El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) alcanzó, en noviembre de 2023, el mayor valor en su historia con 76.000 millones de dólares, de acuerdo con la información oficial

¿Qué es el FGS? 

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado en 2007, a partir del decreto 897, con el objetivo de resguardar y garantizar el pago de las jubilaciones y pensiones frente a eventuales crisis económicas y sociales. Para ello, se autorizó al fondo a realizar inversiones sobre los excedentes del régimen previsional y otros activos, con el objetivo de incrementar su patrimonio.

El resto del Fondo está integrado por inversiones en proyectos productivos o de infraestructura, plazos fijos, obligaciones negociables, acciones en sociedades anónimas, fideicomisos financieros estructurados, y una reducida participación en otros créditos de mayor liquidez y disponibilidad.

Fue creado en 2007 con el fin, estricto, de resguardar y garantizar el pago de las jubilaciones y pensiones que, en ese entonces, comenzaba el paso del Sistema de Capitalización al renacimiento del Sistema de Reparto en manos del Estado. Era una forma de promocionar el pase, optativo, del primero al segundo. Luego, en 2008, se decreta la desaparición del régimen privado de capitalización y el pase, por tanto, al sistema estatal de reparto dejó de ser optativo para ser obligatorio o, mejor dicho, compulsivo.

En su creación, se entienden cuatro objetivos:

  1. Atenuar el impacto en el régimen previsional público de las recesiones,
  2. Garantizar el carácter previsional de los fondos a través adecuadas inversiones,
  3. Preservar el valor del Fondo,
  4. Atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público
El FGS fue creado en 2007 con el fin, estricto, de resguardar y garantizar el pago de las jubilaciones y pensiones

Evaluación de la AGN

La Auditoría General de la Nación (AGN) elaboró un informe en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) referido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

El trabajo tuvo como objetivo verificar la existencia de un plan de inversiones con el dinero del Fondo; evaluar si el proceso de gestión de inversión se nutre de información confiable en la toma de decisiones; así como también examinar la aplicación de controles en los procesos operativos. 

El informe de la AGN, aprobado en 2023, reveló que “existen serias deficiencias en el control interno” en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que administra la ANSES. A esto se suma la “falta de formalización” de los procesos administrativos; los “incumplimientos en los análisis de riesgo de liquidez”; “fallas en los límites para plazos fijos permitidos” en 2018, ejercicio auditado. 

Por otro lado, la Auditoría confirmó el “conflicto de intereses”, y la “ausencia de acciones que permitan cumplir con los ODS”. 

Hallazgos

En detalle, el organismo de control expuso la falta de formalización de los procesos y actos administrativos referidos a la inversión en el FGS en el ejercicio 2018. A su vez, no se encontraron autoridades designadas en las “áreas críticas”. Se analizó el flujo de fondos proyectado y resultó “insuficiente”. 

Del mismo modo, en el periodo auditado, “no se cumplió con un análisis de riesgo de liquidez del FGS”.

La auditoría observó, además, la “falta de exposición de los diferentes criterios de valuación” utilizados por el FGS en el proceso de registración contable. Asimismo, mencionó el “incumplimiento” de los límites para plazos fijos permitidos. Vulnerando así los “Principios de Seguridad y Rentabilidad de las Inversiones con Activos del FGS”.

Por otro lado, el análisis confirmó el “conflicto de Intereses” del director general de inversiones. Se vulneró el art. 13 de la ley 25.188 que sostiene la incompatibilidad de dirigir, administrar, representar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa.

La AGN no encontró registros de una “previsión para autoseguro” o “fondo de reserva”, incumpliendo con la adecuación del sistema de autofinanciamiento de la Ley 20.091.

Al analizar los sistemas de información contable, el organismo de control nacional observó que el plan de cuentas es “insuficiente”. Además, este conjunto de datos y elementos utilizados por FGS “no están integrados a los sistemas de ANSES”.

El control interno, según la AGN, presentó deficiencias. La matriz de riesgo resultó “insuficiente”. Asimismo, se “vulneró” el Manual de Control Interno Gubernamental, elaborado por SIGEN, basado en el Informe COSO.

Durante el periodo analizado, la AGN comprobó la “ausencia de acciones” relacionadas al cumplimiento de los ODS en pos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel Nacional. 

Denuncias

En otro tramo del informe, la Auditoría analizó las denuncias en las cuales el FGS se haya encontrado involucrado durante 2018. “No existen demandas formuladas contra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en el período señalado”, fue la respuesta del organismo observado. No obstante, se efectuó un seguimiento de las causas abiertas con anterioridad. 

