La AGN observó los gastos en consultoría de un proyecto para la educación rural
El programa se ejecutó casi en su totalidad y los estados financieros fueron aprobados favorablemente. Sin embargo, el principal hallazgo indicó que se distribuyeron U$S11 millones entre 247 consultores.
El Colegio de Auditores Generales de la Nación llevó a cabo su primera sesión de marzo durante la que se aprobaron distintos tipos de informes. Uno de ellos respecto de los Estados Financieros correspondientes al “Segundo Proyecto de Mejora para la Educación Rural - PROMER II”, en el ámbito del Ministerio de Educación y correspondiente al ejercicio irregular comprendido entre enero de 2021 y junio de 2022.
El informe se aprobó de forma unánime, con opinión favorable de los Estados Financieros y con la aclaración de que se ejecutó casi el total de los fondos. Sin embargo, el hallazgo principal del trabajo de los auditores tuvo que ver con los gastos en consultoría, que ascendieron, en total, a U$S11 millones y que se repartieron entre 247 personas jurídicas.
“Este es un tema que me preocupa. Nadie los conoce”, sostuvo el auditor general, Javier Fernández, que presentó el informe, en relación a aquellos beneficiados en concepto de consultores.
Además, la Auditoría observó “la carencia de unidad ejecutora y cuenta exclusiva en la Ciudad de Buenos Aires”, lo que constituye “la inobservancia del convenio del préstamo, lo que afecta al seguimiento de los fondos y a los plazos de pago a contratistas.
Otros informes aprobados
Durante la jornada también se dio el visto bueno por unanimidad a un Informe de Auditoría referido al Sistema Integrado de Información Financiera (eSIDIF) - Seguridad y calidad de la información almacenada e informada, en el ámbito del Ministerio de Economía. El período auditado fue de agosto de 2017 a agosto de 2019.
El encargado de presentar el informe fue el auditor general, Miguel Ángel Pichetto, quien mencionó algunas de las recomendaciones de la AGN para el organismo auditado.
“Se recomienda formalizar una estructura orgánica y trabajar en el plan de continuidad y procedimientos completos”, comenzó Pichetto y agregó que “se deben implementar los cambios necesarios para que el sistema pueda ser utilizado por todos los organismos del Estado y así minimizar los procesos adicionales de transferencia de información”.