobre la construcción del Instituto en Lanús, la Auditoría sentenció que “la obra no debió iniciarse sin tener plena disponibilidad del terreno y cumplimentación de los permisos municipales”. En el mismo informe, el organismo detalla que el acta de inicio de los trabajos se suscribió el 5 de diciembre de 2019 para que comiencen un mes después. Sin embargo, quedaban pendientes los permisos de la Municipalidad y la cesión del predio que en parte estaba ocupado.

La AGN encontró también errores en los certificados de obra y, si bien estaba estipulada la finalización de la construcción el 25 de diciembre de 2021, no se cumplió. En julio de ese año se notificó que las tareas estaban paralizadas de hecho. En abril de 2023 la obra fue rescindida por resolución. En el informe se indica que a las contratistas (Pecam S.A y Dinale S.A) se les abonó un total acumulado al 31 de diciembre de 2021 de $116.283.129,46 (U$D1.717.740,28) en concepto de anticipo, certificación de obra y redeterminaciones. Sin embargo, la Auditoría certificó que las partidas no se condicen con la inversión en el proyecto. 

En cuanto a la dirección e inspección técnica de la construcción, quedó en manos de la empresa Jaime Lande & Asociados por el monto de $11.897.889,31 (U$D 125.980,18). Como la obra estuvo paralizada desde agosto de 2021, y el traspaso del predio al Ministerio se realizó en octubre de 2021, la AGN consideró que el contrato con la firma debió finalizar en octubre de 2021 ya que su tarea era la supervisión de obra que no se estaba realizando. Sin embargo se detectó el pago de una cuota por $3.246.102 (USD 33.293) pese a que ya se habían frenado los trabajos.

Adquisición de bienes

Otro de los aspectos considerados por la AGN fue la compra de bienes como escáneres de Rayos X móviles vehiculares destinados a la inspección. El modelo adquirido fue una Scan Van Sprinter Serie MX8585 por U$S 185 mil. En este caso la empresa adjudicataria fue Nuctech Company LTD y en el informe se señaló que se solicitó un presupuesto muy lejano a la fecha de inicio de compra (se presentó en enero y se compró en septiembre de 2021). 

Además, la Auditoría visualizó el listado de invitaciones a 119 proveedores aunque el organismo no logró interpretar de dónde surgió dicha nómina. “En el documento se menciona que los proveedores participantes son dos y que solo hubo una única oferta confirmada (Nuctech) de las 119 invitaciones”, se indicó. También, encontraron irregularidades en el registro de fechas del documento y los criterios utilizados para fijar el valor presupuestado.

Por otra parte, en el informe se mencionó que tanto el acta de apertura como el dictamen jurídico hacen referencia a un cuadro comparativo el cual no se tuvo a la vista. 

Para el procedimiento de adquisición se optó por utilizar la plataforma COMPR.AR donde la publicación e invitación se hace a todos los proveedores registrados en Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). Solamente Nuctech presentó una oferta. Además, en lo que refiere a la evaluación de las propuestas, se señaló que en el pliego no se establece quién fue el responsable de nombrar a los técnicos que debieron realizar el informe de las ofertas recibidas. 

La misma empresa fue la adjudicataria para la compra de escáneres de Rayos X portátiles para inspección. El modelo fue BXM2000 y el presupuesto presentado fue por un valor de U$S 65 mil. Sin embargo, como ocurrió con la adquisición de la camioneta, se solicitó un presupuesto en una fecha muy lejana al inicio del proceso compra. La presentación data de enero de 2021 y la transacción se registró en septiembre a nombre de la Prefectura Naval Argentina.

El criterio utilizado, según el auditado, para la cotización de los bienes fue la pesificación del monto al valor del dólar establecido en el presupuesto nacional del año en ejercicio 2021 ($102). “Respuesta no procedente toda vez que la observación se refirió al respaldo documental de las cifras expuestas en la solicitud de contratación, la cual no constaba en el expediente”, se indicó.

Asimismo, se analizó la compra unificada de 206 equipos informáticos. En este caso la empresa adjudicataria fue Quick Supplies S.R.L. En este caso se observaron demoras en la recepción de los bienes, remitos recibidos sin firmar y que resultaba ilegible el total del monto del valor declarado. 