Causa Blaquier

Una de las causas analizadas es la Nº 1236/2017 caratulada “Blaquier, Luis María s/ Abuso de autoridad y violación deberes de funcionario público”. El fundamento está basado en la “existencia de posibles incompatibilidades que habrían tenido lugar en la compra de las acciones de las empresas Arcor SAIC y Cablevisión S.A. por parte de Luis María Blaquier como funcionario público actuante en el FGS”. 

El 8 de junio de 2016, en su carácter de subdirector ejecutivo de operaciones y secretario ejecutivo del comité del FGS suscribió obligaciones negociables de las compañías mencionadas. Para ello utilizó fondos del FGS por 22 millones de dólares.

En función de haber ocupado anteriormente cargos directivos en Arcor SAIC y Cablevisión S.A., la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES) inició una investigación preliminar “a fin de determinar si se había promovido la adquisición de ON en miras de un beneficio personal o de un tercero”. 

La Auditoría informó que el Juzgado N° 7 Secretaria 13 dictó el procesamiento del funcionario. Sin embargo, actualmente las actuaciones fueron giradas a la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones Federal en lo Criminal y Correccional por lo que la AGN no pudo acceder al expediente. 

Causa Macri

La causa N° 3262/17 “Macri, Mauricio y Otros s/ negociaciones incompatibles, defraudación contra la Administración Nacional, violación de los deberes de funcionario público y cohecho”, ocupa otro lugar en el informe de la AGN. 

La denuncia fue efectuada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas sobre operaciones relacionadas con las empresas Petrobras S.A. y/o Pampa Energía S.A. hasta enero de 2016 y de otras empresas de energía eléctrica y/o de gas. 

En la actualidad, la causa se encuentra en “etapa de instrucción”, con medidas de prueba testimoniales a los entes públicos como Ente Nacional Regulador de la Electricidad sin haber todavía llamado a indagatoria. La AGN, concluyó que, para mayor detalle de información, “es imprescindible la presentación de nota con pedido de vista”. 

Por otro lado, la causa N° 17082/16 caratulada “Macri, Mauricio y Otros s/ defraudación contra la Administración Pública y otros” se inició a raíz de una denuncia formulada por un particular a través de una ONG por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública.

La denuncia refiere a la suscripción del “Memorándum de entendimiento” entre un funcionario de la ANSES y el representante del fondo de inversión Qatar Investment Authority (QIA) cuyo contenido es contrario a derecho ya que ahí plantea la posibilidad de acudir a una estructura “Offshore” para canalizar inversiones nombrando a un tercer administrador que con manejo discrecional sería perjudicial para el erario público. 

La Auditoría concluyó en que la denuncia fue desmentida en virtud de no haber avanzado por existir una “acción de amparo al respecto”.

Causa Caputo

El organismo de control, en otro tramo del documento, mencionó la causa N° 5108/2017 “Caputo Luis y Otros s/ Negociaciones incompatibles”. Este litigio se encuentra en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 Secretaría N° 22. 

El proceso judicial se inició a raíz de la denuncia efectuada por un diputado nacional. Este puso en conocimiento la posible comisión de dos hechos que constituirán conductas penalmente relevantes por parte de los miembros del Comité Ejecutivo del FGS. 

El primer hecho se relaciona con la decisión adoptada el 3 de octubre de 2016 (acta nº137). Allí se aprobó la suscripción de un bono de deuda en dólares a una tasa fija de 7,125% con vencimiento en 2016 por 150 millones de dólares emitidos por la provincia de Córdoba garantizados con recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal del impuesto. 

En esta misma acta se aprobó la monetización de los títulos de deuda pública garantizados Clase Única EPEC emitidos por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba que integraban la cartera del FGS desde el 2011, a partir de la suscripción de otro bono también emitido por el Gobierno de Córdoba y que pagaba una tasa anual de U$S del 12,5%. 

El segundo hecho que integra el objeto procesal está vinculado con la decisión perjudicial de disponer la venta de activos que estaban en la cartera del FGS a un precio inferior al que correspondía, según el marco normativo aplicable. “En mayo de 2016 UNIPAR CARBOCLORO DE BRASIL habría comprado el 70% de la empresa belga SOLVAY (su controladora) pagando 0,8741 por acción correspondiente a un monto total de U$S 202 millones”, según los hallazgos de la AGN. 

“El juez de la causa dictó el sobreseimiento a todos los imputados con fecha 11/03/2019”, así informó la Auditoría en el documento. 

Causa Ben

La denuncia de la causa N° 1614/2016 fue dirigida contra Carlos Ben en su carácter de presidente de Aguas y Saneamiento Argentinos S.A. (AYSA). Se investiga un contrato de mutuo entre el FGS y AYSA por la suma de $890 millones entre otros hechos. 

La AGN examinó la existencia de dos procesamientos. Uno el 8/05/2018 y otro el 27/02/2019, en el primero la medida alcanzaría a 26 imputados y en el segundo a 14 imputados.