La democracia es un sistema que promueve la igualdad de trato y oportunidades para la ciudadanía, garantiza la participación activa de la sociedad en la toma de decisiones y fomenta el respeto por las libertades individuales. Para que ello se cumpla, es necesario que pueda conocer y comprender las decisiones y actos de gobierno a través la transparencia activa, entendida como el compromiso y la acción del gobierno para garantizar el acceso a la información pública, promover la rendición de cuentas, y fortalecer la confianza de los ciudadanos en el Gobierno y accionar del Estado.

La transparencia activa es necesaria para una democracia sana y con un alto compromiso ciudadano. El acceso libre a la información pública permite que los ciudadanos ejerzan su derecho a estar informados, opinar y participar en el proceso democrático, siendo protagonistas en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas destinada a satisfacer las necesidades de la sociedad. A mayor transparencia de los actos de gobierno y actuación de los poderes del Estado, aumenta la accountability y se reduce la corrupción, precisamente porque permite un mayor control social sobre la conducta de los funcionarios públicos y un seguimiento de la gestión de gobierno.

En este sentido, la transparencia activa es necesaria para combatir la opacidad y el secretismo en las instituciones públicas, la famosa “caja negra del Estado” entendida como la alegoría que representa la imposibilidad del ciudadano común de entender y conocer el complejo funcionamiento del Estado y su brazo ejecutor: la administración pública. El “conocimiento es poder” (knowledge is power itself, el conocimiento es poder en sí mismo), sostenía el reconocido filósofo y político inglés Francis Bacon (1561-1622), y efectivamente es así, a mayor conocimiento e información de las cuestiones públicas en manos de los ciudadanos, más poder tendremos sobre el espacio público.

Un gobierno que desarrolla la transparencia activa como una política constante y coherente de comunicación con la sociedad está enviando un mensaje claro a la ciudadanía: un compromiso fuerte y claro por el que expresa “estamos dispuestos a ser evaluados y queremos que se juzgue nuestros actos y se nos evalué por nuestros resultados”, una forma de gestionar el Estado, poco frecuente en Argentina y que sin duda es una materia pendiente en la Democracia de los últimos 40 años.

Por otro lado, la transparencia activa es también una forma de fomentar la confianza en las instituciones públicas, no es secreto que la confianza ciudadana en nuestras deficientes democracias es cada vez menor. Cuando los ciudadanos tienen acceso a información clara y accesible acerca de cómo se manejan sus impuestos fortalece su confianza en sus gobiernos y las instituciones que dan carnadura a los poderes del Estado.

Así esta nueva forma de diálogo entre el Estado y la Sociedad, basada firmemente en principios de transparencia y acceso a la información pública, constituye una estrategia central y necesaria para el diseño, implementación, control y evaluación de las políticas públicas y exige procesos de modernización administrativa, ubicando a la ciudadanía en el centro de la atención y prioridad de los actos de gobierno y decisiones estatales.

En resumen, la relación entre la democracia, la transparencia activa y el acceso a la información pública son elementos que se complementan mutuamente. Argentina tiene desde el año 2016 la Ley Nº 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. Es una herramienta legislativa que, con su implementación plena e irrestricta, puede aportar amplios beneficios a la República porque una democracia sólida depende de la transparencia y la accountability para desarrollarse y prosperar.