Servicios de consultoría

Para la Dirección e Inspección Técnica de Obra para la Construcción del ICCE se convocó a una selección de consultores que puedan aportar su saber. La firma adjudicataria para consultorias fue Jaime Lande & Asociados. 

En el informe, la AGN detalló: “La nota presentada como presupuesto para los servicios de profesionales por un total de $14.784.000 no posee membrete o sello alguno que identifique formalmente a los firmantes como arquitectos matriculados. No surge del expediente el detalle del valor de cada uno de los ítems de la contratación, ni a quienes representan los mencionados arquitectos”.

Además, encontró falta de documentación en el expediente y presentación extemporánea de documentación por parte de las firmas oferentes. “No se tuvieron a la vista ni la solicitud de propuestas ni la estimación del costo (a pesar de estar referidos en el expediente)”.

Con respecto a los pagos efectuados se detectó faltante de documentación y las justificaciones del abono por adelantado que se le realizó a la contratista Jaime Lande & Asociados por los periodos noviembre y diciembre 2021. Por otra parte se detalla que en los expedientes no se encontraron certificaciones provisorias o aprobaciones de los informes mensuales presentados por la firma consultora, "no pudiéndose constatar que los trabajos realizados hayan cumplimentado lo establecido en el contrato”, indicó el organismo de control.

Por otra parte fueron contratados consultores de manera personal sin compañías intermediarias. Tal es el caso de Walter Ormeño Vilcampuma. Del contrato de locación de obra realizado no se indica el criterio utlizado para fijar los montos de honorarios. Tampoco se visualizó que haya informes firmados por el consultor. Algo similar ocurrió con Claudina Orunesu. 

Ubaldo Juan Bordón y Verónica Fischetti firmaron contratos de locación de servicios, aunque no están claros cuáles fueron los criterios para aplicar esos honorarios y qué funciones efectuaron. “No se tuvo a la vista ningún informe que analice que los candidatos cumplen con los criterios de elegibilidad”, se indicó.

En el informe se señaló que los consultores fueron contratados por un año; no se pudo acceder a las constancias de las presentaciones requeridas para la autorización previa a la celebración de los contratos; no se tuvieron a la vista la suscripción por parte de los consultores de las declaraciones juradas, tampoco el Informe de dotación ni de incompatibilidad y retiro voluntario emitidos por la Dirección Nacional de Gestión de Información y Política Salarial.

Estados financieros

En cuanto a los estados financieros, la Auditoría advirtió sobre las diferencias en los montos en conceptos de inversiones expuestas en los estados fiscales en relación a los registros. Por otra parte, en cuanto al estado de anticipos, desembolsos y de cuenta especial, el proyecto no presentó el estado de cuenta especial, de anticipos, ni de desembolsos en el cual deben exponerse las categorías de rendición de los gastos erogados.

Por otra parte, según la AGN, el plan de cuentas utilizado no expone la naturaleza de las inversiones realizadas. El proyecto estuvo dividido en cuatro componentes: consultoría, equipamiento, obra, y gastos administrativos/salarios, pero no surge a simple vista lo erogado en conceptos básicos. Para obtener esa información hay que filtrar por categoría de insumo los reportes de pagos.

Según la Auditoría, hubo una subejecución presupuestaria del programa y existen diferencias de los montos presupuestados por componente que figuran en el Estado de las Inversiones Acumuladas al 31 de diciembre de 2021.

Sobre los recursos humanos, se solicitó la planta de personal aprobada por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. El auditado respondió que hasta el 2021 era integrada exclusivamente con personal perteneciente al Ministerio de Seguridad y que la aprobación de la planta de personal para la Unidad Ejecutora no fue requerida hasta el año 2022, que se dio cumplimiento con lo solicitado y fue aprobado por Resolución del Secretario de Hacienda. 

En este sentido, el auditor recomendó “cumplimentar con la normativa local respecto a las contrataciones de servicios técnicos profesionales de locación de obras o locación de servicios mediante aprobación por parte del organismo competente de la planta de personal por cada ejercicio fiscal”.