Esta semana el ministro de Economía, Sergio Massa, le pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la Universidad de Buenos Aires que emitan una opinión técnica sobre el canje de bonos en dólares de entidades públicas que se dispuso mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia la semana pasada.

En un documento firmado por Massa y dirigido al presidente del organismo de control, Jesús Rodríguez, se le pide a la AGN que “emita opinión de carácter técnico debidamente fundada” sobre lo dispuesto en el DNU. Puntualmente lo que se le solicita es que considere si la operación de venta de los títulos en dólares y posterior suscripción del Bono Dual 2036 en pesos “puede suponer una pérdida en el valor de cartera de los organismos alcanzados por el Decreto". También se le pide a la Auditoría que establezca los rangos de revalorización patrimonial tomando como referencia los precios de cierre del mercado secundario del día del pedido.

Uno de los más afectados por la medida es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y el posible impacto de la medida sobre ese dinero despertó numerosas críticas y hasta un amparo que solicita su suspensión por “el riesgo de caer en un desfinanciamiento”. 

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad

El FGS fue diseñado para preservar y buscar la rentabilidad de sus recursos a fin de pagar los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino y hacerle frente a los compromisos asumidos en la Ley de Reparación Histórica. Está compuesto por activos financieros tales como títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, plazos fijos y fondos comunes de inversión, solo por mencionar algunos. 

Administrado por ANSES, el fondo alcanzó a fin de junio de 2022 un valor de $6,11 billones, presentando un crecimiento de 6,3% durante el segundo trimestre del año y de 45,2% con respecto a junio de 2021. En términos reales, el FGS cayó 9,4% en el segundo trimestre, y 11,4% interanual.

La AGN tiene contemplado en su Programa de Acción Anual (PAA) de este año tres auditorías de gestión vinculadas al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Una de ellas evalúa su gestión durante el 2019. También está en proceso una auditoría que revisa la gestión del FGS durante 2020 y 2021 y está previsto que este año se comience a controlar el cumplimiento de sus funciones durante el período 2022.

No obstante, el último informe aprobado de la AGN sobre la gestión del Fondo de Garantía y Sustentabilidad data del 2019 y evalúa el accionar del ente previsional entre junio de 2014 y diciembre de 2016.  

En ese trabajo la Auditoría señala que pese a haber encontrado falencias que van desde inversiones sin estrategias ni control hasta el “riesgo potencial” de dejar “decisiones libradas a la subjetividad” de algún funcionario, la ANSES “cumple razonablemente con los criterios establecidos” en el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad

Según ese trabajo, para el período analizado se advierte la “ausencia de una política de inversiones que defina una estrategia clara de administración e inversión de los activos” del Fondo. 

Este año la AGN trabajará en tres auditorías vinculadas al Fondo de Garantía de Sustentabilidad
Este año la AGN trabajará en tres auditorías vinculadas al Fondo de Garantía de Sustentabilidad

En ese mismo informe, la Auditoría señala que la ANSES vendió acciones de la empresa Petrobras, que había adquirido con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, argumentando una “necesidad de liquidez” para actualizar los haberes pero que “no hubo un cálculo de flujo (de dinero) que justifique” la decisión.

El caso fue tratado en la justicia que consideró que no hubo delito en el desprendimiento de esos papeles. Según el juez a cargo de la causa, Claudio Bonadío, “no se acreditó que hubiesen mal vendido las acciones, ni que dicha venta haya perjudicado las arcas del Estado”. De hecho, en su fallo, añadió que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad “obtuvo buena rentabilidad” por la operación y que el precio que se pagó “fue el mejor de ese día”.

Ahora sólo resta conocer la opinión técnica de la Auditoría saber si considera que el canje de bonos en dólares a otros en pesos es o no perjudicial para los fondos jubilatorios.